41% de los 113 millones de hectáreas de uso agrícola de Colombia está en manos de 0,4% de los propietarios. Partiendo de esta base, debemos entender la reivindicación del territorio como un hecho común y necesario en estas tierras y, debido a la extravagancia de la desigualdad, no siempre llevado a cabo a través de vías legítimas. Las tierras que hoy forman parte del Resguardo de Corinto han sido reivindicadas por sus propietarios espirituales desde el momento en el que brutalmente se les echó de ellas.
1984: Guerra étnica
En la década de los setenta y con el fortalecimiento de la unidad que significó la fundación del CRIC, la población del Cauca recuperó varias zonas de su territorio ancestral y fue rearmándose en forma de nuevos cabildos. El año 1980 se refunda el Cabildo Indígena de Corinto como colectivo aunque no conseguirá nuevamente su personalidad jurídica hasta el año 1990. Hay que entender, sin embargo, que “el cabildo siempre ha existido, a veces más clandestino, a veces menos”, como cuenta el exgobernador Héctor Favio. De este modo, sin tener aun territorio reconocido como resguardo, se agudiza la acción directa para recuperar tierras. Las primeras tierras en ser liberadas, el año 1984, fueron las de la finca López Adentro, dividida entre el municipio de Caloto y el de Corinto.
Unas 200 familias nasa ocuparon 600 hectáreas de la hacienda y sufrieron varios desalojos antes de recuperar su territorio. En uno de los desalojos la policía asesinó a 6 indígenas y hirió a 31 más, 14 hombres y 17 mujeres. En otra ocasión, la policía y soldados paramilitares se presentaron en más de mil efectivos transportados por autobuses y camiones y quemaron todos los ranchos, destrozaron los cultivos y montaron una base militar en la zona indígena ocupada. El dueño de esa tierra, Salomón Vélez y el alcalde de Caloto, Edgar Fajardo, fueron acusados por el movimiento indígena de asesinos. Era una época convulsa, se vivía como tal, una guerra étnica: aquel mismo año asesinaron al Padre Álvaro y al concejal Ermides Ceballos Cuhimba, los dos de origen nasa y ya corría el rumor de que se estaba conformando una brigada armada llamada Quintín Lame.
La Masacre del Nilo
En ese contexto, el año 1991 fuerzas paramilitares del estado perpetuaron la masacre del Nilo, en la que asesinaron a 20 indígenas –siete de Corinto- en unas tierras que estaban siendo liberadas por los nasa del cabildo vecino Huellas Caloto, a pocos quilómetros de Corinto. Frente a ese genocidio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al gobierno colombiano una reparación social, económica, cultural y ambiental. El mayor Filomeno Musicué era capitán del cabildo en esa época; “antes de la masacre del Nilo habían asesinado al gobernador del cabildo de Corinto, Agustín Moscué, pero no bajamos la guardia, y en 1992 yo fui elegido gobernador”, recuerda. Después de tanta muerte la estrategia en Corinto cambió:
“La resistencia era así: se entraba y nos quedábamos allá, así lloviera o tronara. Se aguantaba hasta que se negociaba que los propietarios ofertaran la tierra y el INCORA - Instituto Colombiano de Reforma Agraria- la comprara, así se hacía la liberación de la Madre Tierra”. “Y es que desde la masacre del Nilo cambiamos de pensamiento, decidimos ir por la vía legal, porque nosotros necesitábamos los indígenas vivos, no muertos. Quizás nos equivocamos, pero decidimos que el gobierno nos pagara las tierras, porque es así, el rico nunca va a perder, de ninguna manera, pero encontramos un mecanismo para no perder nosotros más vidas”.
Creación del resguardo y Masacre de Gualanday
Por esa vía, y como reparación por la Masacre del Nilo, se consiguió que el INCORA, que para ese entonces ya se había convertido en Instituto Colombiano de Desarrollo (INCODER), comprara las tierras ya liberadas de la finca de López Adentro para que pudieran llegar a ser reconocidas oficialmente como reguardo indígena. A mediados de los noventa se liberó, también a través de la compra del INCODER, otra pequeña finca corinteña llamada, por su clima poco cálido, La Nevera. “Seis familias ocuparon esa finca, hasta que el INCODER no se la comprara al terrateniente Fortín Caro que también era propietario del Danubio, finca que hoy ya es del resguardo también”, narra el mayor Filomeno.
No es hasta 1996 y después de mucha presión al gobierno nacional, que se realiza finalmente la conversión de las fincas liberadas de López Adentro y La Nevera en Resguardo Indígena del Cabildo de Corinto según la Resolución número 034 expedida por el INCODER. El cabildo ya tenía resguardo. Con su persona jurídica, su patrimonio propio y su autonomía administrativa según el artículo 22 del decreto 2164 de 1995 y los artículos 3, 4 y 7 de la ley 89 de 1890, ya mencionada.
Desde entonces hasta hoy se ha ampliado significativamente su territorio por tres vías; por compra de tierras por parte del INCODER, adquisición con recursos propios del Cabildo o por concientización de familias indígenas con propiedad privada que la han transformado en propiedad comunitaria.
En 2001 se registró en la finca Gualanday de Corinto, una masacre por parte de paramilitares. La guardia indígena había detenido a cuatro delincuentes que asaltaban a indígenas desprevenidos en el camino hacia las veredas y al cabo de unos días catorce personas fueron asesinadas arbitrariamente como revancha mientras bajaban en la chiva colectiva. A pesar de las denuncias, y como en muchos casos de crímenes entre actores del conflicto armado, no se ha hecho justicia por ese hecho hasta el día de hoy.
Ampliación por consciencia
La Resolución 034 de 1996 reconoció 1023 hectáreas como Resguardo de Corinto. En la siguiente década siguió el proceso de concientización para que las familias otorgaran a sus fincas el carácter de tierras de propiedad colectiva entregando al cabildo sus escrituras públicas. En 2007, y después de mucha pelea burocrática, llega la Resolución 104 de Ampliación del Resguardo, que adiciona al Cabildo de Corinto 1.753 hectáreas. “Entraron a formar parte de la propiedad colectiva 38 títulos más, yo también lo entregué entonces, las 24 hectáreas de estas tierras”, cuenta el mayor Luis Alberto desde su casita, “ese año unos 700 millones de pesos llegaron al cabildo y con eso también se compraron más tierras. El presupuesto fue creciendo y la comunidad se animó”. La mayor parte de tierras se han sumado y se suman actualmente por la vía de la conciencia colectiva; familias nasa que se dan cuenta que el proceso en el que está inmerso el cabildo es real, inclusivo y tiene perspectivas de crecimiento. Pero sobre todo, son familias que se sienten identificadas con una cultura que a menudo habían soterrado en el fondo de su alma ancestral, discriminada históricamente. Por otro lado, como cuenta la ex-autoridad, el cabildo también ha conseguido comprar tierras con sus propios recursos.
La madre de la comunera Mercedes Canas, por ejemplo, entregó las escrituras de sus dos fincas en la ampliación de 2007. “Algunos de mis hermanos no estaban de acuerdo, les daba miedo, por lo que luego no se pueden vender ya las tierras, pero ella quería y yo la ayudé a entregar las escrituras al cabildo”, cuenta Mercedes. Más allá del valor ancestral y el significado conceptual que conlleva transformar las tierras propias de propiedad privada a propiedad colectiva, la mayoría de los que pasaron por ese proceso aseguran que un gran aventaje es que de esta manera no se paga el impuesto predial anual. “Mi mamá también lo hizo porque así, cuando ella se fuera, los hijos no podrían venderse las tierras, que eran ya de su abuela”.
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