La cuestión legal y la cuestión política
Las promesas e indemnizaciones tardaron años para dejar el papel y pasar a medida
s efectivas. Desde el 2007 el INCRA estaba estudiando las posibilidades de reversión de la tierra por varias ilegalidades, como deforestación y deudas. La propiedad sumaba cerca de 500 mil dólares en multas no pagadas al gobierno.
En diciembre del 2010 realizaron una fiesta para celebrar la conquista y la división de la tierra entre las familias. El área fue bautizada por los campesinos como “Área Revolucionaria Zé Bentão”, en homenaje a un campesino asesinado en la lucha por la tierra de la región, en el 2008, una cantidad de 296 familias recibieron 16 hectáreas de tierra cada una.
Las familias campesinas ya estaban produciendo en la tierra, cuando en diciembre del 2011, el INCRA recibió legalmente los documentos de posesión de la Hacienda. A partir de este momento, el Instituto debería legalizar la tenencia de las tierras por parte de los campesinos. No obstante, para hacerlo exigió que las familias abandonasen la propiedad. Las familias fueron registradas y dejaron sus propiedades, con sus plantaciones y casas. El Instituto prometió respetar las áreas ya parceladas y permitir que las familias cuidasen sus plantaciones y animales. Esto no se cumplió y la mayoría de los campesinos perdió su producción debido a las dificultades impuestas por el Instituto para acceder a la propiedad.
"Antes de que viniera el INCRA, nosotros estábamos tranquilos, cada uno en su pedazo de tierra. Luego yo recibí un terreno donde no había nada y tuve que construir todo de nuevo. Yo ya estaba produciendo, ya tenía plantaciones de yuca y de maíz” – recuerda Augusto Marino de Souza, en una entrevista realizada en 2012.
Los campesinos pelearon y consiguieron ampliar el número de familias asentadas. Otra parte de la hacienda fue finalmente habilitada y, actualmente, son 693 familias asentadas en la mitad de lo que, originalmente, era la Hacienda Santa Elina. La otra parte de la Hacienda ya es propiedad del INCRA, pero hasta el momento la mantiene vacía, sin ninguna utilización.
Los campesinos siguen exigiendo la reversión de otra parcela de la Hacienda, mejoras para el área, asistencia médica para las víctimas y el pago de las indemnizaciones para las familias.
