En la región chiquitana, la defensa del territorio se debía al embate de diferentes actores externos, por lo que puede comprenderse que se apropien las modalidades organizacionales disponibles, sin dejar de lado el sentido comunitario de los asentamientos y la pertenencia chiquitana. Don Esteban Choré, se refiere a los propietarios que habían sido afectados por la reforma agraria y la organización sindical, “así también se hizo respetar la zona, porque había mucha gente propietarios, por decirle, ricos que tenían plata querían adueñar acá, a Lomerío, incluso querían como dice, con toda la gente, y es pues para explotarlo a la gente indígena”. Pero la resistencia que ofrecieron las organizaciones comunales en Lomerío, no sólo lograron superar un sistema de explotación y servidumbre feudal, sino que se extendieron al resguardo de su “Casa Grande”, el bosque y los recursos naturales. Esteban Chivi Chivi, se refiere al conflicto con terceros,[1] “bastante maderero entraban a sacar la madera preciosa como es roble, el cedro, el nogal principalmente, entonces y nadie sabía si tenía permiso, no tenía permiso, nosotros mirando como dueños. Pero la lucha de la organización ya estaba [iniciada por] las cosas que pertenecían a los comunarios y a las comunidades”.
Los años ochenta para las comunidades de pueblos indígenas marcó una apertura internacional muy importante en cuanto al reconocimiento de sus “derechos colectivos” y además, el acceso a fondos de cooperación internacional que apostaban por implementar las políticas conquistadas a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su discusión respecto a los pueblos indígenas y tribales. Don Miguel García, que había ejercido la dirección nacional de la CIDOB en el año 1986, coincidentemente fue invitado a escenarios privilegiados, “yo estuve en una reunión en Ginebra para ver el trabajo de la OIT, teníamos el convenio 109, ahora lo que es el convenio 169, ahí yo vi que los tratados internacionales estaban a favor de los pueblos indígenas, eran 120 países, puros de los pueblos indígenas… porque en Bolivia nunca se habló de lo que era el territorio, se hablaba del territorio, pero era nacional”.
Estas concepciones incidieron en la legislación agraria, la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (1996) modifica sustancialmente la reforma agraria de 1953 e incorpora enormes avances en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres a la tierra y el territorio. En el caso de Lomerío, la ley INRA implicó la posibilidad de concretizar su reivindicación y demandarle al Estado boliviano, la dotación de 300 mil hectáreas de tierra, como Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
El logro de la titulación en el año 2006, no sólo coincidió con la llegada al poder de Evo Morales, reconocido internacionalmente como el “primer presidente indígena”, sino que la legislación internacional siguió avanzando y se hizo la Declaración Universal de la ONU sobre Derechos de los pueblos indígenas, que el Estado boliviano ratificó con la Ley N° 3760 del 7 de noviembre de 2007. El gobierno boliviano impulsó la incorporación de muchas personalidades indígenas al escenario político y la representación de las organizaciones indígenas y campesinas, ingresó a una franca pulsión por el ejercicio del poder. En la gestión 2008 se instaura una Asamblea Constituyente por la plurinacionalidad del Estado, pero las naciones indígenas originarias, contabilizadas en 36 fueron corporativizadas a cinco organizaciones matrices. Si bien se iniciaba un proceso de transformación del sistema político tradicional, nuevas pugnas político-partidarias y de agrupaciones sociales, se instauraron, retrasando la reivindicación de los pueblos indígenas por la autodeterminación de sus territorios.
El logro de la titulación como TCO fue menoscabado y la nueva constitución impuso la conversión de las 190 demandas de TCO, que al 2009 acumularon al menos 22 millones de hectáreas equivalentes al 20% del territorio nacional, a Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOCs), para recién habilitarse a demandar la autonomía indígena.
Todos los pueblos indígenas, se vieron en la disyuntiva de reducir sus aspiraciones reivindicativas a los municipios de la administración política del Estado o insistir en el reconocimiento de sus territorios. Lomerío se decidió a tener como objetivo máximo la autonomía indígena, subordinando al municipio política y territorialmente, y recientemente ha formulado su Estatuto Autonómico como Nación Monkoxi.
[1] Denominación que se utiliza para referirse a personas ajenas a las comunidades indígenas y que habrían logrado sostener su propiedad individual, demostrando el cumplimiento de la Función Económica y Social (FES) de sus estancias.