Resistencia y el reconocimiento del daño
Crónicas de una inundación
Durante estos 30 años al reclamar recibimos la misma escalofriante respuesta: “cuando se declara algo de interés nacional, todos los demás derechos quedan subordinados a ese interés, porque alguien tiene que sacrificarse para que el País progrese”.
En carne propia hemos sufrido los mecanismos normativos e institucionales generados por la clase poseedora de la riqueza y el poder para asegurar una acumulación privilegiada y una exclusión a los campesinos. Daule - Peripa era la última frontera del oeste que tenía que ser recolonizado, ya no se necesitaba de la corona española ni del imperio norteamericano, ahora existía el Estado “de Derecho”, que multiplicaba leyes para garantizar los nuevos procesos expropiatorios, a nombre de un supuesto “interés nacional”.
Ante ésa arremetida, en el año 2000, por presión de los campesinos, el municipio de El Empalme, a través de su Consejo Cantonal, inició un proceso de reconocimiento de estos problemas convocando a las municipalidades afectadas por el embalse. En el año 2002, estas municipalidades solicitaron una auditoría al Estado.
En el año 2005, cuando por omisión se afirma que somos ciudadanos de derechos restringidos y que renunciáramos a nuestras demandas, y que todo estaba consumado, comprendimos la magnitud de la exclusión y lo prolongado que podría ser este proceso. Llenos de verdad y documentos, formamos el Frente de Defensa Fernán Sánchez Castaño, con una clara consigna: el agua blanda a la piedra dura, acaba por romper.
Presentando nuestros reclamos a los sucesivos y cortos gobiernos de ese confuso periodo de la vida nacional. En el 2006 nos alineamos con la corriente de cambios que nos ilusionó a los ecuatorianos y cuyo punto culminante va a ser la aprobación de una nueva Constitución en octubre del 2008.
Ese mismo año 2008, exponemos nuestro caso a la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público[1], cuyo informe final dice:
“En efecto, la construcción de la Presa Daule Peripa pretendió regar 42.000 hectáreas, pero ha logrado una cobertura efectiva de apenas 7.000 ha, con un incremento de costos del 122%. No obstante, resultan alarmantes los impactos sociales y ambientales: desplazamiento de 15.000 campesinos, 65 comunidades aisladas, población en altos niveles de pobreza, que carece de servicios públicos, afronta la deforestación y erosión en un 85% de la cuenca. Se utilizaron cuatro créditos del BID que injustamente inflaron la cartera de endeudamiento externo del país.
El trasvase de aguas del río Daule a la Península de Santa Elena absorbió la mayor parte de las inversiones, incrementadas y financiadas con préstamos sobre la base de contratos complementarios, que no cumplían con la normativa de los contratos iniciales. La construcción, bastante dilatada en el tiempo, tiene problemas técnicos y no cuenta con las obras de conexión para que los campesinos accedan al riego del canal. Sí se cuentan entre los beneficiarios pocos, pero grandes propietarios que poseen el 81 % de la tierra que antes era comunal, habiendo cambiado sustancialmente la estructura de la tenencia con la obra, en perjuicio de las comunas. Se utilizaron préstamos de la CAF, de bancos oficiales de Brasil y del Libra Bank de Gran Bretaña.”[2]
Sin embargo, una impresionante “MISMIDAD” en lenguaje y procedimiento continúa con el desmanejo de los destrozados cuerpos hídricos de la región más industrializada del país. La negación de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, se expresa en el negado derecho de los campesinos damnificados a la reparación integral por daños causados por las obras públicas para fines privados. Indiferentemente, evadiendo la Constitución nacional y las normativas internacionales.
[1] Comisión conformada por el Gobierno de Rafael Correa en los inicios de su gestión presidencial
[2] Véase informe del proceso, análisis jurídico y videos sobre el impacto en Daule-Peripa: http://www.auditoriadeuda.org.ec/index.php?Itemid=57&id=47&layout=blog&limitstart=5&option=com_content&view=category