Los desafíos de habitar en la interculturalidad
Antes de continuar con la historia de Tierra Hermosa, precisamos dar características acerca del contexto y los distintos actores que coexisten en el territorio de la Chiquitanía, para comprender la complejidad y a la vez riqueza que presentan estas experiencias.
En primer lugar, las comunidades indígenas chiquitanas han estado fuertemente marcadas por la presencia de las Misiones Jesuíticas (1692-1767) y las haciendas constituidas a partir de estas misiones religiosas a fines del Siglo XIX. Las haciendas se conformaron allí donde había población humana y en la región chiquitana esto fue alrededor de las misiones religiosas, donde se llegó a concentrar un 65% de la población indígena -35 pueblos étnicos, en 10 misiones- (Zolezzi, citado en Caballero, 2013:26). Allí los hacendados en trato con los curas se fueron llevando a los indígenas como mano de obra para sus producciones.
Es conocido que la Reforma Agraria de 1953 en Bolivia no transformó totalmente la situación inequitativa de distribución de la tierra ni las estructuras de las haciendas, mucho menos las consolidadas en el oriente del país[1]. Es así que la mayoría de los y las indígenas de tierras bajas tuvieron que impulsar nuevas reformas agrarias y en 1996 lograron transformar en parte sus condiciones a partir de las Marchas Indígenas iniciadas en 1990.
En el territorio del que queremos dar cuenta, los comunarios chiquitanos organizados desde el 2001 en la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV) venían exigiendo el reconocimiento de sus tierras, en lucha contra los hacendados, latifundistas, madereros y grandes ganaderos. Con el proceso de saneamiento que inicia en el año 2000, Alcides Vadillo (Director Regional de Fundación Tierra) nos explica cómo las comunidades chiquitanas solicitan “no solo la tierra que les había dejado la hacienda, sino cada tierra fiscal que habían encontrado alrededor con una proyección de ampliarse. El INRA, a través del Instituto Geográfico Militar (IGM), realiza las mediciones de estas tierras de 104 comunidades. Entre ellas, el caso de tres comunidades que piden una sola dotación colectiva: Campamento, Candelaria y Colorado. El 2002 se miden estas tierras y continúa el trámite de dotación de tierras”.
Familia Nogales Vallejos
Entre medio, en 1989, tras una sequía en Potosí, Cáritas Bolivia junto a otras instituciones religiosas, tramitan una migración de potosinos hacia este territorio. La propuesta de formar “Núcleos Humanos” se extendió a otras comunidades que habían tenido que abandonar sus lugares de origen por distintos motivos (sequías, inundaciones, heladas o relocalizaciones por la neoliberalalización de la minería). De esta manera, en estos años se asientan las primeras comunidades de migrantes en la zona (Comunidad de San Martín de Porres, San Francisco y Santa Clara de La Estrella, entre las pioneras).
Por último, cuando en el 2007 llegan los “collas con títulos” del MST a un territorio reclamado durante años por los chiquitanos, es imposible que no fueran vistos como “avasalladores” en lugar de aliados. Más aún con el oportunismo de los sectores apoderados en contribuir a transformar, a su favor, la diferencia cultural existente en una enemistad entre los actores campesino-indígenas y originarios.
Es decir, en 2007 se asientan las Trillizas del MST-B con una autorización de asentamiento inicial sobre 136.000 hectáreas, en una buena parte de tierras que tenían ya una solicitud de demanda por parte de las comunidades de la ACISIV (Campamento, Colorado y Candelaria); en la misma zona donde estaban también las comunidades pioneras de migrantes (San Martín, San Francisco, La Estrella). En resumen, existían tres proyectos superpuestos en un mismo territorio, entre el distrito 7 y el 8.
Como reflexiona Alcides, “la crítica no es a los campesinos. Es al Estado que no tiene coherencia en el manejo de la distribución de tierra. Hay un manejo que es en función de criterio político. Es más, si tú preguntas al INRA en ese momento cual es el reglamento o el trámite para dotación de tierras, no existe, pero se le han distribuido 6 millones de hectáreas tierra y nadie sabe con qué procedimiento. Es algo que siempre se hizo, se maneja la tierra como un botín político en función de quien detenta el poder. Lo lamentable es que se sigue ese camino”.
Gracias a la convicción y compromiso de los dirigentes de las organizaciones del MST-V y ACISIV, este conflicto se pudo apagar y, para el año 2010, se generaron entre los actores en cuestión, estrategias conjuntas de lucha y demanda colectiva al Estado.
[1] Como señala Kristina Eger (2014:66): “Si bien la Reforma Agraria, promulgada en 1953, reconoció la existencia de “grupos selváticos” no los reconoció como sujetos de derecho, sino como objetos de protección estatal, situación que impidió el reconocimiento de derecho propietario sobre las tierras y/o territorios que ocupaban y su titulación. El desconocimiento de estos pueblos, de sus territorios, sus características de ocupación y forma de vida llevó al Estado a considerar estas tierras como fiscales (res nullius) y su distribución a otros sectores considerados productivos”.