El asentamiento San Isidro Labrador o, también llamado por sus habitantes, Marzo Paraguayo está ubicado en el municipio de Curuguaty (originalmente llamado Villa de San Isidro Labrador de los Reyes Católicos de Curuguaty) del departamento de Canindeyú, Paraguay. Está a 244 kilómetros de distancia de la ciudad de Asunción, capital del país.
Canindeyú está situado en la zona noreste de la región Oriental paraguaya. Limita con Amambay y Brasil hacia el norte, con Caaguazú y Alto Paraná hacia el sur, con San Pedro hacia el oeste y con Brasil al este.
Resultado de la perseverancia y la unidad
Este caso habla de la perseverancia de la Comisión Vecinal Sin Tierra del Asentamiento de San Isidro Labrador o Marzo Paraguayo, ahora denominada Comisión Vecinal de Desarrollo San Isidro Labrador, que ha luchado por más de cinco años para acceder a la posibilidad de comprar tierras en un país con mayor grado de desigualdad en la distribución de la tierra[1].
La “Comisión Vecinal Sin Tierra” estaba compuesta y liderada principalmente por jóvenes, mujeres y hombres, quienes no contaban con tierras propias y vivían en casa de sus padres, o por campesinos agrarios.
Su lucha comenzó en 1995 solicitando la desafectación de tierras que anteriormente formaban parte de un aserradero y que fueron donadas al Ministerio de Defensa. Que las destinó a ser una reserva. Por ello, la Comisión Vecinal planteó una propuesta de Ley de desafectación de las mismas en el Parlamento de Paraguay, que debido a una serie de problemas y a la influencia política, se promulgó recién en marzo de 1999.
Pese a este primer logro, pasaron dos años más para que, después con una disputa con la Municipalidad de Curuguaty que quería administrar todos los lotes, los miembros de la Comisión vean posible su acceso. Para ello, tuvieron que hacer una toma pacífica de las inmediaciones la cual fue respondida con violencia por parte de las militares y de los policías.
Gracias al esfuerzo y a la unidad de los miembros de la Comisión, tras un año de la ocupación de sus tierras y de soportar las represiones, consiguieron que la posibilidad de compra de sus tierras con títulos individuales. De ese modo, miembros de la Comisión pudieron acceder a 1.600 ha, que quedaron en manos del INDERT. Además, 200 ha fueron donadas a la municipalidad, donde, entre otras cosas, se construyó infraestructura para la Universidad Nacional de Canindeyú (Unican).
Las 1600 ha restantes fueron distribuidas entre 450 familias, a cuatro hectáreas por familia, aproximadamente, las cuales consiguieron sus títulos de propiedad del Instituto de Bienestar Rural (IBR)[2] entidad administradora de la tierra por ese entonces. En su mayoría, lograron comprar sus tierras con créditos bancarios que pagaron gracias a las ganancias de vender sus productos.
“Lo que tenemos nadie nos regaló, fue una unidad con muy poca plata hicimos grandes cosas gracias a nuestra organización ONAC[3]-CNT”, dice Ana Mujica, fundadora y primera secretaria de Actas de la Comisión vecinal Sin Tierra.
La vida de la tierra
En la actualidad, el asentamiento San Isidro es habitado por 500 familias de las cuales el 70% están desde el inicio de la demanda. Entre sus habitantes, muchos se dedican a la ganadería, otros a la agricultura y otros al aprovechamiento de árboles y a la reforestación.
En este caso se conocerán a algunas de los protagonistas que después de la lucha para acceder a sus tierras trabajaron para consolidar la gestión de las mismas. De esa forma doña Claudina Rodríguez desde la agricultura planta maíz, banana, mandioca y otros productos; Mirtha y Mirna Martínez, madre e hija respectivamente, trabajan en la reforestación de árboles de los que aprovechan su madera; don Victorino Paredes y sus hijos producen leche que venden directamente al consumidor; y Ana Mujica se dedica a la producción de cabras y a la apicultura.
“No es fácil pero tampoco es difícil porque todo sale de nosotros, el desarrollo no viene de otros sino sale de nosotros, y para eso se necesita tierras para poder cultivar. Y si nos desarrollamos nosotros se desarrolla, el municipio y el país, dice Ana”
[1] “El coeficiente de Gini para la tierra – un indicador entre 0 y 1 donde 1 representa la máxima desigualdad– es de 0,79 para el conjunto de la región, siendo 0,85 en América del Sur. Según este indicador, Paraguay (con un coeficiente de Gini de 0,93) es el país donde la tierra está peor repartida, seguido por Chile (0,91) y Venezuela (0,88)”, explica el informe de Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina.
[2] Esta institución estaba vigente de 1963 a 2004. Luego en 2004 fue sustituido por el Instituto Nacional para el Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), organismo de aplicación de la política pública de tierras para familias campesinas.
[3] Organización Nacional Campesina.