De la demanda por territorio al Plan de Vida
El año 1999, tres años después de la promulgación de la Ley agraria nacional, el pueblo Leco presentó su demanda de titulación por 658.006 hectáreas ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria que es la instancia encargada de tramitar los procesos de titulación de tierras. La petición marca un hito en la histórica lucha por consolidar el territorio Leco pues, por primera vez buscan obtener la aceptación del Estado incorporándose a un proceso administrativo que les permita acceder a la propiedad de la tierra. Otro aspecto que resalta en esta etapa es que a diferencia de lo ocurrido durante la colonia o en la época del auge de la goma, ahora los que pretendían su territorio no eran terratenientes o gamonales; la pugna por la tierra era con el sector campesino.
El conflicto por la tierra entre Leco y el sector campesino surge como consecuencia de la penetración de empresas explotadoras de goma (1820-1930) que llegaron con trabajadores de origen aymara y quechua que con el tiempo buscaban asentarse en la zona. Según afirma Ovidio Durán, desde mediados del siglo pasado ocurrieron una serie de asentamientos de colonos quechuas y aymaras que fueron intensificándose entre los años 1980 y 1990. En algunos casos los asentados se complementaron con los Leco y compartieron el territorio y la cultura. En otros casos, los llegados formaron comunidades que reproducían la organización sindical que había cundido con mucha fuerza entre los campesinos luego de instaurarse la Reforma Agraria el año 1953, estos asentamientos marcaron diferencias con los Leco pese a que se asentaron en el territorio ancestral del pueblo indígena.
Con los años la situación fue tornándose conflictiva y tuvo su punto más álgido luego de que los Leco solicitaron la titulación de su espacio ancestral. Los campesinos, que a la fecha de la solicitud (1999) ya estaban aglutinados en una Federación Sindical, recibieron la noticia como un agravio a sus derechos a la propiedad de la tierra y se prepararon para frenar la aspiración territorial indígena.
Un año después de presentada la demanda, el INRA admite la solicitud de saneamiento por 554.000 hectáreas; pero el proceso fue inmediatamente paralizado debido a la furibunda reacción de los campesinos quienes amenazaron iniciar el bloqueo del camino que conecta Apolo con La Paz. El trámite recién pudo retomarse el año 2001 luego de que el Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO) aprobó el Certificado de identidad étnica del pueblo Leco que daba viabilidad al proceso de titulación. El año 2002 la demanda fue incluida dentro del presupuesto otorgado por la agencia de cooperación DANIDA al INRA lo que permitió que se inicien las pericias de campo que permitirían georeferenciar el espacio territorial de la solicitud (Fundación TIERRA, 2010).
Se dividió el área en tres polígonos que debían ser intervenidos en orden de prelación. El trabajo de campo del polígono 1 fue relativamente rápido (4 meses). Concluido el trabajo de campo, el año 2005 se hizo el trabajo de gabinete y se emitió la Resolución final de saneamiento que proyectaba la titulación del polígono 1. La reacción de los campesinos fue instantánea impugnando el proceso ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN) mediante una demanda la anulación de la mencionada Resoluciones. El TAN determinó improbada la demanda, dando la razón a los indígenas Leco (Ibid).
En noviembre de 2006 el INRA emitió el título a favor de la TCO-CIPLA por 238.162 hectáreas quedando pendiente el saneamiento de los polígonos 2 y 3. Este hecho fue el detonador de la fase más violenta del conflicto, que catalizó todas las tensiones y desacuerdos que se iban acumulando entre las organizaciones durante años (Fontana , 2010).
Conocida la emisión del título de propiedad a favor del pueblo Leco, el 2007 los campesinos empezaron a movilizarse. Los hechos son detalladamente apuntados por Lorenza Fontana (2010), quien destaca que la movilización empezó con marchas, bloqueos de caminos, huelgas de hambre de algunos secretarios, la toma de algunas oficinas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y tuvo como medida de presión extrema la toma de un área protegida del Parque Madidi. Los ocupantes amenazaban con iniciar un chaqueo en el área protegida si es que el gobierno no enviaba una comisión para negociar la anulación de la titulación del Polígono 1 de la TCO-CIPLA.
El argumento de los campesinos era que la demanda del CIPLA representa más de 50% del territorio de la primera sección del municipio, por lo que solo quedaría 25% para los campesinos, cuando agrupaban a 68 comunidades y los indígenas solo son 12 (Fontana , 2010, pág. 8). Asimismo, los campesinos planteaban que en el trámite de titulación se habían cometido una serie de irregularidades que incluían falsificación de documentos, inobservancia de la ley y, lo más grave, ausencia de ocupación física de la tierra demandada (Fundación TIERRA, 2010, pág. 126). Distintas autoridades del Estado (ministros, viceministros, directores entre otras) acudieron al lugar sin lograr apaciguar el conflicto. La postura de esas autoridades fue que el título de propiedad había sido legalmente emitido y únicamente podía ser anulado mediante una resolución expresa del TAN. Con esos argumentos, el conflicto se trasladó a los estrados judiciales.
El Plan de vida fue construido en el marco de una planificación estratégica de largo aliento con el apoyo de organismos internacionales (WCS). La idea fue crear un documento que les permita plantearse objetivos estratégicos de desarrollo pero en concordancia con el medio ambiente. Este plan fue elaborado en la cúspide del conflicto con el sector campesino (2007). La aplicación se inició el año 2008, a la fecha el documento es considerado clave para mejorar las expectativas de vida de pueblo Leco.
El 10 de abril de 2008, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Franz Tamayo en la ciudad de Sucre planteó una acción de nulidad absoluta del Título Ejecutorial N° TCO-NAL 00130 expedido a favor de la TCO Leco de Apolo (CIPLA). Admitida la demanda en el TAN el proceso jurídico dio lugar a una serie de visitas de campo y solicitudes de informes para verificar la legalidad del trámite de titulación. Luego de dos años de incertidumbre, el 12 de enero de 2010 el TAN declaró improbada la demanda de nulidad y declarando la validez de título de propiedad agraria del pueblo Leco. Esa resolución fue negada por el sector campesino pero al no existir otra alternativa de alguna manera fue aceptada poniendo fin a un penoso conflicto entre iguales: indígenas y campesinos (Fundación TIERRA, 2010).
Luego de dos años de incertidumbre, el 12 de enero de 2010 el TAN declaró improbada la demanda de nulidad y declarando la validez de título de propiedad agraria del pueblo Leco. Esa resolución fue negada por el sector campesino pero al no existir otra alternativa de alguna manera fue aceptada poniendo fin a un penoso conflicto entre iguales: indígenas y campesinos (Fundación TIERRA, 2010).
Según afirma Ovidio Duran, a la fecha el conflicto entre estos dos sectores ha bajado en intensidad, los pasos que se han dado en procura de lograr consensos que permitan concluir con el trámite de titulación de los dos polígonos que aún restan son importantes y piensan que este año se podrá retomar el proceso de saneamiento. Según el dirigente, lo rescatable de este episodio, más allá de la consolidación de su territorio, es que la lucha les ha permitido recuperar su cultura y su visión sobre el territorio lo que les da fuerzas para poner en marcha una serie de iniciativas productivas que les permiten mejorar su calidad de vida en concordancia con el medioambiente.
El desafío es consolidar la estrategia de desarrollo diseñado en su Plan de Vida y para ello tienen el apoyo no solo de organismos internacionales de cooperación, sino también del Estado. Estas iniciativas productivas ya están en marcha, fueron construidas en el marco de una planificación estratégica de largo aliento denominada Plan de vida. Este plan fue elaborado en la cúspide del conflicto con el sector campesino (2007) y les ha brindado una inmejorable expectativa de vida. El desafío es consolidar esta estrategia de desarrollo y para ello se tiene el apoyo no solo de organismos internacionales de cooperación sino además de Estado. Este último dato da cuenta de un proceso que marcha exitosamente y que está generando verdaderas oportunidades de desarrollo rural de base indígena.