Historia del proceso de Caspigasí
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El acceso a la tierra de los hombres y mujeres de Caspigasí, se da en el marco de un ciclo de movilizaciones campesinas para acceder a las tierras de haciendas, cuando el Estado se vio obligado a impulsar un proceso de reforma agraria (1964 – 1994).
Sin embargo, esta historia comienza mucho antes. En la época colonial Caspigasí se constituyó como una hacienda de las monjas del convento del Carmen Bajo y se mantuvo en tal condición hasta inicios del siglo XX.
Con la Revolución Liberal, en 1908 la hacienda de Caspigasí pasó a ser propiedad del Estado, específicamente de la Junta de Beneficencia Pública, que luego pasó a llamarse Asistencia Pública.
Doña María en su relato
Con la Ley de Reforma Agraria de 1964, esta hacienda pasó a ser propiedad del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC).
La situación de los trabajadores de la hacienda no había variado al pasar a manos del Estado, pues éste, arrendaba la hacienda para su explotación a gamonales locales, que procuraban obtener el mayor rendimiento de sus tierras y de los hombres y mujeres que la habitaban.
Conviene aclarar que en la hacienda habían dos tipos de trabajadores: los “huasipungueros”, quienes estaban sujetos a la hacienda a través de mecanismos semifeudales; y los precaristas, que eran trabajadores “libres” de una u otra hacienda, dependiendo de las circunstancias y sus necesidades.
Las primeras ideas de organización para luchar por la tierra en Caspigasí, se dan allá por los años 1967 y 1968, cuando los trabajadores de la hacienda deciden nombrar una directiva.
A este primer intento de organización, se sumaron después los cuatro huasipungueros de la hacienda de Caspigasí: José Manuel Maila, Francisco Tituaña Parra, Antonio Criollo y Pedro Pillajo.
Este primer intento organizativo se frustró por el desaliento promovido por personas de la parroquia[1] San Antonio de Pichincha que hicieron comentarios negativos en torno a la organización agraria.
A inicios de los años setenta hubo un segundo intento de organización de los trabajadores de la hacienda. En este nuevo intento, se agruparon 34 personas, entre quienes había también hijos de los precaristas de Caspigasí.
Pasó un largo tiempo, hasta mediados de los años 70, para que el IERAC “califique” a los socios y formalice la Organización Provisional de Reforma Agraria de Caspigasí. Esta organización va a ser la base de lo que, más adelante va a denominarse Asociación Agropecuaria de Caspigasí del Carmen. Esta forma organizativa, en ésos años, tenía cierto contenido sindical.
Correría más tiempo aún, hasta 1977, para que el IERAC se decida a entregar las escrituras de adjudicación. La entrega de escrituras solo se concretó cuando la presión de los trabajadores se intensificó y contó con el apoyo de ex precaristas y ex huasipungueros de haciendas que ya habían sido adjudicadas: particularmente de Pululahua, Rumicucho y Tanlahua.
En este proceso, la gente de Caspigasí contó además con el firme apoyo de un núcleo de personas vinculadas a un sector progresista de la Iglesia: los sacerdotes Mario Mullo y Rogelio Hausse, así como dos mujeres jóvenes, estudiantes de trabajo social de la Universidad Católica de Quito: Margarita Arauz y la religiosa chilena Valentina Ojeda.
Si en un primer momento el liderazgo en la lucha por la tierra estuvo en Agustín Ibáñez Pullas, en un segundo momento el liderazgo pasó a José Manuel Chipantasi. Los dos tenían estilos diferentes y propugnaban diferentes formas para el acceso a la tierra.
Se logró que el IERAC, en 1977, adjudique a los ex trabajadores de la hacienda de Caspigasí más de 450 hectáreas.
Por muchos años se conservó el trabajo colectivo de la tierra: en el sector denominado “La Arrinconada” se producía de forma colectiva maíz, fréjol y alverja. En el sector denominado “Huacamullo”, a más de la producción agrícola, los socios pastoreaban su ganado.
Posteriormente, entre fines de los 70 e inicios de los 80, un prefecto provincial de Pichincha desarrolló una serie de mecanismos de presión, incluyendo la amenaza de expropiación para que la Asociación venda las tierras del sector conocido como “La Arrinconada”. La venta forzada de estas tierras, significó una primera derrota para el proyecto comunitario.
Con ese antecedente y en el marco de una política estatal que estimulaba el fraccionamiento de tierras comunitarias, en los años 90 vinieron las lotizaciones de tierras en Caspigasí. De hecho, en el año 1994, se había promulgado la Ley de Desarrollo Agrario que derogó la legislación de reforma agraria, auspicio el fraccionamiento de tierras comunitarias y fomentó el mercado de tierras.
Tras la primera lotización, muchos socios de la Asociación se retiraron. La Asociación quedó reducida a 22 personas. Con la segunda lotización, el número de socios de la Asociación se redujo aún más, quedando apenas 15 socios.
Con ello, la Asociación Agropecuaria entró en una profunda crisis. A mediados de los años 2000 los miembros de la Asociación asumieron que no había otro camino que su disolución. Sin embargo, algunos de sus miembros, con apoyo familiar, se han empecinado en preservar la propiedad comunitaria de la tierra procurando vincularla a actividades alternativas como el turismo comunitario.
Don Agustín Ibáñez (hijo)
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[1] Parroquia es la unidad menor de organización del Estado. Un cantón, que es administrado por el municipio, está integrado por varias parroquias urbanas y rurales. A su vez, varios cantones conforman una provincia, administrada por el Gobierno Provincial, presidido por un prefecto.