El caso
Urbanización y migración
El barrio San Pedro de la Tola, ubicado en la parroquia de Checa, cuenta aproximadamente con 107 familias. El sitio lleva el nombre de la antigua hacienda que existió hasta finales de la década de los años 60; y que fue parte del proceso de entrega de tierras impulsado por la reforma agraria.
San Pedro de la Tola se levanta sobre las faldas del Cerro Puntas. Se trata de tierras habitadas y trabajadas por pequeños campesinos e indígenas y su promedio de tenencia es menor a una hectárea por familia. Su forma de producción durante las décadas de los años 70 y 80 estuvo articulada a las prácticas ancestrales de rotación y diversificación de cultivos como el maíz, la cebada y el trigo que conformaban los cultivos que alimentaban a la población.
Tras la compra de la hacienda (1969), el problema de la tierra dejó de ser una demanda de las familias indígenas y campesinas del sector. Años más tarde, con la expansión urbana que enfrenta la ciudad de Quito entre la década de los 80 y 90, San Pedro de la Tola se declara barrio y las formas organizativas que se conformarán responderán a las demandas de urbanización; luz eléctrica, alcantarillado, agua potable, líneas telefónicas, caminos y transporte público.
En este período, el Comité Pro-mejoras y la Junta de Agua de Regantes el Pisque, serán las estructuras que organizarán las relaciones sociales y productivas de la zona. El uso de la tierra se transforma en función de la expansión urbana. Las pequeñas parcelas debían destinar espacios de su propiedad para la instalación de postes de luz eléctrica, alcantarillado e incluso, ceder entre 15 y 20 metros para el paso de vías.
La reducción de los espacios para el cultivo, la construcción de viviendas de cemento y la parcelación de las tierras vía herencia, reducen las capacidades de producción agropecuaria de la zona. La agricultura y la ganadería de los pequeños campesinos se vuelven menos rentables, pues se producía poco y los procesos de intercambio (trueque) dejaron de funcionar. Se comenzó a entrar en una época de crisis interna, debido a las crecientes necesidades que impulsa la vida urbana (educación formal, servicios de salud convencional, pago de servicios básicos, etc.) y la falta de recursos económicos para cubrirlas.
Con menos tierra destinada a la agricultura y sin una forma de intercambio que permita resolver sus necesidades más elementales, indígenas y campesinos de San Pedro de la Tola deciden “integrarse” al mercado de venta de granos. Los mercados de las parroquias aledañas, Yaruqui y el Quinche se convertirán en el espacio de extracción de valor de sus productos. La falta de precios justos para la cebada y el maíz, el proceso de compra y venta resultará un fracaso para estos productores.
Sin mayores alternativas, el “abandono” del campo se mostraba como escenario de posibilidades de subsistencia para sus familias. En el horizonte, de sus pequeñas propiedades, divisaban el exilio económico y cultural como la salida para la crisis. A principios de la década de los 90, dos fenómenos se manifiestan en el barrio. Por un lado, la alta migración masculina hacia la ciudad de Quito; y por el otro, la presencia de la agroindustria florícola.
La migración masculina fue masiva; el sector de la construcción será la actividad que acoja a aquellos hombres que en edad de trabajar, viajaban a Quito en busca de un empleo que les permitiera volver con algún ingreso para solventar los gastos familiares. En el caso de la presencia de las floricultoras, éstas mostrarán su rostro de ‘responsabilidad social’ al ofrecer trabajo a los habitantes del sector; sector que, debido a la alta migración masculina, contrata a mujeres cabezas de hogar y jóvenes.
