Reseña histórica del despojo
Estos territorios fueron sometidos a medición por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entre las dos primeras guerras mundiales. Con esa información el Ministerio de Agricultura ecuatoriano, delineó los planes con un fuerte enfoque desarrollista -que rige hasta hoy-, imponiendo una reforma agraria mediatizada que abrió las fronteras agrícolas y legitimó el privilegio de los terratenientes de apropiarse de las mejores tierras de la región.
Para dar paso a esta modernización del occidente ecuatoriano, se crea la Corporación de Desarrollo de la cuenca del Guayas y la península de Santa Elena (CEDEGE), encomendándosele capacidades de Estado paralelo. CEDEGE asumió la total responsabilidad de regulación de aguas y suelos en los territorios encomendados y la capacidad de contratación; que en alianza con la banca internacional y grupos de constructoras, habría de convertirla en la perla de la corona de occidente, la isla de la fantasía de la desregulación y la prepotencia de los nuevos colonizadores.
A nombre del “interés nacional” se declaró como prioridad la construcción del embalse de los ríos Daule y Peripa. Tal declaratoria se hizo en el contexto del inicio de una fiebre de endeudamiento externo, teniendo al petróleo como garantía. Llegó el primer préstamo internacional y con ello empezó una serie de procesos – no exentos de turbiedad - para contratar un conjunto de obras que van a constituir parte del proyecto multipropósito Jaime Roldós Aguilera: la construcción de una hidroeléctrica, la regulación del flujo del Daule, el riego a la cuenca baja del Daule, el trasvase para riego de la Península de Santa Elena, el embalse de la Esperanza para los sistemas de riego Carrizal Chone, Poza Honda y el Valle de Portoviejo; conformando el proyecto hidráulico de propósito múltiple, y que ahora se completa con un nuevo ducto para el puerto de Manta y la refinería del Pacífico.
Para 1971, la suerte estaba echada: se decreta proyecto de interés nacional y la intervención del Estado. En 1979, empiezan a asomar aviones, helicópteros y los ingenieros llegaban a “felicitarnos” porque nuestras vidas “mejorarían”. Siempre acompañados por policías y militares armados, informándonos que utilizarían unos pocos terrenos que serían bien recompensados.
La Cooperativa de Agricultores Unidos del recinto Carlos Julio perdió 1700 hectáreas, sobre las que se asientan las principales obras del embalse. Los otros territorios expropiados, 160.000 hectáreas de las más ricas fincas productivas salen de la contabilidad de tierras del país sin brindar ninguna alternativa a los expropiados. Se engendra entonces la principal demanda de las familias del sector: la restitución de las tierras.
“A todos se les va a pagar”, se nos dijo; y aun así, los primeros tuvieron que peregrinar meses y años enteros. Los que estaban más cerca de la ciudad, llegaron a dormir en portales de las oficinas para recoger sus liquidaciones, los remontados, 30 años después todavía no terminan de cobrar las exiguas cantidades que se le reconocen.
Arriba, en lo más alto de la loma, pintaron un palo rojo, y dijeron los ingenieros, “hasta allá va a llegar el agua”, pocos creyeron, hasta que vieron avanzar, lenta pero firmemente el espejo del agua sobre sus cultivos y lo que quedaba de sus viviendas. La última advertencia fue muy clara: “o se van o se ahogan”, apresuradamente se fueron desarmando las últimas casas de madera, entre las lágrimas de las viejas y el estupor de los pequeños.
Solo después nos enteramos que se habían barajado otras alternativas, como la entrega de tierras, la capacitación productiva para restaurar nuestros proyectos de vida. Sin embargo, se fueron midiendo y valorando cada una de las fincas; la CEDEGE escogió la expropiación arbitraria, mezquina y prepotente, el desplazamiento a secas. A los pocos que tenían títulos de propiedad les pagaron un poco mejor, a los posesionarios solamente “las mejoras”. Los cultivos, las casas, todo fue supuestamente valorado con “ventajas”, en el caso de las primeras expropiaciones en el sector de la Cooperativa de Agricultores Unidos, el Estado anuló el proceso de legalización que adelantaban estos campesinos sin darle ninguna otra alternativa.
La construcción abarca primero la presa, la hidroeléctrica a un costado de la “Garganta del pato”, porque hay que decir que esta maravilla de la naturaleza, 800.000 ha de acuíferos y humedales desembocan por una estrecha garganta, que deslumbró a los primeros geógrafos de EEUU que la fotografiaron. Al lado de la presa, el dique de 17 km hasta Murucumba.
Adentro quedarían –después de 2 años de llenado- 6.000 millones de m3 de agua, 30.000 hectáreas de espejo de agua. 300.000 hectáreas aisladas hasta por tres cuerpos de agua, entre el flanco norte y la Manga del Cura. Con ello, 65 comunidades quedaron literalmente encerradas.
En medio quedó una península reducida por la inundación: la Manga del Cura y el perímetro mojado. Abajo quedarían Murucumba, Carlos Julio y en el extremo oeste Barraganete y la región del Pescadillo.
El puente flotante de palitos más largo del mundo es el símbolo de una de las crueldades más grandes contra estas “multi” afectadas comunidades.
Fundidos en un solo espejo de agua, hoy lleno de lechuguines, quedaban los pueblos Tsáchilas y los montubios que habían huido de la sequía. Los ingenieros habían informado que con la obra se accedería a los mercados. Hasta se construyó un puerto en el sitio Conguillo, para recibir en el cantón Pichincha el flujo de productos que se movía por los ríos de Oro, el Daule y el Peripa. Lo que nunca dijeron es que los lechuguines o “jacintos de agua” colonizarían rápidamente el embalse, convirtiéndose en los inquilinos que hoy ocupan ¾ partes del espejo de agua. Esta situación provoca el aislamiento redoblado de las comunidades, insalubridad y contaminación acelerada por las descargas del monocultivo de banano, abacá, piña, palma africana, ganaderías y chancheras.
Como resultado de la situación descrita, nuestras poblaciones han quedado privadas de su legítimo derecho al agua, a la tierra, al ambiente sano, a la salud y a la libre movilidad.
Estrategias para el acceso y la sobrevivencia
Despojados de las tierras más fértiles, la vida de las familias se transformó radicalmente.
Los de la parte alta empujados a la ganadería y la agricultura de subsistencia, en disputa constante con los grandes propietarios siempre dispuestos a comprar los pedazos más pequeños. Esta práctica es el principal origen de la perdida de suelos, la erosión y el azolvamiento[1] del embalse, y el colapso por sedimentación en incremento de la desembocadura del río Daule.
Las familias alrededor del embalse usan algunas estrategias para su sobrevivencia, ocupan las islas en las que quedaron convertidas las cumbres de la montaña, van sembrando, mientras baja el nivel del embalse sobre la franja fertilizada; practican también el cultivo de eras familiares, la ganadería y, cuando se puede, el maíz. La utilización indiscriminada de agroquímicos en los cultivos de exportación, el fecalismo de las letrinas comunitarias, son las principales causas de contaminación agravada del agua en el embalse y sus fondos.
Otros se dedican a la pesca de peces y crustáceos, alternando con la agricultura de subsistencia, siempre con el mismo clamor: exigimos que se nos devuelva nuestra tierra. Esta es la esperanza de los campesinos de la región: que el gobierno reconozca el despojo. Más que cualquier indemnización, se debe crear un plan de restitución de tierras para los campesinos despojados por las obras del proyecto múltipropósito Jaime Roldós Aguilera.
“Todos toman naranjada y el pobre naranjo nada”, es la expresión irónica sobre el desarrollo del subdesarrollo, que acuñamos en el Daule-Peripa. La inequidad y exclusión sobre quienes vivimos en las fuentes de abastecimientos de agua y energía no deja de indignarnos cuando el agua de nuestros ríos se dirige a todas partes menos a nosotros, cuando a través de una obra de trasvase llega hasta la península, mientras los campesinos solo la pueden usar como cloaca y desfogadero de agro-tóxicos. Ninguno de los cantones ribereños: Pichincha, El Empalme, Balzar, Colimes, Santa Lucía, Daule y Nobol hasta Guayaquil, han recibido más beneficio de las obras de este proyecto multipropósito, que el sistema de riego de la cuenca arrocera del Daule.
Excluidos del acceso a los servicios públicos, los pueblos que han quedado en el entorno del embalse serían víctimas de una implosión social fermentada por la pobreza y el aislamiento de los territorios. Ninguno de los cantones de la cuenca aportante ha recibido el estímulo de la península de Santa Elena, supuesto granero de Sudamérica con riego presurizado.
Mientras tanto, se imponía la estrategia del silencio y el desprecio para contestar a nuestras demandas.
La Defensoría del Pueblo ha comprobado que no se ha entregado tierra a los campesinos damnificados, que se abandonaron bosques estratégicos que nunca debieron abrirse a la ganadería y los monocultivos de exportación, provocando el colapso del embalse más grande del país por contaminación y azolvamiento.
[1] Azolvamiento se refiere a la acumulación de sedimentos en el cauce de un cuerpo hídrico por el acarreamiento de sedimentos generalmente desde las zonas altas hacia las bajas, lo cual ocasiona disminución de capacidad de conducción de ríos y cauces superficiales.