Historia de la defensa del territorio
A partir de la entrega del título de la tierra comunitaria en 1923, la Toglla pasa por décadas de tranquilidad y seguridad jurídica, hasta los años 70 del siglo pasado cuando empieza la construcción de la central hidroeléctrica Guangopolo en el río San Pedro. La Empresa Eléctrica de Quito firmó un convenio con la comunidad que permitió la explotación de las minas pétreas que se encuentran en territorio de La Toglla a cambio de la construcción de la carretera Vía Intervalles y de una escuela. Para la explotación de las canteras, la empresa subcontrató a la familia Campaña; con lo cual, se inicia una historia continúa de división y conflictos, como relata un comunero:
“[…] nuevamente reiniciaron nuestros problemas porque la empresa eléctrica para subcontratar a alguien que le mine las minas pétreas que tenía la comunidad hizo un convenio, le dio el material pero a cambio de hacer escuelas y ahí vino una persona extraña a la comunidad y vio que esto era de todos, pero a la vez que no era de nadie en particular y le nació la ambición y le enfermó a un grupo de gente, por ahí empezó, trabajando por el corazón por la cabeza y unos ex dirigentes que se prestaron, empezaron a asomar documentos fraudulentos como escrituras individuales y empieza esta nueva etapa que ahora estamos tratando de resolver.” (Jaime Paucar, 2014)
La familia Campaña, con el apoyo de la justicia ordinaria, logra obtener títulos individuales dentro del territorio comunitario de la Toglla – a pesar de la existencia de escrituras comunales. Al inicio se trataba solamente de siete hectáreas, pero se inició un proceso de venta y contra-venta que implicó que se entreguen títulos a diferentes actores: la familia Campaña; el comité Pro Mejoras Barrio San José del Ilaló[1]; la Cooperativa Hermano Miguel (que compró las tierras del comité), entre otros. En conjunto, casi el 50% de la Toglla ha sufrido demandas externas por la tierra con títulos ilegítimos ya que se refieren a propiedades dentro del territorio comunal. En la actualidad, la mayor disputa es con la Cooperativa Hermano Miguel que reclama 201 de las 551 hectáreas de la comunidad.
Los conflictos se agudizan a partir de los años 90, porque a pesar de que se había terminado el contrato con la hidroeléctrica, la familia Campaña se seguía aprovechando de las minas comunitarias. Como reacción, la comunidad se levantó y sacó tanto a la maquinaria como a las personas que trabajaban allí. Además, se inicia la defensa legal ante las instituciones, como el MAGAP y el Ministerio de Energía y Minas. Mientras que, por un lado, existía un mayor interés en entregar títulos individuales por parte de las instituciones del Estado (a partir de las reformas agrarias en el Ecuador en 1964 y 1973, y la Ley de Desarrollo Agrario en 1994), por el otro lado en la Constitución de 1998 se incorporaron los derechos colectivos de los pueblos indígenas lo cual permitía una mayor seguridad jurídica para estos actores y que recoge algunas de las demandas históricas sobre el derecho al territorio y la autonomía de los pueblos y nacionalidades.
A pesar de ello, en el siglo XXI empieza la etapa más violenta en la historia de la comunidad ya que se inició una persecución que llegó a expresar amenazas de muerte a dirigentes de la comuna y los principales dirigentes fueron encarcelados. Esta problemática es reciente y la mayoría de las familias – incluyendo abuelos, padres e hijos – han sido involucradas, encarceladas, amedrentadas y perseguidas; sobre este tema un comunero comenta lo siguiente: “aquí la gente ha defendido con su cuerpo, ha perdido sangre e incluso hay personas acá que han perdido familiares, personas perseguidas […] defendiendo la tierra” (Darío Iza, 2014).
En conclusión, este conflicto se tradujo en una serie de invasiones, hostigamientos y violencia por parte de la familia Campaña que tuvo como resultado la deslegitimización de los derechos colectivos y derechos humanos de los comuneros y comuneras, de parte de varias instituciones públicas (fundamentalmente por las administraciones municipales). Probablemente, la consecuencia más grave de esta lucha fue la división interna de la comunidad y el debilitamiento de la vida comunal debido a las constantes invasiones y acosos.
[1] Este comité se creó por ex-dirigentes de la Toglla como una organización paralela al gobierno comunitario de la comuna para deslegitimizarlo. Mediante un proceso en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la comuna logra que se elimine el comité Pro Mejoras en el año 2009.