Hasta inicios de la década de los 2000, las familias guaraníes que vivían en lo que ahora es la comunidad Pananti eran trabajadoras empatronadas en la hacienda de la familia Lea Plaza, la cual fue dotada en 1974 durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez[1], según información del INRA. El área medía 1.000 hectáreas, abarcaba desde la carretera hasta el pie de monte, que por ese entonces estaba mucho más poblada de árboles.
En esta hacienda vivían las familias de los actuales esposos de Julia y Paula Valdez. Ellas vivían en una hacienda aledaña en Caiza, donde nacieron, al igual que sus parejas, en situación de empatronaje.
“Yo recuerdo, que vivía en Caiza, ahí vivíamos. Mi papá era arrendero, ahí nos hemos criado, mi padre era empatronado y nosotras también, sirviendo a los patrones”, cuenta doña Paula quien actualmente es la segunda Capitana de Panantí.(...).
La masacre de Pananti M.S.T.[3]
Desde la llegada de los migrantes del norte del país, agrupados en el M.ST., comenzaron los problemas entre éstos, los indígenas guaraníes y los campesinos del lugar, estos últimos respaldados por los hacendados[4]. Los campesinos de Yacuiba no querían compartir pues consideraban que la tierra no alcanzaría, pues entre todos sobrepasaban las 300 hectáreas. A los pocos meses se presentaron, los campesinos del lugar intentaron, al menos, cinco veces sacar al M.S.T. de la propiedad.
Frente a todos los problemas, doña Paula y doña Julia cuentan que los indígenas se separaron de los campesinos y llevaron sus casas cerca del monte.
“Las otras comunidades han venido a comprar Pananti, la pelea no ha sido con nosotros sino con ellos. En el enfrentamiento no hemos tenido nada que ver, hemos estado arrinconados porque ellos (los del M.S.T.) nos atacaban a nosotros más. Ellos han venido talando; venían macheteando. Yo ahí tenía mi casa, mis animales, harto pato, mis pobres animalitos, han sufrido todo. Ellos trabajaban con motosierra[5]”, dice doña Paula que ya vivía en el lugar.
Dos años después del asentamiento del Movimiento Sin Tierra y tras pelea por la tierra, en noviembre de 2001 un grupo de campesinos apoyados por los hacendados[6] de alrededores se posicionó a unos metros del campamento del M.S.T. para expulsar a estos de esos predios.
Ante esa situación, comenzó el enfrentamiento entre estos dos grupos que terminó con, la muerte de seis comunarios del M.S.T. que recibieron certeros tiros en el pecho; y varios golpes en la cabeza acabaron con la vida de Teófilo Urzagasti.
“Otros 20 comunarios resultaron heridos, 14 de ellos con impactos de bala en el abdomen y los brazos, en un enfrentamiento desigual entre un grupo de 30 personas fuertemente armadas con fusiles, carabinas y revólveres, y otro de 250 campesinos que portaban flechas y palos” (La Razón, 11/10/01).
De acuerdo con las denuncias, los propietarios de tierras de la zona contrataron a "paramilitares" entrenados en la Escuela de "Los Cóndores" de Sanandita. Los sindicados como los autores materiales de la matanza fueron Teófilo Urzagasti, Santos Urzagasti y Hernán Prudencio.
Si bien, como relata las hermanas Valdez su comunidad no estuvo involucrada en el momento del enfrentamiento, también sufrió las amenazas de Urzagasti días previos al conflicto.
“Nosotros teníamos miedo, él decía ‘el primero que se quiera adueñar (de las tierras), esto se va hacer cargo’, nos mostraba el arma. “Él era el que mandaba aquí, venía cada vez, daba vuelta en toda la propiedad. Era su gente de él (del dueño). Era malo, él era el que me amenazó a matarme, por culpa de él mi bebé ha fallecido”, relata Julia que perdió a su bebé en el séptimo mes de gestación debido a que Urzagasti la apuntó con un arma.
Además de amenazar a doña Julia también amenazó al esposo de doña Paula, sin embargo ésta cuenta que el hermano de Teófilo Urzgasti era bueno y tenía intención de ayudarles para que ellos se queden con tierra frente a los del MST.
“Él quería ayudarnos a conservar nuestra tierra, como guaraníes que tanto tiempo hemos estado, nos conocía. Quería ayudarnos por eso estaba metido también. El que ha muerto, era portero, quería sus vacas, él quería quedarse (aquí), quería que sigamos siendo empleados de él, tenía una charla con el dueño, él era malísimo. Cuando ya estábamos peleando con los del MST, discutiendo con ellos sobre la divisoria, estaba metido quería sacar su tajada. En la parte de Buzuy, otra comunidad, había como 1.000 hectáreas. Él quería que le apoyemos a él, y nosotros no le hemos apoyado, hemos hecho trato con la OTB de los campesinos de Buzuy (…) Él quería quedarse (con las tierras) nosotros no le dimos importancia y ahí empezó a querer disparar a mi esposo y a mi hermana, ahí ha perdido el bebé. Nosotros hemos hecho un acuerdo con los campesinos de allá y hemos dicho no. Es por eso que él se ha enojado con nosotros. Él era un matón, ha matado a mucha gente”, recuerda doña Paula.
Organización de la APG Pananti y defensa por su territorio
Tras el episodio de la masacre, que dejó un clima tenso, continuaron los asentamientos de Pananti MST y el de Pananti APG con convivencia complicada, mientras que los campesinos chaqueños ya no insistieron más.
Para ese entonces los comunarios del MST ocuparon más extensiones de tierra, llegando al pie de monte. Una de sus actividades era la elaboración de carbón para lo que talaron bastantes árboles.
“Los campesinos chaqueños no han querido seguir y nos han dejado solos. Y a nosotros hemos tenido que enfrentarnos solos, continuadamente el problema. Nosotros habíamos hecho una divisoria donde comienza nuestro territorio, nosotros dijimos, esto es una divisoria y esto nos tienen que respetar. Entonces hemos empezado a alambrar y a postear, ellos ya se han levantado ‘Esto es de nosotros’, decían; conforme íbamos cavando poniendo los postes, ellos iban por detrás, sacando. Ellos eran sesenta y algo, nosotros éramos unos cuantitos. Ahí nos han amenazado, ‘si a los otros (los campesinos chaqueños) les hemos podido correr, cómo nos les vamos a poder correr a ustedes que son tan poquitos’”, cuenta doña julia.
Las comunarias cuentan que debido a toda la presión de los campesinos del MST, muchas familias guaraníes se fueron de la comunidad. “No había familias, ellos han hecho escapar a mucha familias (…) Un animal que cruzaba por donde ellos, lo mataban, eran terribles. Hemos quedado 10 familias, pero antes había 50 familias era una comunidad grande, y se han ido de miedo, era terrible vivir aquí, era como un dictador, te decomisaban, no te dejaban pasar. No se podía andar de noche, grave era. Y como nos sabía pelear, ellos (los guaníes) han agarrado sus cositas y se han ido, ¿dónde se habrán ido?
Los hombres han sufrido bastante porque venía la policía y les llevaban, los amenazaban que tenía que salir que no somos dueños y bueno hemos sido tan tercos que nos hemos salido (a la parte donde los del M.S.T. les impedían).
Yo he salido la primera que ha salido. Aquí (donde actualmente vive) estaban los sin tierra y hemos armado la casa aquí. De ahí venía la Policía y le sacaba a mi esposo, lo llevaba por la noche por allá a retarle a humillarle a que salga, nosotros decíamos no, por qué vamos a salir, nos corresponde. Y así muchas veces hemos hecho correr a la policía. Nosotros éramos bien unidos, si su dirigente o la policía venía, y lo buscaba al dirigente, los comunarios se reunían y nunca lo dejábamos sólo a nuestro dirigente. Así hemos ganado a la policía sucesivamente”.
Pese a esa situación, también llevaban a cabo reuniones de diálogo en una comunidad ajena para que no haya presión ni susceptibilidades por parte de la base.
“Había el dirigente del M.S.T. que era don Isidro Cruz y otro señor, ellos eran buenos, él les hablaba a su gente: “Arreglaremos de buena manera. Vamos a ser vecinos, colindantes, dejemos de pelear, arreglemos”, les decía. Pero había otros que decían “a nosotros no nos va alcanzar la tierra, así que tenemos que sacarlo, sigamos no más, si usted está a favor de ellos le vamos a sacar de dirigente’. Bien el señor, él ha ayudado harto para que no sigamos la pelea”, dice doña Julia.
Pelea mediante las leyes
La pelea entre armar y desarmar los alambres divisorios entre Pananti APG y Pananti MST duró tres meses hasta que gracias al apoyo del CERDET, que por ese entonces asesoraba a la APG de Yacuiba, los indígenas se informaron sobre sus derechos y decidieron arreglar este conflicto legalmente.
“El capitán era don Claudio Cuarasi ha sido Capitán grande de la comunidad, yo estaba como centro de mujeres, Armando Perales era de salud, doña Gladis Guarasi estaba como género. Mi tío Luciano Soliz era segundo capitán, que ya falleció.
Ha venido un abogado (de CERDET), nos ha dicho las leyes y de ahí hemos empezado a caminar. Empezamos lo legal con el abogado Umber Catari era un abogado buenísimo, ‘Esto se tiene que pelear así, no tiene por qué enfrentarse’, nos decía. Ya empezamos a trabajar con leyes, nos capacitaba y hemos conocido las leyes. Hemos presentado al INRA de La Paz, Tarija de Yacuiba.
Íbamos a Tarija con doña Marina (Ibañez, Mburubicha zonal), hasta casi lo pegamos al doctor del INRA. De ahí hemos tenido un sí, que íbamos a tener los títulos.
Doña Paula complementa: “El CERDET ya nos ha empezado a capacitar en tema de leyes y ahí dijimos que sí teníamos derecho de tener un pedazo de tierra y que vamos a luchar, uno porque éramos originarios y nos corresponde, y el INRA nunca nos ha preguntado si necesitábamos un pedazo de tierra. Ellos (funcionarios el INRA) venían, los dueños de las haciendas les daban asado, les daban vino y les median la cantidad que querían incluyéndonos a nosotros dentro”.
En el proceso de recuperación de Pananti, en particular, pero del TCO Yacuiba, en general, los indígenas sufrieron discriminación de las autoridades, muchas de ellas provenientes de familias hacendadas.
“Decían que éramos flojos, que no sabíamos ni sembrar, que solo vivíamos de la naturaleza, de la miel, de cazar loro. Hemos sufrido bastante discriminación una vez que nos hemos organizado en el Chaco, pese que somos de acá (…) La primera líder de nosotros, María Ibáñez, es una mujer valiente y luchadora. Gracias a ella nos hemos podido organizarnos. Es difícil tomar el mando como un varón, y ponerse al frente. Hay machismo pero nosotras hemos ganado como mujeres. Nos hemos enfrentado a autoridades, al presidente Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada 1993-1997 y 2002-2003), al director del INRA Tarija y del nacional. Hemos tenido bastante pelea con las autoridades”, recuerda Doña Paula.
La titulación
Previamente a la titulación, Pananti APG se movilizó para obtener su personería jurídica de su comunidad, uno de los requisitos para obtener la titulación colectiva. Pero el proceso de este trámite ha sido también complicado, pues las autoridades no querían otorgarles la personería jurídica porque decían que se trataba de una comunidad con pocas familias, por lo que los indígenas tuvieron que realizar acciones de presión como la toma de la Alcaldía de Yacuiba.
“Hicimos varios trámites en el municipio. Después que hemos logrado, todo hemos tomado la Alcaldía. La personería jurídica nos iba a dar legalidad. Ya estaba otro Mburuvicha grande para que nos dé su apoyo, él nos dijo que no porque éramos poquito, y dijimos que sí lo íbamos hacer (2003). Hemos tomado el municipio. El alcalde era Jorge Arias. ‘Aquí en el Chaco no existe guaraníes, ustedes son campesinos’, nos decía Arias. ‘Nosotros somos guaraníes y nos tienen que respetar’, le contestábamos. Éramos la comunidad indígena Pananti. Había otras comunidades que nos han apoyado en la toma de la Alcaldía. Ahí es donde le pusieron candado a la puerta (de la Alcaldía) y Marina (Ibañez) rompió los candados y dijo “Aquí mandamos las mujeres no los hombres” y ahí rompen los candados con piedras. Ahí (en las instalaciones municipales) nos hemos quedado, no les dejábamos trabajar”, recuerda doña Julia.
De esa forma obtuvieron la personería jurídica. La comunidad Pananti también fue parte de la consolidación de la APG Yacuiba, que luego obtuvo la personería zonal para así continuar con la demanda del TCO. “Hemos peleado la TCO Yacuiba, era de 325 mil hectáreas, creo que ya se ha reducido a 75 mil. Son 21 comunidades. Recién se está recuperando las tierras ocupadas. La resolución como TCO fue en julio del 2007”, dice doña Paula.
En primera instancia, durante el proceso de titulación, el INRA había titulado solamente a los del MST y no así a los guaraníes. Por ese motivo, Pananti APG impugnó esta titulación en instancias superiores, en este caso en el Tribunal Supremo de Justicia, que dio la razón a los indígenas.
“Nosotros hemos impugnado porque el INRA no nos había tomado en cuenta, no había dicho que había un pueblo asentado y con todo ese argumento en Sucre ha salido perdiendo su argumento.
Hemos recibido la noticia de que la titulación del M.S.T. ya no va. Ellos ya estaban preparados con todo con asado con chicha, para ch’allar su título y se paró. Luego ya nos han incluido a nosotros”. De ese modo, se procedió al trámite de dos títulos. Uno para Pananti APG y el otro, para Pananti M.S. T.
Cuando ha venido el INRA a Pananti (a hacer la verificación del terreno, los funcionarios) dijeron toca mitad y mitad. ‘Nosotros siempre hemos dicho nosotros no somos hartos pero tenemos derecho a tener lo mismo que ellos. De por vida hemos vivido, pero no habíamos avanzado porque esto tenía dueño no era porque éramos flojos o no queríamos sembrar’. Y Hemos logrado que nos den (tierra) por igual. Un año hemos estado en reuniones tras reunión para hacer el trámite del título. Hemos seguido y menos de seis meses hemos sacado el título, en noviembre de 2006”, relata doña Julia.
Gracias a la constancia y a la defensa permanente de su territorio, obtuvieron finalmente la titulación colectiva de 310,76 hectáreas que pertenecen a 34 familias. Además, se regularizó la titulación de 211 hectáreas que son de propiedad individual a ocho familias.
Croquis de la Comunidad de Pananti, plano del INRA (Fuente: Plan Comunal de Pananti)
“Hemos ido a orar en el potrero al Ñanderu Tumpa (nuestro Dios). Hemos dejado todo a él, nosotros no estábamos mintiendo, si es que él quiere que nos quedemos con tierra que nos ayude, no nos íbamos a enfrentar. Gracias a Dios todo ha salido bien. Ha sido doloroso enfrentarse a tanta gente y que las autoridades estén en contra de nosotros”, rememora doña Paula aún con cierta tristeza por todo lo vivido.
[1] La dictadura militar de Hugo Banzer Suárez duró de 1971 a 1979. En su periodo benefició de grandes extensiones de tierras a varias familias en los departamentos del Oriente y del Chaco.
[2] Según las entrevistadas, en esa época aún la APG estaba constituyéndose, por lo que muchos de los indígenas estaban mimetizados entre los campesinos del lugar. Es más, doña Julia explica que cuando iniciaron los trámites de compra ella y otros indígenas estaban afiliadas a la Federación campesina.
[3] La masacre de Pananti se trató de un hecho nefasto con consecuencias lamentables y en la que intervinieron intereses específicos. El mismo no se desarrollará en el presente documento y requiere de un estudio en profundidad debido a que aún no se conoce con precisión los elementos que participaron en el mismo y todavía no se ha concluido el juicio contra los responsables intelectuales.
[4] Estas instancias de expresión de intereses de los propietarios de tierras abandonadas, afectados por las ocupaciones, crearon una aparente contradicción entre campesinos con tierra y sin tierra. Los miembros del grupo de poder están vinculados a círculos de poder político (Artículo Primero, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CEJIS, 2001, Pág. 102) (Citado en Miranda, 2002).
[5] Los miembros del MST se dedicaban a la venta de carbón por lo que desmontaban los árboles; asimismo ocupan esas tierras en producir maíz, cultivo que no duraba mucho porque la tierra no era apta para la agricultura.
[6] La presencia de los hacendados en el conflicto responde a que ellos veían como peligroso la presencia de campesinos para sus grandes propiedades, por ello en muchos casos se aliaron con los campesinos del lugar para hacer frente al MST y así que no avancen a otras tierras. “En los años 2001 y 2002 los indígenas y campesinos tuvieron conflictos con grandes propietarios de tierra; los más serios se suscitaron en la Reserva Forestal de El Chore (municipios de Yapacaní, San Carlos y Santa Rosa), en la TCO Monteverde (municipio de Concepción) y en Pananti (municipio de Yacuiba, Tarija). Tales conflictos derivaron en enfrentamientos violentos que, en el caso de Pananti, provocaron la muerte de seis miembros del Movimiento Sin Tierra y de uno de los atacantes. Esta situación se vio acrecentada por un lento y distorsionado proceso de aplicación de la Ley INRA. Además, los gérmenes de violencia se han traducido también en anuncios de organización de fuerzas irregulares autodenominadas de defensa de la tierra, propiciadas por organizaciones cívicas locales y departamentales, lo cual configura un escenario de abierta y peligrosa confrontación de difícil solución” Gianotten, Vera CIPCA y poder campesino indígena. 35 años de historia (2006).