El inicio
La “Comisión Vecinal Sin Tierra” nació en 1995 el predio de la iglesia de San Isidro de Labrador conformado por los jóvenes catequistas de la misma. Los sacerdotes Juan y Pedro Segovia Britez fomentaron este nacimiento viendo que había demanda de tierra y que cerca de los 20 aserraderos que pertenecían en la Industria Paraguaya iban a cerrar.
Efectivamente los aserraderos cerraron a mediados de la década de los ’90 del siglo XXI, y la Industrial Paraguaya, la dueña de los mismos, donó dos fincas, entre ellas la Finca 53 al Ministerio de Defensa Nacional que tenía previsto convertir ese espacio en una reserva militar que sería administrada por la Fundación Moisés Bertoni[1] .
De ese modo, la Comisión fue fundada el 19 de marzo de 1995 conformado por 600 personas[2], entre jóvenes y campesinos que trabajaban en el sector de agropecuario, que solicitaban parte de las tierras de la finca matriz 53 pero que para eso debían ser expropiadas o desafectadas.
Desde el inicio, la lucha por la tierra fue complicada pues había voces que se oponían a la Comisión y que decían que esas tierras eran fiscales y por ende el procedimiento era otro a la expropiación. En cambio la exportación o desafectación se debía hacer mediante proyecto de ley en el Parlamento. Por ello, la comisión primero debía comprobar que efectivamente esas tierras contaban con título previamente a la donación a los militares.
“Ellos (los senadores) nos pedían copia de título (de la propiedad); entonces tuvimos que hacer una investigación, lo logramos contra todos los medios. El ex administrador de la Industrial Paraguaya era el Capitán Bobeda, conseguí la dirección de ese señor y fuimos con el primer equipo de Comisión a su casa, hablamos con él y le pagamos para que nos haga la copia del título y la copia del plano. Ya con esa herramientas avanzamos muchísimo”, recuerda Ana Mujica, fundadora de la Comisión y quien en ese entonces ejercía como secretaria de Actas.
Pedido de desafectación
Al contar con los documentos que demostraban que esas 2.000 hectáreas eran parte de la Finca matriz 53, que contaba con un propietario y que no era fiscal, la Comisión Vecinal Sin Tierra hizo todas las gestiones con algunos senadores, tanto del partido liberal como del colorado[3], para que sea posible la aprobación del proyecto de ley de desafectación de las tierras reclamadas. Para ello, contaban con reuniones en la Iglesia de Curuguaty donde les explicaban las necesidades de tierras del lugar.
Una de las excusas de los militares para no entregar los predios, era que esas tierras serían destinadas a convertirse en una reserva natural y que sería el pulmón de Curuguaty. Sin embargo, por el año 1997 la Comisión Sin Tierra se enteró que los militares estaban vendiendo la madera de los árboles que aún quedaban en la propiedad. En ese momento Ana contrató una persona para filmar esa actividad y luego con ese material fue al parlamento y donde los periodistas a denunciar.
(...) “Logramos la desafectación por allá por el ‘99 por lo menos nuestra ley salió todo perfecto en el Parlamento, en el Senado y en Diputados. Pero sube (el presidente) Cubas Grau[4], en agosto del ’97, y vetó nuestro proyecto de ley, y vuelve al senado, (donde) perdimos por poquísimos votos. En ese momento se instala otra vez la nueva (Asamblea) y teníamos que esperar un año para volver a gestionar y fue una decepción tan grande, para nosotras, para el equipo. La comisión tuvo que enfrentar un año con esa gente desesperanzada”, relata Ana.
Desafectación lograda
Durante las protestas de “Marzo Paraguayo” en 1999, que entre otras cosas pedía la renuncia de Cubas Grau, la Comisión participó en las mismas, lo que fue reconocido por los parlamentarios.
Tras las protestas, los miembros de la Comisión iniciaron una protesta durante seis meses en la plaza que está frente al Parlamento para que se inicie nuevamente el tratamiento del proyecto de ley de la desafectación.
“Tuvimos que hacer a parte del campamento de resistencia de acá en Asunción frente al parlamento, de julio a octubre vivimos en campamento. Si nosotros no presionábamos veíamos que no se iba a lograr entonces sí o sí teníamos que estar en esos lugares. Se logró la (aprobación de la ley de) desafectación de esas tierras el 19 de septiembre del año 1999”.
En la ley de desafectación se distribuyó del siguiente modo: 2.000 hectáreas para que el IBR 1.600 pueda distribuir, en modalidad de venta, a los colonos en lote finca; 200 ha a título gratuito para la ciudad de Curuguaty y 100 ha para el Ministerio de agricultura y ganadería para construir servicios que beneficien a los campesinos.
La ocupación
Debido a problemas internos dentro de la Comisión Vecinal Sin Tierra hubo una división, la misma que inició después de que el primer proyecto de ley de afectación se quedara sin efecto (1997), cuando varios miembros se alejaron de la lucha.
“Nos replanteamos porque hubo una división de la comisión vecinal por cuestiones personales. Nos tocaba reestructurarnos ante el IBR. Al replantearnos el 1 de marzo del 2000”.
De ese modo, el 1 de marzo amaneció con varias carpas instaladas ya en los predios que había sido desafectados y que estaban siendo demandados.
La ocupación respondía a que había un conflicto entre la Municipalidad de Curuguaty con el IBR, que se disputaban la administración de las tierras. Por ese motivo el IBR no realizaba las mediciones de las tierras y la distribución correspondiente a los miembros de la Comisión.
“Queríamos (primero) que el IBR nos haga la mensura y luego hacer la ocupación de las tierras, pero no pudimos por lo que tuvimos que reinvadir lo nuestro porque si no iban a entrar otras personas que no gestionaron (las tierras). Había un preplano en el IBR, pero la municipalidad rechazó ese plano. Realmente la que debería atender todas las partes legales (es el IBR). Ya se prohibió la ampliación del casco urbano a 200 hectáreas (que se dotó) a título gratuito y el resto era del IBR (…) Nosotros nos quedamos con el IBR que nos tenía que vender; si nosotros hicimos la gestión por qué tiene que administrar la municipalidad. Ya le donamos (200 ha) al municipio”.
Mujeres a la vanguardia
La toma de las tierras duró más de un año, tiempo en el que los colonos sufrieron constantes agresiones por parte de los militares que se oponían a que las tierras sean distribuidas a los de la Comisión. También llegaban policías con órdenes de aprehensión, principalmente de los hombres.
La Comisión tenía como estrategia de que las mujeres vayan a la vanguardia, porque con ellas no eran tan agresivos.
“Nunca enfrentábamos a los hombres con los militares y policías, siempre les decíamos ‘ustedes por detrás y nosotras por delante’. Porque a los hombres les mandaban presos. No les permitíamos a los hombres estar (adelante). Estábamos cansadas de que siempre a los hombres les maten, les manden a la calle y las mujeres se queden desamparadas. Por eso aprendimos que las mujeres tenían que ser las valientes ahí”, relata Ana.
De ese modo había como unas 80 mujeres liderando la lucha, entre ellas se puede mencionar a la abuela Adolfina, Ana, doña Claudina, doña Narcisa, Adriana, Crescencio Mascareño, doña Angela, Doña Obdulia, Daniela Delvalle, doña Salvadora, doña Modesta Pera, Mauro Melgarejo, Claudia, Cristian Wasch, Marilda Benítez, doña Mirtha y su hija Mirna, quienes incluso arriesgaron su vida.
Doña Claudina era una de las mujeres que siempre iba adelante en todos los conflictos. “Nos enfrentábamos con la policía, con los militares, con la gente mala. Les dábamos patada y todo”, cuenta doña Claudina.
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“A partir de la ocupación, en forma pacífica y continua, hemos recibido varios cañonazos de parte de los militares. He denunciado a la fiscalía de Curuguaty, el cual algunos que otras balas que no fueron explotadas cerca de nuestro campamento hemos entregado la Fiscalía, pero ésta optó por devolver al cuartel. Ningún militar fue por eso preso, al contrario”, dice la dirigenta.
En ese panorama también comenzaron a criminalizar a los dirigentes. Por ejemplo, por la destrucción de mojones que hacía la Comisión, los militares demandaron por robo a Ana, que nunca fue comprobado.
Frente a las constantes agresiones, en el conflicto intervinieron nuevamente organismos de derechos humanos. De ese modo, mediaba Alfonso Resck de la Comisión de Derechos humanos.
Tierras para personas con discapacidad
Una de las características de la Comisión Sin Tierra es que muchos de sus miembros contaban con personas con algún tipo de discapacidad. De las 460 familias, 30 estaban compuestas por personas con enfermedades graves. Asimismo, había algunas familias que por diversos motivos vivían en la marginalidad y que gracias al asentamiento salieron de esa situación.
“El cura párroco me dio mucha responsabilidad, empecé a juntar a todas esas personas que tenían problema reales y eso nos sirvió para convencer a los senadores y convencerle a los parlamentarios. Respetando a toditos lo que tenían problemas y demás, para nosotros era sagrado el tema de las personas con discapacidad,”.
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Inicio de la titulación
El proceso de ocupación de las tierras duró más de un año. En ese tiempo se combinaba la resistencia de la toma con reuniones tripartitas entre la municipalidad, el IBR y la Comisión Vecinal Sin Tierras.
Tras las reuniones y Asambleas, comenzaron a hacer la mesura de las tierras desafectadas. Se quedó en distribuir entre tres a cuatro hectáreas por persona, en la medida de la posibilidad que ésta pueda pagar. Fueron 450 familias beneficiadas.
“La lucha fue tenaz con muchas dificultades económicas, donde gracias a las amistades y a la buena gestión hemos podido llegar a un final feliz”.
En ese momento la Comisión negoció con el IBR para que se mantenga un precio fijo por hectárea para todos los postulantes a colonizadores miembros de la Comisión. “El Estado puede administrar más barato, hay que entender qué función cumple el Estado, que es tierra privada y como el Estado puede interceder por sus ciudadanos y ahí está el cambio, ahí se siente el cambio”.
Una vez que se solucionó el conflicto, los miembros de la comisión iniciaron créditos bancarios para pagar las cuotas de sus terrenos.
“Había gente que desde ese momento ya podía pagar (sus tierras), yo empecé a pagar a partir de 100 mil guaraníes. En el 2005 yo ya cancelé la primera (cuota) fue mil después dos mil, tres mil y así sucesivamente. No me alcanzó para tres hectáreas. Yo retiré mi título por el año 2008 más o menos”, cuenta Ana.
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[1] La Fundación Moisés Bertoni (FMB) es una asociación privada y sin fines de lucro que, entre otras actividades, administra reservas tanto estatales como privadas en diversos puntos de Paraguay.
[2] La Comisión vecinal Sin Tierra se creó con expediente madre 6565/95.
[3] Las dos fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa de Paraguay.
[4] Raúl Alberto Cubas Grau fue presidente constitucional de la república entre el 15 de agosto de 1998 y el 28 de marzo de 1999 por la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC). Su gestión fue muy complicada debido a que se generaron protestas, que comenzaron por el asesinato de Luis María Argaña (23 de marzo de 1999) su vicepresidente con quien tenía notoria enemistad, y que luego derivo en la gran protesta conocida como “Marzo paraguayo” que terminó con el asesinato de siete muertos contrarios al Gobierno, motivo por el cual el presidente debió renunciar.