La recuperación de tierras realizada por la Asociación de Parceleros de la Finca San Julián se enmarca en el contexto de precariedad en el que vive la población campesina en el municipio de Pradera: el contexto de despojo de tierras por parte de la mafia que ha provocado la alta concentración de la tierra. De esta manera es que en el año 2002, cuatro familias campesinas bajo el apoyo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, organización con más de 40 años de trabajo, realizan una ocupación de tierras en el corregimiento de Bolo Blanco, donde las mafias del narcotráfico hacían control territorial apoderándose ilegalmente de varias tierras. Muchas de estas familias han vivido históricamente en la región, como Hugo Ramírez (2017) quien recuerda su historia y la de su familia marcada por el conflicto armado:
“Yo soy nacido y criado en esta región, yo soy nacido en Bolo azul, criado por aquí en Bolo blanco y Bolo azul, en situación del conflicto, pues, para un referente, digamos, en estos predios de aquí de Bolo blanco, aquí a mi papá lo desaparecieron en el 85, cuando existían los famosos F2 del Ejército. Entonces los campesinos bajaban al pueblo a comprar su remesa, a comprar alimentos que no se producían por acá y se desaparecían. Nosotros fuimos pues víctimas de eso a través de mi papá, porque lo cogieron, lo desaparecieron, y, según las investigaciones que se hacen, era que porque era un auxiliador de los grupos insurgentes que operaban en esta región. A partir de eso pues nosotros quedamos solos con mi mamá, pequeños, quedamos de ocho, nueve y once años, somos tres hermanos; y no, pues mi mamá siguió trabajando en la finca, porque mi mamá desde muy joven siempre trabajaba. Y para colmo, digamos, para colmo de males, ya cuando mi hermano obtuvo su mayoría de edad llegó a trabajar en esta finca de aquí de San Julián, en la cual, pues, en el año de 1994-95, fue asesinado también por las fuerzas militares. Lo desaparecen y lo encontramos también en Yumbo, y también pues fue tildado como que si fuera de apoyo para los grupos insurgentes.
Entonces, todo ese conflicto, y todas esas situaciones que hemos vivido, han sido pues difíciles. No ha sido tampoco tan fácil para poder mantenernos, pero a pesar de todas esas dificultades pues nunca nos hemos ido de la región. Consideramos pues que hemos luchado por vivir en estas regiones, y más ahora que entramos en un proceso de parcelación, de recuperar estas tierras, con todo lo que se ha vivido. Yo considero que a partir de todas esas dificultades somos merecedores, digamos, de disfrutar de unos predios”.
Así como Ramírez, otra familia emblemática de la zona, como la de don Fabián y Alba Marina Tovar, quienes, por cuenta del asedio constante por parte de las fuerzas militares y su señalamiento de ser auxiliadores de la guerrilla, tuvieron que desplazarse en varias ocasiones. Alba Marina proviene del corregimiento La Nevera, de Palmira, fuertemente azotado por la violencia a inicios de la década del 2000. Así narra Fabián (2017) su llegada a la parcelación:
“Bueno la historia mía pues, yo no me recuerdo así bien la fecha cuando entré aquí, pero yo entré en un 8 de noviembre, dentré bajo de un plástico, porque no había recursos de nada. Entonces teníamos una pequeña asociación, yo venía de por allá de donde estaba de mayordomo, yo venía de trabajar así… y veníamos a trabajar en minga, habíamos como unas 6, 7 personas. En eso estaba Hugo… entonces entré ya aquí, yo me metí debajo de un plástico. Mi señora venía quebrada de un pie porque se me había accidentado, me echaron de donde estaba trabajando... entonces eso fue lo que más hizo que me metiera yo acá, porque, si tiene uno un patrón y cuando ya se me accidenta la señora entonces ahí mismo “no, ya no nos sirven, váyanse”; entonces dije, no pues hay que buscar otras maneras de uno… no teníamos amparo de nada, de nada, entonces nos vinimos y aquí hicimos la casita, pasaron como unos 6 meses, luego el viento llegó y me la tumbó allá a la carretera. Porque quedó pues, prácticamente mal hecha, no había los recursos para una bien hecha entonces me la tumbó el viento. Volvimos y la levantamos, seguimos eso mucho combate. Eso era mucho combate. Eso era una presión del ejército, eso era que a todo tiro. Ya a uno ya le provocaba irse mejor. Después como ahora en el 2013 pues hubo unos combates aquí, aquí en la casa, me pusieron una bomba… y yo resistí todo eso, yo saqué la familia y resistí todo, todo, todo lo que pasó y aquí estoy, estamos en la lucha. Esto fue muy duro uno al comienzo comenzar uno sin nada, sin nada, sin mejor dicho ni de adónde echar mano. Por ahí de jornalito y eso que no había ni adónde trabajar porque esto era solo, esto era pura selva, y no había uno quien, un patrón que le dijera a uno “camine ayúdeme un día”, no. Ahí es lo que la familia lo apoyaba a uno".
Así, invocando la figura de extinción de dominio, la recuperación del territorio se realizó por parte de arrendatarios y trabajadores de esas haciendas que a partir de un proceso de concientización política deciden hacer valer la consigna "tierra para quien la trabaja" y en medio de la violencia del paramilitarismo y de la represión a la organización campesina estigmatizada como base social de las FARC-EP, actor con histórica presencia en la zona, realizan una ocupación del territorio. Así lo narra Hugo Ramírez:
“Entramos en el 2002, cinco familias. Arrancamos pues el trabajo con cinco familias. En estos predios montamos un lote de tierra colectivo acá, para la producción agrícola. Sembrábamos papa, sembrábamos cebolla, habas, alverja, ¿sí ve?, tomate, y de esa manera pues fuimos avanzando… de qué manera podíamos conseguir más familias, para que se fueran sumando al proceso, y pues, ahí fuimos reuniendo más gente, más familias. La gente fue interesándose más en el tema de la recuperación de la tierra, y fuimos avanzando. Luego entraron otras cuatro, completamos ya diez, doce familias, y así sucesivamente, hasta la actualidad que somos veintinueve familias en este proceso de parcelación”.
En este proceso, es cancelada la personería jurídica de la Junta de Acción Comunal del corregimiento y se siguen otra serie de intimidaciones que incluyen un montaje judicial en contra del docente Hugo Ramírez Burgos, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos Del Valle del Cauca ASTRACAVA, quien finalmente es liberado por irregularidades en el proceso. ASTRACAVA, es filial de FENSUAGRO y perteneciente a la Coordinación Campesina del Valle del Cauca CCVC, plataforma de organizaciones que buscan un reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y que hacen parte del tejido social de la región. Sin embargo, también contaron con apoyo de otros campesinos del Cauca, departamento vecino y con quienes se comparte una visión territorial, quienes también apoyaron el proceso.
Hoy en día, hay 28 familias que habitan aproximadamente 680 hectáreas en las tierras recuperadas. Tienen su propio reglamento y actualmente proyectan la constitución de una Zona de Reserva Campesina ZRC como una figura que apuesta a la gestión, tenencia y uso colectivo del territorio. Desde el 2008 se comenzó la socialización y sensibilización en torno a esta figura en la parte media y alta del municipio y fue incluida dentro del Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica del río Bolo, asimismo fue incluida dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 como prioridad y se conformó el Comité de impulso, que a través de la metodología Diagnóstico Integral Rural Participativo, permitió socializar en cada uno de los corregimientos los componentes de esta figura y hacer una delimitación que llevó a que en marzo de 2017 se conformara un equipo interinstitucional compuesto por el alcalde, la secretaría, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Hacienda, dos representantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural que son, a su vez, de la junta de acción comunal del corregimiento del Líbano y del corregimiento de La Feria, e integrantes del Comité de Impulso, proceso impulsado por ASTRACAVA.
En este sentido, la titulación colectiva de la tierra se promueve a través de la figura común y proindiviso, asegurando así la cohesión social y un proyecto político que sume a la colectividad por tantos años construida.
“Cuando nosotros entramos a estos predios había un contexto de conflicto bastante incrementado, porque había presencia de las FARC y también había presencia de los grupos legales, supuestamente, que era el Ejército, pero había presencia permanentemente de los paramilitares. Al Valle del Cauca y Cauca nos tocó la presencia del Bloque Calima, al bando de un señor Giovanni. Era muy difícil pues, pero nosotros veíamos la necesidad que tiene el campesino de trabajar la tierra. La tierra debe de ser pa´ quien la trabaja, y en estos predios de aquí de Bolo blanco, pues quedó esta finca, a través del conflicto, ya siendo propiedad de unos narcotraficantes, de los Herrera, entonces quedó esto solo un tiempo, y ahí dijimos nosotros: ‘Tenemos que recuperar esa tierra’, porque la cultura del campesino es que trabaje la tierra, que produzca alimentos, que la cuide, y que allí pues tenga su Soberanía Alimentaria para su núcleo familiar (…)
(…) Pues nosotros… como mirando experiencias, digamos, a nivel departamental y nacional, consideramos que se trabajara una figura colectiva, porque habíamos visto experiencias con otros procesos, que a la gente le entregan un pedazo de tierra, unas determinadas hectáreas, y ya cuando tienen establecido, digamos, algunas mejoras, o algunos avances en esos predios, ellos los venden; o sea, se vende la tierra y entra otra persona, y entonces no hay como un orden, un reglamento de que tenga control en eso, y los procesos se quedan allí, o se caen, o no avanzan. Entonces nosotros la idea era de trabajar esto de esa forma… de manera colectiva, que la propiedad sea de todos, que la tierra sea de todos los que integramos el proceso, con el ánimo de pegar más identidad, más sentido de pertenencia, mejor uso por la tierra.
Nosotros tenemos este predio en Bolo blanco (...) 470 hectáreas, que hacen parte de las Zonas de Reserva Campesina, pero estamos trabajando con compañeros de esta comunidad que también quieren sumarse a la propuesta de la creación de las Zonas de Reserva Campesina, que igual no están dentro del proceso como tal, pero que hacen, digamos, parte de nuestro corregimiento” (Ramírez, 2017).
Los habitantes del corregimiento recuerdan el planteamiento del territorio de Florida y Pradera como área dentro de un posible despeje asociado al canje humanitario de políticos y militares retenidos por las FARC-EP en el año 2006. Dicha situación se da en el contexto de la desmovilización de los paramilitares en el año 2005 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de numerosas críticas por parte de la opinión pública al proceso de Ley de Justicia y Paz. Para el corregimiento de Bolo Blanco significó inversión en proyectos productivos, de la mano del empresario Henry Acosta, quien a través del proyecto Recursos para la paz, llegó a la región también con el objetivo de mediar en este contexto:
“en el año 2006, desde el 2005, 2006, hubo un proceso de diálogo secreto entre la insurgencia de las FARC y el Gobierno, y se había planteado que Florida y Pradera fueran municipios a despejar, hasta el auto-atentado que se dio en la Escuela Superior de Guerra en el mes de octubre, ahí finalizó el proceso de despeje de Florida y de Pradera, de hecho, el Gobierno lo que quería era despejar Cumbarco, en Sevilla, entre Sevilla y Tuluá.
(…) Eso, entonces fue en el 2007, entonces gracias a la exploración que se había hecho, y a través del mediador, Henry Acosta, para… digamos, facilitar las relaciones entre el Gobierno Uribe, la exploración secreta, y la insurgencia de las FARC, se creó ese proyecto, que fue un proyecto de vice-Presidencia, que ustedes lo pueden buscar, así que la vice-Presidencia en su momento, en el año 2007, apoya no solamente a Bolo blanco, sino a otras partes del país, pero eso fue a través del diálogo exploratorio” (LÓPEZ, 2017).