El municipio de La Macarena, ubicado en el departamento de Meta, tiene una extensión de 11.230 km2 y está ubicado en una zona que comunica las ecoregiones de la Amazonía, la Orinoquía y la Región Andina (Gobernación del Meta). Esta zona hace parte del Área de Manejo Especial la Macarena (AMEM) -creada mediante el Decreto 1989 de 1989- que contiene un conjunto de diversas figuras de ordenamiento territorial ambiental a saber: está conformada por los Parques Nacionales Naturales (PNN)[1] de Sumapaz, la Sierra de la Macarena, Tinigua y la Cordillera de los Picachos, y 3 Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI)[2], el DMI Ariari – Guayabero, el DMI Macarena Norte y el DMI Macarena Sur.
Dentro los antecedentes de organización territorial, este territorio fue reconocido en 1941 como Reserva de La Macarena, y como respuesta a las movilizaciones campesinas que impulsaron la necesidad de re alinderar la reserva a mediados de los años 80, se dio lugar al establecimiento de una serie de Distritos de Manejo Integrado (DMI), dentro de los cuales, el denominado de Recuperación para la Preservación, está destinado exclusivamente a la conservación.
En tales PNN y DMI habitan comunidades campesinas herederas del proceso de colonización de mediados del siglo XX, quienes han construido veredas, establecido Juntas de Acción Comunal (JAC) y conformado Asociaciones Campesinas, como lo es la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina del Losada ASOPEPROC (Espinosa, 2010). Dicho proceso de colonización, se remonta a la época de la violencia entre 1946 -1964 (Rehm, 2014) donde familias campesinas llegaron a estos territorios en busca de mejores oportunidades de vida y huyendo de la guerra bipartidista en que se encontraba el país (Molano, 2010).
Mapa 2 Fuente: Área de Manejo Especial La Macarena. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, consultado el 09 de septiembre de 2017
También otras motivaciones de carácter económico han dinamizado el poblamiento de la región, por ejemplo, el auge maderero incentivó a aserradores, arrieros y patrones a migrar hacia estas selvas (Leal & Restrepo, 2003). Así lo confirma la entrevista hecha al líder campesino de esta región José David Tabera:
“La primera economía de esta zona fue la madera. Cuando se acabó la madera en esta zona donde estamos, sembraron coca, entonces la segunda economía de esto fue la coca, no había ganadería, no había nada porque todo eran funditos”.
Tras el agotamiento de la madera, numerosas familias iniciaron un proceso de asentamiento basado en desmontar y quemar para abrir espacio a fincas, las cuales tienen como vocación productiva principal la ganadería (Rincón, 2014).
De otra parte, la coca ha tenido un papel relevante en la historia de colonización y la lógica de poblamiento regional, pues para numerosas familias ha significado su fuente de sustento (Restrepo & Tobón, 2009). Coincide en esta posición González (2014), para quien este poblamiento no siguió patrones de planeación del tipo “colonización dirigida”[3], por lo que la regulación social encontró sus propios caminos al margen del Estado.
Uno de estos caminos fue el control territorial que allí ejerció la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), desde su creación en los años 50, hasta la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno Colombiano (Espinosa, 2017).
A lo largo de esta historia, la figura de Parque Nacional Natural, creada para la conservación de áreas de especial importancia ecológica, no tomaron en cuenta el fenómeno de colonización de las familias campesinas, así como las dinámicas del conflicto armado que agudizaron los conflictos y la posibilidad para ejercer gobernabilidad en esos territorios. Por ello, los conflictos socio-ambientales relacionados con el uso, ocupación y tenencia de la tierra en las áreas ambientales protegidas de esta región fueron, de alguna manera, subsumidos por las dinámicas del conflicto armado.
Es así que el gobierno justificó la ausencia de Estado bajo la cortina eterna de la guerra; sin embargo, las familias campesinas realizaron diversas actividades organizativas que les permitieron hacerse a una base para llevar una vida rural: “Las vías en esos tiempos se hicieron, pero se hicieron a motosierra, a hacha y a machete. Hasta hoy día, el Estado nunca ha invertido, lo que hay de vía lo hemos hecho nosotros los colonos, los campesinos” (Tabera, 2017).
Estos esfuerzos, antes que significar reconocimiento, les han valido persecución social, pues han sido estigmatizados por Fuerzas Militares y algunos medios de comunicación como guerrilleros y/o depredadores de la selva, lo que ha dificultado la posibilidad de acercamiento entre las comunidades y el Estado.
No obstante, los pobladores de esta zona han buscado la forma de fortalecer el desarrollo de esta región a partir de la organización comunitaria y el trabajo autónomo, logrando así en octubre de 1998 la constitución legal de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios que inspira este caso.
A partir de tal fecha, y en medio de la confrontación armada, se han realizado diferentes esfuerzos por lograr un reconocimiento regional que les ha permitido mantener la economía local mediante un convenio con la multinacional Nestlé, quien realiza la compra de leche a los campesinos sin intermediarios, y es su principal aliado estratégico desde la construcción de un centro de acopio lechero en el año 2016: “ASOPEPROC reúne a 850 pequeños productores de leche de las 21 veredas que hacen parte de Cristalina del Losada, un poblado de 1.500 habitantes. Entre todos producen 70.000 litros diarios de leche y de esa cifra, 12.000 litros son acopiados en el nuevo centro, fruto del trabajo de 130 productores” (El Tiempo, 2016).
En la actualidad el acuerdo final de paz firmado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, ha dado lugar a que el municipio de la Macarena sea priorizado para la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial[4] (PDET), por ser una de las zonas más afectadas por el conflicto armado, aunque dicha política todavía no se ha implementado por la demora de los procesos burocráticos del Estado.
El referido documento permitió evidenciar las necesidades de las zonas más apartadas del país, planteando una nueva ruta de atención a las problemáticas territoriales relacionadas con el uso, acceso y tenencia de la tierra, pero a pesar de ello, muchos de los lineamientos acordados han quedado en el papel. Por ejemplo, dentro de las circunscripciones especiales de paz que se tenían previstas para ampliar la representación democrática de estas poblaciones en el Congreso de la República, existe una curul para las víctimas de la Macarena que no ha sido posible elegir[5].
De igual manera, los mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento territorial, y la toma de decisiones para proyectos productivos y de desarrollo rural en la región, no han sido efectivos debido a actos de corrupción y clientelismo que aún persisten en las administraciones municipales.