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Ruth Buendía y los Ashaninkas del río Ene: sobrevivir entre dos fuegos

Avances y expectativas

Expectativas económicas, culturales y sociales

“La formalización de la propiedad rural en el Perú ha sido entendida por los gobiernos de turno como una vía para incrementar la producción agraria”, ha comentado la abogada Silvana Baldovino, experta en el tema de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), una prestigiosa ONG peruana.

 

Según datos de esta institución más del 50 % de la superficie del planeta está en manos de las poblaciones indígenas, las mismas que suelen permanecer marginadas de las decisiones que se toman en los centros de poder.  Paradójicamente estos pueblos, lo han advertido los científicos que estudian el cambio climático, actúan como verdaderas “fronteras vivientes para controlar la deforestación y sus prácticas de supervivencia son totalmente compatibles con la conservación de la naturaleza”.

 

A pesar de todas las evidencias a favor del manejo apropiado de la tierra que les pertenece desde tiempos inmemoriales, los pueblos indígenas y comunidades locales, un universo de 1,500 millones de personas, tienen una propiedad legal, formal, sobre sus territorios extremadamente precaria:  solo el 10 % de sus tierras están debidamente tituladas, situación que por cierto los condena irremediablemente a la pobreza, la degradación ambiental y a la pérdida de sus derechos fundamentales.

 

En el Perú, explica Silvana Baldovino, las instancias gubernamentales encargadas de impulsar la titulación de las tierras rurales han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y también, lamentablemente, el interés del Estado en dar solución a un problema histórico que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables de nuestro país.

 

Sucede, como nos lo manifestó la especialista “que uno de los principales problemas que tiene nuestro país es que todavía no se reconoce como país indígena”.

 

A pesar de ellos y debido a la presión del movimiento indígena peruano, el año 2001 el Estado autorizó la creación de la Reserva Comunal El Sira (Huánuco, Junín y Ucayali); luego, en el 2002, hizo lo propio con la Reserva Comunal Amarakaeri (Madre de Dios). En el año 2003 se establecieron las reservas comunales Machiguenga (Cusco) y Ashaninka (Junín y Cusco). Un año después, en el 2004, se estableció la Reserva Comunal Purús (Ucayali y Madre de Dios).

 

En el año 2012 se crearon las últimas reservas comunales: Huimeki y Airo Pai, ambas en la región Loreto.

 

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