El conflicto comienza a finales de la década del 60, cuando se produce el primer intento de conformación de Villa Pehuenia en la costa del lago Aluminé. 30 años después, a comienzos de la década de los 90, su situación cambió drásticamente cuando comenzaron a llegar winka adinerados, se adueñaron de la tierra y empezaron a construir un emplazamiento turístico. El neoliberalismo avanzaba implacable de la mano de Carlos Menem, y en la Patagonia comenzaba el boom inmobiliario.
Fueron muchos años de resistencia y defensa de su territorio, pero al fallecer el longko Olegario Puel, Vicente Puel ocupa su lugar, y en el año 1992 firma un acuerdo con el gobierno provincial donde entrega el disputado lote 40, junto al 36 y 37. La entrega de este territorio ancestral se realizó sin consultar con ningún miembro de la comunidad, explica María. “Ahí mi tío Plácido Puel, hoy nuestra comunidad lleva su nombre, comenzó a investigar y descubrió que el longko de la Comunidad Lof Puel, Vicente Puel, había firmado sin consultar a nadie. Ahí comenzó la lucha por la tierra, empezaron los papeleos con los pobladores”, recuerda María.
En 1995 falleció Plácido Puel, y María junto a su madre, Ema Puel, y su hermano, Raúl Puel, se asentaron en una chacra a orillas del lago, para dedicarse a la cría de vacas y al cultivo. Sin embargo la maquinaria arrasaba con todo, y se quedaron en soledad. “Allí comenzó la lucha por la tierra”, afirma María.
Los winka llegaron con las máquinas arrasando con la tierra, la gente y su cosmovisión. Con criterios de “sustentabilidad” que no reconocen ni respetan los derechos territoriales de los pueblos indígenas, se abocaron a edificar sobre territorio ancestral y lugares sagrados. Hoteles, campings y cabañas para el disfrute exclusivo de familias acaudaladas fueron tomando forma. Numerosos emprendimientos como el Autocamping Don Cirilo -de Raúl y Arturo De Gregorio-, La Balconada, La Serena, La Escondida, Camping Lagrimita, Brisa del Sur, entre otros, hacen negocios sobre el territorio ancestral sin el consentimiento del Pueblo Mapuce.
En 1996 se funda Villa Pehuenia, que incluye algunos de los lotes que ocupan ancestralmente la comunidad Puel (lotes 37, 38 y 39). Y una vez más se deja en evidencia la vigencia de prácticas coloniales de expulsión, hostigamiento y atropello de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado.
En 1998 gracias a un periodista, Sandro Calderón, comienzan a indagar sobre el curso de las causas, a preguntar por qué estaban encajonadas y por qué no había respuestas. Después de muchas averiguaciones sale a la luz que gran parte de los funcionarios públicos relacionados con el caso (jueces, secretarios, policías) habían adquirido propiedades en la zona de conflicto. Al hacer pública esta situación, pudieron denunciar al juez que estaba a cargo de la causa. Esto les permitió mover la causa y finalmente, en el año 2000 la justicia resuelve en favor de María del Carmen y su familia, restituyéndoles aproximadamente el 30% del territorio que habían perdido.
En el 2000 los terrenos son reconocidos en un estatuto como “Comunidad Plácido Puel” con personería jurídica aún en trámite. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) lo reconoce, pero la provincia se resistió a hacerlo. Por otro lado, si bien la justicia prohibió edificar en la zona, continuaron avasallando con sus junglas de cemento. Carlos Alberto Garcés, abogado de Buenos Aires, empezó en 2006 a levantar un complejo. Las 5 familias que forman la comunidad intentaron impedir la continuidad de la construcción, pero la acción de la comunidad no duró más de una semana, y los desalojaron.
Así lograron detener este avance sobre su territorio, pero en los años 2009 y 2012 intentan desalojarlos nuevamente, violando todos los tratados y leyes vigentes que protegen a los pueblos indígenas, y los acuerdos que habían logrado entre el gobierno y la Confederación Mapuce.
Resistir en el lugar los embates de los privados y el atropello por parte del Estado; denunciar las irregularidades del proceso judicial; y la decisión de visibilizar el conflicto al hacer pública la situación, son estrategias transversales en el proceso de lucha por el acceso al territorio.
En noviembre de 2015, a partir de un relevamiento territorial, el gobierno reconoce a la comunidad como tal, con papeles. Este reconocimiento legal les permite a los pobladores realizar sus invernadas y veranadas para los animales. Sin embargo, hasta ahora nadie tiene el título de propiedad de la tierra, solo hay una certificación precaria, por lo que al no estar protegidos legalmente ante el atropello que supone el avance y la apropiación de la tierra por parte de foráneos, el poder del dinero hace que, en complicidad con el Estado, los adinerados se instalen sin reparo de la noche a la mañana en territorio ancestral.
A la comunidad Plácido Puel le queda una península, el lote 38 y 39 (4 hectáreas aproximadamente), de todo un lado de la costa del lago Aluminé que manejó históricamente como campos de invernada. Allí sostienen el camping, animales de cría y varias denuncias pendientes contra quienes han intentado avasallar el territorio.
El conflicto tiene varios frentes abiertos. Por un lado los privados que siguen edificando, y por otro, el Estado que sigue invisibilizando a las poblaciones, entrega tierras, facilita la apropiación y, en alianza con empresas, explota activamente la zona. La lucha también sigue por la conservación de sus territorios, el reconocimiento formal de tenencia de la tierra y justicia real para todas las comunidades mapuce.