El departamento del Valle del Cauca posee 2’075.805 hectáreas, distribuidas en 42 municipios, cuya población total rural es de 27,35 %. Su producción agrícola municipal en el año 2016 ascendió a 20’506.540 toneladas, siendo los principales productos cosechados la caña azucarera con 93,5%, seguidos del plátano, la piña, los cítricos y el maíz (UPRA, 2017).
Respecto a la estructura de la tenencia de la tierra, como lo muestra el Gráfico 1, la mayor cantidad de predios ubicados en el rango de media hasta una hectárea, es decir, minifundio, suman en total 156.512 propietarios, con 119.298 predios, contabilizando apenas 21.691 hectáreas. Mientras que apenas 17 predios con la misma cantidad de propietarios corresponden a 814.965 hectáreas, el 39,26% del total de hectáreas del departamento. Dichos predios (que no corresponden a territorios colectivos ni resguardos) se encuentran ubicados especialmente al occidente del departamento (Ibid.). Estos datos reflejan una estructura profundamente desigual en torno a la distribución de la tierra, panorama similar al resto de Colombia.
Gráfico 1: Presentación UPRA, Unidad de Planeación Rural Agropecuaria
A pesar de contar con datos extraídos del Tercer Censo Nacional Agropecuario, este no hace una diferenciación de la zona plana, donde se ubican cultivos agroindustriales extensos, principalmente de caña de azúcar y de la zona de ladera, donde habita la comunidad campesina, siendo el promedio de hectáreas por cada Unidad Productora Agropecuaria de 22 hectáreas. En el caso de la zona de ladera del municipio de Pradera, de acuerdo al Diagnóstico Integral Rural Participativo, el promedio de tierra es de 3,44 hectáreas, siendo que la UAF para la zona de ladera con alturas comprendidas entre 1000 y 2000 msnm, está entre 9 y 13 hectáreas. El 41,8% de los predios que se encuentran dentro de la delimitación propuesta como ZRC son microfundios y el 35,8% son minifundios, siendo que la principal forma de tenencia de la tierra en la parte alta del municipio es “ocupación” (ASTRACAVA, 2017). De acuerdo al contexto histórico, la ocupación ha contribuido históricamente a la democratización de la tierra – siendo uno de los propósitos de la Reforma Rural Integral, punto 1 del Acuerdo Final-, en la transformación de tierras ociosas e improductivas en manos de narcotraficantes, ahora destinadas a campesinos y campesinas sin tierra a través de un ordenamiento territorial campesino popular.
Por otro lado, comparando los datos del Tercer Censo Nacional Agropecuario y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 2002, el área correspondiente a actividades agrícolas se ha expandido en aproximadamente 5000 hectáreas en 12 años, del que apenas un 7% corresponde a zona de ladera. Dicha expansión correspondería principalmente a los cultivos de caña de azúcar, afectando con ello la seguridad y soberanía alimentaria de la población, así como el trabajo campesino (ASTRACAVA, 2017). En la zona de ladera se observan cultivos transitorios como frutales, hortalizas, cereales. También ganadería multipropósito. Es de destacar que ASTRACAVA lidera un proceso de comercialización de café llamado Café Soberano, iniciativa que nace a partir de la apuesta por crear canales de comercialización propios de los productos campesinos de la región. La Zona de Reserva Campesina de Tuluá hace parte de esta apuesta.
El proceso de recuperación de tierras que conforma la Asociación de Parceleros de la Finca San Julián fue realizado por población campesina, arrendatarios y trabajadores de las haciendas de la región. En la actualidad, existen en la finca 27 familias, que llegaron en un principio de diferentes veredas del municipio de Pradera, y otros municipios del departamento del Valle del Cauca y luego de distintos departamentos como Tolima, Cauca, Nariño, Caquetá. La composición de este proceso de recuperación de tierras es descrito así por Hugo Ramírez, quien es integrante del Comité agrario y uno de sus principales impulsores (2017):
“La mayoría de familias sí son de por aquí del Valle, y hay unos compañeros que vienen del Cauca, son compañeros que han tenido dificultades en procesos, digamos, que fueron desplazados a través del conflicto que se debió tener en el Cauca, llegaron acá, y ellos pues también ayudaron a fortalecer el proceso como tal, porque tenían pues experiencia de la recuperación de tierras, de organización, de la creación de comités, del trabajo, entonces pues nos han ayudado bastante”.
El municipio de Pradera fue fundado el 15 de octubre de 1862, por Rafael González Camacho, Sergio Carvajal, Sixto María Sánchez, Sixto Prado Concha, y Apolinar Obregón (Plan de Desarrollo Municipio Pradera, 2016), tiene una población estimada de 55.839 personas con una densidad poblacional de 149,45 personas por km2. Aproximadamente el 13,05% de la población vive en la zona rural dispersa.
La composición demográfica del municipio de Pradera según el censo realizado en 2005 indicaba que un 31,4% de la población se reconocía como Raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente; el 1% se reconocía como población indígena, que corresponde a la comunidad del Resguardo Indígena Kwet Wala Dxüus Yat Nasa. El correspondiente 67,6% corresponde a población mestiza.
Un porcentaje importante de la población rural del municipio de Pradera es campesino, sin embargo, no existen datos oficiales que permitan caracterizarla, dado que desde el Estado se ha invisibilizado al campesinado, impidiendo que exista para las instituciones demográficas y de planeación estatales, lo que niega su calidad de sujeto de derechos. Sin embargo, las organizaciones campesinas han venido luchando para que se incluya la categoría del campesinado dentro de los censos de población.
De esta manera, el 23 de noviembre de 2017, 1700 campesinas y campesinos formalizaron una tutela para ser incluidos dentro del Censo programado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) a ser realizado en el 2018, con el objetivo de ser reconocidos como sujetos de derechos explícitos en el marco de las políticas públicas colombianas. A su vez, y en consonancia con este hecho, el 29 de noviembre, mediante Resolución Nº 1817 de 2017 el Ministerio del Interior crea un grupo interno de trabajo denominado “Grupo de asuntos campesinos”, que entre otras tareas se encargará de: “Asesorar en la formulación y apoyar el seguimiento de la política pública orientada a la protección y desarrollo de la diversidad cultural para la población campesina, que vele por su integridad y promueva sus derechos”. Se espera que el DANE atienda favorablemente las solicitudes del campesinado y las decisiones judiciales e incluya en los próximos censos de población categorías para caracterizar al campesinado en Colombia.
A partir de elementos construidos por parte de la Mesa Campesina del Cauca, CIMA –PUPSOC, materializados en la conceptualización que realizó el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH (2017) a propósito de la inclusión del campesinado en el Censo DANE 2018, podemos ver que, el campesinado en Colombia se constituye históricamente, a partir de varias dimensiones.
En inicio, una dimensión sociológico-territorial, que expresa un involucramiento del campesinado con la tierra y territorialidades expresadas en comunidades, veredas, corregimientos, minas, playones; asimismo el campesinado se distingue de sistemas agroindustriales y latifundistas y conforma varias comunidades: agro-mineras, agro-pesqueras, agrícolas, etc. Por otro lado, en su estrecha vinculación con la naturaleza a partir del trabajo en las actividades agrícolas, se evidenciaría en definiciones que expresarían la diversidad de esas relaciones con la naturaleza, por ejemplo “campesino ribereño, campesino sabanero, cienaguero, costeño, paramuno o calentano” (ICAHN, 2017, p. 3).
Una dimensión socio cultural, pues las formas de vida campesinas se expresan en características culturales fácilmente evidenciables, los campesinos y campesinas son pluriétnicos, pues comparten territorio, así como costumbres e identidad con diferentes pueblos étnicos, como indígenas y afrodescendientes que explican su multiculturalidad, son construidos también a partir de la riqueza cultural de las diferentes regiones y departamentos de Colombia, así como también son legatarios de los vínculos a partir de su ascendencia, de sus ancestros que heredan de generación en generación.
La dimensión económico–productiva hace referencia a esa relación con la naturaleza mediada por el trabajo pero que incluye una alta gama de actividades y servicios, por ejemplo, vinculadas con la biodiversidad y la producción de alimentos. La familia y la vecindad es un espacio fundamental para la relación unidad de producción / consumo que se nutre de esas relaciones histórica y socialmente construidas como acervos generacionales de memoria que se siguen transmitiendo y que permite generar otras relaciones con los mercados y con el mismo modo de producción capitalista.
La dimensión organizativa – política involucra al campesinado como un sujeto participativo y negociador en torno a la exigibilidad de sus derechos como ciudadanos, diverso en sus acciones en relación con entornos rurales y urbanos, mediado por las migraciones e interacciones con otros actores rurales y permanecen como formas de vida campesinas a partir de circuitos como festividades, trabajo colectivo e intercambios. Sus reivindicaciones han sido históricamente construidas, entre otras cosas, porque las movilizaciones y su afirmación como sujetos ha sido constante, pues ninguna lucha por la tierra se desactiva.
De acuerdo por datos recogidos por la Alcaldía de Pradera y compilados por ASTRACAVA, la precaria cobertura en salud en el sector rural del municipio de Pradera está dada por 14 puestos, siendo que el más cercano al de Bolo Blanco sería el de La Feria, dado que allí no existe puesto de salud, ni se realizan brigadas periódicas. La atención no es permanente y se da por las visitas de las y los promotores de salud cada 3 meses, algunos corregimientos de la ZRC tienen infraestructura de puesto de salud pero este no está en funcionamiento y en general, la percepción de la mayoría de la población rural afirma no tener cerca ningún puesto de salud.
En términos de vías de acceso, la gran mayoría de vías no son transitables en época de lluvias, alternando la movilidad por caminos de herradura y el uso de bestias de carga para el transporte de alimentos. La energía eléctrica apenas existe para 66% de la población dentro de la ZRC y 10,4% no cuenta con ningún tipo de suministro. En cuanto al agua potable, apenas el 20% de los corregimientos Bolo Azul, Bolo Blanco, El Arenillo, El Nogal, La Fría, La Tupia y San Antonio ubicados en zonas de ladera, tiene acceso a este derecho gestionado por los acueductos rurales y la comunidad no cuenta con saneamiento básico, siendo este un factor de contaminación por coliformes del río Bolo. No existe tratamiento adecuado para el descarte de envases de agrotóxicos y la empresa de aseo público hace un recorrido cada 8 días sólo en los corregimientos cercanos al casco urbano.
En torno al balance educativo, para el 2015, apenas el 9% del total de estudiantes, correspondiente a 773 jóvenes, estaba estudiando en las 4 escuelas rurales del municipio, siendo que en el territorio de Zonas de Reserva Campesina el 43,1% de las personas considera que estas están en buen estado, 36,9% regular y 12,3% malo. La escuela Rosa Zárate de Peña en el corregimiento de La Ruiza no se encuentra en funcionamiento y apenas la sede Lomitas tiene un buen estado de funcionamiento. En Bolo Blanco, la sede educativa requiere mantenimiento urgente de techos, pisos, paredes y batería sanitaria (ASTRACAVA, 2017).