La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, estuvo presente en más de 500 municipios, fue “el mayor prestamista del campo” (Indeterminado, Portafolio, 2018) teniendo su mayor éxito en el lapso de los sesenta y ochenta, pasando por una crisis económica en 1998 -1999, siendo el gobierno presidencial de Andrés Pastrana (1998- 2002) quien decidió liquidarla.
La familia Valencia García obtuvo la tenencia de la tierra en el año 1942, No obstante, está fecha está contemplada en el periodo político 1936 -1961, lapso en el que se dio el inicio de leyes de tierras en Colombia, entre ellas la ley 200 de 1936 y la ley 100 de 1944.
La primera, denominada “ley de tierras” que buscaba atender la problemática de dominio y concentración de la propiedad rural, estableciendo la figura de “extinción de dominio” de terrenos baldíos. Durante esta década, las vivencias acaecidas fue el ascenso del partido liberal al poder, lo cual suscitó cambios constitucionales, promoviendo un proceso de renovación político y social, que trató el problema agrario y renovó la legislación agraria que venía desde la colonia, generándose un ambiente de líderes y luchadores agrarios, permitiéndose a los gobiernos liberales “introducir reformas para ordenar los derechos de propiedad” (Machado, 2.009:123) y la “posesión de terrenos baldíos.”
La segunda, incluyó elementos distintos a la concepción de Reforma Agraria (RA), en correlación con periodos anteriores, considerando la redistribución de la propiedad y una relación legal de trabajo entre el propietario y el trabajador, en la que los contratos ya no serían de manera verbal si no por escrito y reconocido ante un juez o un notario, restituyendo los contratos de aparcería, cosecheros, agregados, arrendatarios o según como se denominaran en la respectiva región del país, en estos, se pensaba en la escases de la mano de obra para los propietarios y con esta ley se definían los derechos y obligaciones de los trabajadores y se trataba de garantizar el derecho de propiedad”. De este modo, el campesino seguía atado a una tierra que no le pertenecía y lo mantenía en situaciones precarias, viviéndose en los territorios una estructura agraria predominantemente concentrada, aunque menos que en el año treinta.
Los conflictos agrarios tuvieron su manifestación más violenta durante la década de los cuarenta, viéndose inseguridad en el campo debido a que como lo señala el entonces director de la Caja de Crédito Agrario, Miguel López Pumarejo, aseveró que:
Los propietarios de las haciendas enfrentan (…) ocupaciones de tierras por quienes comúnmente son denominados colonos. En la mayoría de los casos las ocupaciones las realizan los individuos que quieren ser propietarios pero que, o por ignorancia o por falta de otras oportunidades, para satisfacer su aspiración, comienzan por desconocer el derecho a la propiedad privada (Gilhodés, 1970: 19).
Esta situación fue la respuesta de los trabajadores que se vieron inmersos en amenazas de expulsión que conllevan a la inestabilidad en materia de vivienda digna, acceso a la salud, los peones agrícolas trabajaban de doce a catorce horas diarias y el ingreso era hasta un 40% menos que en la década anterior al año cuarenta, está situación se vivió por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca y conllevó a que “Muchos campesinos, especialmente jóvenes, se movilizaron desde el sur y el oriente del país hacia las principales ciudades y las zonas cafeteras de Antioquia, Caldas, Tolima y Valle” ( Machado, 2009: 251), esta realidad, devela pobreza.
En la actualidad, en Colombia sigue haciendo falta reformas económicas, que incluyan reformas agrarias, en las que se democratice el crédito y sea el campesinado un sujeto de derechos que pueda acceder a la tierra y que tenga reconocimiento social.