Como se ha mencionado líneas arriba, a inicios de la década de 1980 la violencia irrumpió en el territorio ancestral de los Ashaninkas de manera imprevista, tiñendo de sangre y muerte a sus comunidades nativas y a las poblaciones de los valles y bosques donde se habían instalado.
La nación Ashaninka sufrió como ninguna otra los avatares de la violencia que sacudió al Perú durante ese período. Según estimaciones de la citada Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el “conflicto armado interno” causó la muerte de casi 70,000 personas, cinco mil de los cuales fueron Ashaninkas.
El Partico Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) inició su llamada “lucha armada” el 17 de mayo de 1980 en la aldea quechua de Chuschi, en el departamento de Ayacucho, un día antes de la realización de los comicios electorales para elegir nuevo presidente de la República después de doce años de dictadura militar.
Las primeras acciones armadas del movimiento subversivo de orientación maoísta no fueron tomadas en cuenta con la importancia debida por el gobierno recién instalado que en pocos meses tuvo que hacer frente a una seguidilla de atentados terroristas que rápidamente se extendieron por los demás departamentos de la sierra sur del Perú, paradójicamente una de las regiones más desfavorecidas del país.
La estrategia del PCP-SL, según el historiador Antonio Zapata (2017), basada en el ejercicio de la violencia contra “los malos elementos que existen en toda comunidad: abusadores, beodos, comerciantes o comuneros inescrupulosos”, otorgó prestigio a sus militantes y el sustento social que buscaban entre la población local.
La guerra envolvió rápidamente a todas las comunidades del río Ene. La militarización de la vida diaria se convirtió en una terrible constante. Fuente: Alejandro Balaguer.
Con el aumento de los enfrentamientos entre la policía encargada en un primer momento de la represión del movimiento subversivo en Ayacucho “la guerra [volvemos a citar a Zapata] arrancó enfrentando a unos campesinos contra otros”. En ese contexto de incentivación del conflicto armado, un importante contingente de militantes senderistas, siguiendo directivas del comité central del PCP-SL, se traslada a los territorios Ashaninkas de los ríos Ene y Apurímac con el objetivo de militarizar la región y tomar contacto con los carteles de la droga que operaban en la zona.
La arremetida senderista en la cuenca del río Ene a través del autodenominado “Comité de Colonización del Río Ene”, generó graves conflictos al interior de las comunidades nativas. El centro poblado de Cutivireni, la comunidad de origen de Ruth Buendía, no fue la excepción a este problema.
Hacia mediados de la década de 1980, columnas armadas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) comenzaron a operar en las provincias de Oxapampa y Chanchamayo agudizando la violencia en la Selva Central. La población Ashaninka se dividió entre quienes apoyaban la prédica y el accionar de los llamados colonos o compañeros y los que intentaron resistir el adoctrinamiento, enrolamiento forzoso y el terror. Muchos pobladores Ashaninkas y mestizos se vieron precisados a huir hacia otras localidades de la región teniendo que abandonar sus propiedades.
Durante ese período oscuro, de exacerbada violencia y desplazamientos forzosos, se puede leer en el informe final de la CVR, “el PCP-SL logró aislar física y psicológicamente a los Ashaninka manteniendo un control estricto sobre el territorio «liberado»: cerrando todos los aeropuertos y restringiendo el acceso fluvial. Solo podían navegar por el río quienes tenían previa autorización del partido”.
Los senderistas convencieron a los Ashaninkas, comenta una estudiosa del conflicto, “con promesas de acceso directo y rápido a los bienes de los foráneos” (Villapolo, 2003). Fueron los profesores de las escuelas unidocentes y también los técnicos sanitarios asignados a las postas médicas de la región los primeros en enrolarse en las filas de la sedición armada.
La citada Villapolo comenta que la aceptación por parte de ciertos sectores de la población Ashaninka de un “futuro utópico”, de acceso rápido a los beneficios inherentes al nuevo Estado impuesto por el PCP-SL, pudo haber sido favorecido por la permanencia en el imaginario de este pueblo amazónico del mito de Pachacamaite, un relato oral que da cuenta del retorno a la tierra del Sol (Pavá, Tasoréntsi o Dios) para devolverles a los ashaninkas el acceso a los bienes y la prosperidad que los foráneos les habrían arrebatado a través de los siglos.
Para hacerse del control total de las comunidades indígenas, los “colonos” utilizaron diversos mecanismos. Los Ashaninkas eran amenazados constantemente con severos castigos, incluso la muerte, si trasgredían las órdenes del partido (que “tenía ojos y oídos” en todas partes). Asimismo, el PCP-SL logró convencer a la población bajo su dominio del peligro que significaba la presencia de los militares en su territorio. Los militares, de acuerdo a la prédica senderista, eran asesinos o violadores. Los miembros del PCP-SL los llamaban miserables.
En este escenario de terror institucionalizado y militarización del territorio bajo dominio de los mandos senderistas, muchas familias trataron de resistir huyendo a los bosques próximos o escondiendo a sus hijos en las quebradas y alturas para que el PCP-SL no se los llevara a los campos de concentración que fueron creando conforme se agudizaba el conflicto.
En 1988 la zona fue declarada en “estado de emergencia”. La violencia creció aún más.