Las florícolas
Las políticas públicas neoliberales de los años 90 asentaron los cultivos destinados para la exportación. Fue el caso de las flores y su propagación sobre zonas de producción de alimentos típicamente indígenas y campesinas de la sierra centro norte del Ecuador. De esta manera, aparecen dos florícolas afiliadas a la Cámara de la Producción de la Ia zona, en el barrio de San Pedro de la Tola.
La pericia de la industria florícola en el sector se sostenía sobre tres elementos: primero, captar la mano de obra residente en el barrio; segundo, controlar las tierras más productivas; y tercero, realizar obras de infraestructura en los canales de riego de manera que el mayor caudal de agua pasase por sus fincas. Al inicio de la presencia de las florícolas, éstas se mostraban como oportunidad de empleo para las familias del sector; incluso se pensaba que podría detener la migración de los pobladores. Se generaron 80 plazas de trabajo al poco tiempo de instalada. Las modalidades de contratación no importaban para quienes podían trabajar y estar cerca de sus familias.
Quienes no ingresaron a trabajar en las florícolas y tampoco decidieron migrar a Quito, optaron por seguir cultivando el campo. Todo ello cambiando la estrategia: pasar de los cultivos de granos y sin químicos a una agricultura de “Revolución Verde”, implementando cultivos de hortalizas y árboles frutales; los mismos que se vendían con mayor facilidad en los mercados cercanos. Otro sector de pequeños campesinos, ubicados en zonas de altura, se dedicó a la ganadería. El territorio estaba marcado por la pluriactividad del trabajo: albañiles, peones, asalariados, agricultores y ganaderos eran la fuerza laboral del sector. San Pedro de la Tola coexistía entre la agroindustria de flores y las “otras” economías de subsistencia.
A comienzos del año 2000, aparecen los primeros conflictos entre las floricultoras y los habitantes de la zona. La elevada contaminación del agua por la existencia de las fumigaciones y desechos cerca de los canales de riego; la descomposición de la atmosfera por la quema de azufre durante las noches, no sólo intoxicaba el medio ambiente sino que mataba los cultivos de hortalizas de los pequeños productores que crecían a sus alrededores.
Las primeras externalidades causadas por la presencia de las florícolas en tierras de indígenas y campesinos serán graves para una población sumida en la desatención estatal. Aparecieron “plagas” incontrolables para los cultivos campesinos; el agua con la que regaban tenía altos niveles de contaminación y la solución ofrecida por expertos y técnicos giraba en torno al uso intensivo de fungicidas y fertilizantes. Todo esto provocará que la gente presione por enrolarse en filas laborales de las empresas de floricultores y deje de cultivar sus campos, que eran improductivos y requerían grandes cantidades de dinero para hacer agricultura.
La presencia de la agroindustria trajo consigo la pérdida de autonomía campesina e indígena al barrio de San Pedro de la Tola. La decisión sobre el proceso productivo estaba sujeta a la mercantilización de la producción –cambio de granos a hortalizas–; para neutralizar las plagas, los productores deben contraer una serie de deudas para adquirir los paquetes tecnológicos; y, finalmente, el abandono parcial de sus tierras generado por la poca rentabilidad que producen a consecuencia de la contaminación; por tales razones no tienen otra opción que continuar con la migración y/o trabajar en las floricultoras.
De vuelta a la tierra
San Pedro de la Tola se caracteriza por ser un territorio con poca presencia institucional; la Junta Parroquial de Checa se entrampa en labores burocráticas, y el escaso presupuesto limita obras de fomento productivo. Por tales motivos, facilitan la inversión de la industria manufacturera en el sector, como es el caso de las florícolas. Tampoco hay presencia de fundaciones ni de organizaciones no gubernamentales que apoyen iniciativas productivas o culturales en la zona. El Comité Pro-Mejoras se ha dedicado a la organización de eventos deportivos durante los últimos años. La Junta de Regantes del canal del Pisque ha visto desbordada su capacidad de gestión debido a los altos niveles de contaminación del agua.
La presencia de las florícolas en el sector sufrirá un grave revés a partir del año 2008. Su único mercado de exportación eran los Estados Unidos de Norteamérica; y la crisis económica-financiera que afectó a dicho país provocaría la quiebra de las dos florícolas ubicadas en San Pedro de la Tola. A mediados del año 2009, cientos de trabajadores directos e indirectos de las florícolas son cesados de sus actividades, generando un nivel masivo de desempleo en el barrio.
Campos abandonados, tierra infértil, agua contaminada y pobladores sin empleo, permiten que el fantasma de la migración masiva aparezca nuevamente. Pero en esta ocasión, la migración incluye a mujeres a parroquias del Quinche y a cantones como Cayambe para trabajar en florícolas cuyos mercados estaban dirigidos hacia la Unión Europea.
Largos viajes se producen para llegar a los nuevos centros de trabajo. Más del 70% del ingreso familiar, destinado a la alimentación de las familias y al endeudamiento, es la muestra de la alta dependencia de empleos extra finca que tienen los habitantes de San Pedro de la Tola.
A pesar de esta serie de adversidades, un grupo de mujeres de entre 40 y 70 años, promoverán durante 2008 una serie de prácticas de producción y organización para plantearse la necesidad de “volver al campo”; regresar a producir sus tierras, recuperarlas y aportar a la economía familiar con alimentación sana.
Esta serie de iniciativas generadas por las mujeres campesinas de San Pedro de la Tola, constituirán años más adelante, la primera asociación de productores orgánicos de la zona. La asociación se compondrá por los tierras que las familias obtuvieron en el proceso de reforma agraria de las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, son propiedades individuales que reunidas suman 9 hectáreas donde se levanta infraestructura asociativa.
En el marco de un Plan de Inserción a la Comunidad[1] de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, el Comité Pro-Mejoras del barrio convoca de manera masiva a una reunión extraordinaria; aquí participan estudiantes de la carrera de psicología clínica quienes aspiran a emprender un proyecto de motivación personal. La reunión se lleva a cabo con 70 personas del sector y los asistentes no quedan satisfechos con la primera propuesta hecha por los universitarios.
En una segunda reunión, los pobladores del barrio son quienes expresan las necesidades que aquejan a las familias, entre ellas, la falta de oportunidades para producir y comercializar. Esta premisa, a la vez que cuestiona el plan universitario implica un replanteamiento del proyecto. Un mes después se realiza una tercera reunión; serán 40 personas del sector junto a un grupo interdisciplinario de alumnos de la universidad, entre los que destacan estudiantes de agronomía, veterinaria, psicología, sociología, derecho y artes. Esta vez, las expectativas de los habitantes de San Pedro de la Tola tomarán un rumbo que involucra la necesidad de organización y de fomento productivo en apoyo de la Universidad.
Durante el período de un año, se construye el proyecto; todo ello al mismo tiempo que los estudiantes hacen sus prácticas pre-profesionales en las tierras desgastadas de indígenas y campesinos. A comienzos de 2009, el proyecto elaborado entre productores y estudiantes es presentado al Comité Pro-Mejoras del barrio y a la Junta de Regantes del Pisque. Los objetivos se exhibían muy ambiciosos: a) formar una asociación de indígenas y campesinos para la producción y comercialización de productos orgánicos; b) recuperación de suelos y descontaminación del agua; c) dotar de infraestructura productiva para los asociados.
Sin embargo, ninguna de las dos organizaciones que representaban al territorio se sumó al proyecto y algunas familias no volvieron a las reuniones, lo que significó un duro golpe. A mediados del 2009 el proyecto empezaría su primera fase de ejecución. Consistía en el desarrollo de talleres para la producción mixta (orgánica y química) de hortalizas y la construcción de la asociación de productores. Como el proyecto no contaba con fondos económicos porque se llevaba a cabo gracias a la voluntad de estudiantes y mujeres amas de casa y productoras del sector, la capacitación en producción la asumió Ovidio Gómez, peón de una quinta.
Ovidio fue el motor de la naciente asociación; hombre curtido en la tierra y que no se doblegaba ante las trampas del mercado. Su experiencia permitió arrancar con los primeros pasos en la producción de hortalizas en las chacras de 17 mujeres, a la vez que compartía su sabiduría en el arte de la comercialización y la venta. Ovidio acompañó el proceso durante un año con las discrepancias que por el uso de químicos en la producción le obligarían a retirarse del proyecto.
Una serie de talleres sobre la importancia de la organización, la economía solidaria y la soberanía alimentaria serán parte integral del carácter de la asociación de productores. A la vez que el proyecto avanzaba, aparecían los primeros límites. Los productores querían formar la asociación pero no contaban con el dinero para legalizar el trámite en los ministerios; a su vez, la producción no era suficiente para la demanda del mercado y el proceso de convertir a sus productos en orgánicos requería de una mínima inversión que no tenían. Finalmente, los universitarios de carreras técnicas que apoyaban el proyecto estaban a punto de graduarse y no volverían más.
El proyecto continúa y su ejecución es asumida íntegramente por las mujeres de la asociación, encabezadas por doña Agustina Chicaiza. La primera actividad es buscar fuentes de financiamiento; para ello, ponen en marcha una caja de ahorros que sirve para gastos de movilización de los productos. Acuden a instancias públicas y privadas en busca de convenios que les permita continuar con las capacitaciones y obtener financiamiento para semillas e infraestructura.
Sus esfuerzos rendirán sus primeros frutos en el 2011. El Municipio de Quito, a través de CONQUITO,[2] les brinda capacitación continua sobre producción orgánica y manejo de animales menores; mientras que la empresa privada, en el marco de la responsabilidad social empresarial, decide “invertir” en el desarrollo sustentable de la asociación.
[1] Inserción a la Comunidad es una línea de acompañamiento pre-profesional que hacen estudiantes de las universidades públicas en territorios de escasos recursos económicos. Esta actividad es parte del programa de estudios de muchas de las carreras técnicas y sociales. La asistencia de los alumnos es obligatoria y su calificación depende de las fases del proyecto que implementen en las zonas deprimidas.
[2] CONQUITO es una Agencia Metropolitana que “trabaja en favor del desarrollo productivo del Distrito Metropolitano de Quito, se puso en marcha a partir del año 2005 para promover el desarrollo socioeconómico en el territorio del Distrito Metropolitano y su área de influencia, así como el apoyo a las políticas nacionales de equidad territorial, mediante la concertación de actores públicos y privados, para incentivar la producción local, distrital y nacional, la productividad, la competitividad sistémica, y la aplicación del conocimiento científico y tecnológico”.