Afectaciones al sector agropecuario
Atento a las características del país, el acceso a la tierra ha constituido y probablemente seguirá constituyendo, un aspecto de gran interés general y en ciertas circunstancias, de alta polémica.
Desde 2005, al comienzo del nuevo gobierno, los productores familiares organizados mantuvieron su reivindicación “tradicional” de políticas específicas para la producción agropecuaria familiar (incluyendo como herramienta un registro de productores/as familiares), luego agregaron la búsqueda de soluciones a las dificultades de pago de los créditos bancarios (más reciente), y fueron sumando una preocupación creciente por el proceso de concentración y extranjerización de la tierra.
El modelo económico actual, que privilegia la inversión externa, impacta fuertemente en el sector agropecuario y compromete seriamente el acceso a la tierra de los productores familiares. Facilitar el acceso a la tierra y al financiamiento del INC, pasa a jugar un rol fundamental en las propuestas de desarrollo de la producción familiar y de sus organizaciones. Pero el propio modelo de acceso a la tierra implementado en el país constituye un obstáculo, ya que la compra de tierras por parte del estado, para su fraccionamiento y administración (mediante arrendamiento a productores familiares o emprendimientos asociativos), se ve perjudicada por el alza del precio de la tierra.
Implicancias para la lechería familiar
Si bien en términos históricos, la introducción de razas vacunas de leche y la lechería comercial contribuyeron a la persistencia de la producción familiar en Uruguay, conservando pequeños productores y captando un número importante de desplazados de otras actividades agropecuarias, en las últimas décadas la producción lechera familiar se vio severamente afectada por el proceso tecnológico seguido en el sector, altamente exigente a nivel de inversiones en infraestructura y maquinaria. Por eso, la desaparición de pequeños tambos de la región de San Javier acompaña la tendencia de disminución de la cantidad de productores familiares en Uruguay, profundizada en la última década.
De acuerdo con el RPF de Uruguay, un 12% de los productores familiares aún tienen a la lechería comercial como rubro principal (3.084 productores lecheros familiares), y representan un 73% del total de explotaciones lecheras a nivel nacional (Sganga et al. 2014). Según el Instituto Nacional de la Leche (INALE) unos 1.700 productores lecheros familiares representan el 60% del total de productores existentes en la lechería comercial y el 17% de la remisión de leche a nivel nacional. En cualquiera de los casos los tambos familiares son una porción mayoritaria de los productores del sector.
En este sentido, hasta el momento, se llevan aplicados tres Fondos de Financiamiento para el apoyo del sector lechero en Uruguay. El primero, en 2002 dado el endeudamiento registrado en el sector con el Banco de la República, se crea por ley el Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL) previsto por la Ley No. 17.582. El segundo, a mediados de 2007, un nuevo Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (Ley No. 18.100) rescatando la buena experiencia del Fondo del 2002 tenía por objetivo aumentar producción, manejo ambiental de efluentes, etc. El tercero, en 2015, se aprueba un nuevo Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL), complementada por la Ley 19.336 que estuvo enmarcada en un contexto económico de dificultades para el sector por caída de precios internacionales, iliquidez de un número importante de productores y efectos de la sequía de mediados de 2015 (Hernández, 2011).
Estos fondos de financiamiento impactaron directamente en la consolidación de la familia Mesa Belokón como productores lecheros: con el primero logran poner el tambo en las condiciones que la usina láctea les exigía para remitir su producción; con el segundo logran liquidar la deuda que mantenían con el Banco de la República (originada en 1998 cuando deciden pagar a la familia y mudarse ellos a la fracción), y también construyen una pileta para tratamiento de efluentes del tambo; el tercero contribuye a minimizar efectos de la crisis por la caída de precios internacionales.
[1] Es el ente estatal responsable en Uruguay de impulsar la colonización y una de las principales herramientas del Desarrollo Rural. Fue creado en el año 1948 y está regido por las leyes No 11.029, 18.187 y 18.756.
[2] Las primeras medidas en la órbita del MGAP priorizaron descentralizar acciones en el territorio, aprobándose un Sistema Nacional de Descentralización (Ley Nº18.126, 2007), lo que implicó poner en funcionamiento nuevos dispositivos para la articulación de políticas públicas y la participación ciudadana, los Consejos Agropecuarios Departamentales y las Mesas de Desarrollo Rural.