Movimiento Agrario del Alto Sumapaz y de Cabrera
En el trascurso de la década de 1920, se gestó bajo el liderazgo de Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela, uno de los Movimientos Agrarios más significativo de la historia de Colombia, el cual se mantiene vigente hasta nuestros días, el Movimiento Agrario del Alto Sumapaz y de Cabrera. A partir de 1928 se extiende el movimiento al oriente del Tolima, tras la expedición por el congreso de la república del Decreto 1110 de “colonias agrícolas”, que estableció zonas de tierras baldías de la nación para la fundación de colonias agrícolas y obligó a los latifundistas a demostrar donde eran los límites de sus tierras y por consiguiente donde comenzaban los baldíos de la nación, y más adelante, con la Ley 200 de 1936 o “Ley de tierras”, que en principio estableció que se titularían tierras a colonos después de cinco años de expedida la Ley.
La lucha agraria de Sumapaz y el Oriente del Tolima hacia la Ley Reforma agraria de 1961
Entre 1945-1965, el Sumapaz y el oriente del Tolima fue objeto de una contraofensiva latifundista, que por medio del ejército y de bandas criminales paramilitadenominadas “chulavitas” sembraron el terror en la región. Estas bandas eran defensores de los terrenos de los latifundistas, y obligaron al movimiento agrario a formar autodefensas armadas y autodefensas de masas. Así fue como el 31 de Octubre de 1953 los frentes guerrilleros del Sumapaz y el oriente del Tolima llegan a un acuerdo de paz, después de una primera guerra desatada en su territorio. Sin embargo, el 4 de Abril de 1955 el general en el poder, Gustavo Rojas Pinilla, declara el oriente del Tolima y el Sumapaz como zona de guerra, desatando la segunda gran ofensiva que terminaría cuándo el general fuera depuesto del poder, el diez de mayo de 1957; en este mismo año se funda el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (SINTRAPAZ).
De toda esta lucha de los agrarios del Sumapaz y el Oriente del Tolima, y campesinas y campesinos de otras regiones de Colombia, se deriva la Ley 135 de 1961 o Ley de reforma agraria y la subsecuente creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).
El proceso de titulación y la contra reforma agraria
Desde 1961 comienza un proceso de titulación de la propiedad de la tierra, impulsado en mayor medida a partir de 1967 tras la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, organización campesina de carácter nacional; este proceso se detiene en 1972, tras lo que se conoce como “el pacto de Chicoral”, encuentro entre el gobierno del entonces presidente Misael Pastrana Borrero y los latifundistas en el municipio del mismo nombre en el Tolima, de donde se derivan la Ley 4, 5 y 6 de 1973 que modifican la Ley de Reforma agraria y establecen una “contra-reforma agraria” como la respuesta ante la organización campesina que venía tomando cada vez más fuerza. Dicha contra-reforma anulo el carácter redistributivo de la ley 135, legalizó latifundios y configuró la reforma agraria en función del mercado de tierras, de tal manera que el Estado pasó a ser comprador a los latifundistas de tierras de baja calidad a precios altos.
La Ley 160 y la reactivación de los procesos de titulación
Ahora bien, llegamos a los años 90 y a la ley 160 de 1994, por la cual se reactivan los procesos de titulación de la propiedad de la tierra. En la década de 1990 y hasta la liquidación del INCORA en el año 2002, se llevan a cabo titulaciones sobre la base de concertaciones previas entre la comunidad campesina y los propietarios, a tal punto que hoy día no existe latifundio en Cabrera.
Constitución de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera Así pues, un último hito en la historia de la demanda de acceso en el territorio de la ZRC de Cabrera es la constitución de la misma en el año 2000 y finalmente la actualización de su Plan de Desarrollo Sostenible publicado en el 2013, dándole el carácter a la ZRC como una figura jurídica de reconocimiento de derechos políticos del campesinado, reivindicación de la cultura campesina como patrimonio de la nación, y propuesta de desarrollo alternativa y endógena, que parte de la base de la herencia de la lucha por la tierra y la defensa del territorio, aún en medio de la estigmatización y persecuciones de la organización campesina del Sumapaz en el periodo del 2002-2010, que ha buscado negar sistemáticamente desde el Estado colombiano sus derechos políticos.