Doña Graciela Rodríguez
Echamos de menos los cambios que se realizaron para los Acuerdos de La Habana, producto de la Agenda de Negociación Gobierno Colombiano – FARC EP, sobre el tema de tierras por cuanto no fue posible lograr desarrollos jurídicos que hicieran posible el acceso a la propiedad por parte de los campesinos, y en particular de las campesinas, lo que significa que la Paz Positiva o de las transformaciones sociales necesarias, no se surtieron de la manera como se esperaba en el tema estructurante de la guerra en Colombia, que se traduce en la concentración de la tenencia de la tierra en muy pocas manos[1].
El modelo de propiedad de la tierra y peor aún, de los territorios, entendidos estos como “la tierra con la gente adentro”, en vez de abrirse a las necesidades de los campesinos que requieren de ella como la base de su vida, cultura y trabajo, se cierra acorde al modelo de apropiación y despojo que el gobierno colombiano ha puesto en uso, cuando no tiene reparo en declararlo de interés público o de interés social,[2] sin tener en cuenta que estos territorios tienen muchos años como base de la vida de los pobladores que han vivido de la tierra, desde vínculos existenciales que dan sentido a su historia e identidad campesina.
Y esta situación presente en las expropiaciones de los territorios campesinos en particular, para dedicarlos a los temas de la minería, de la producción hidroeléctrica y de construcciones de infraestructura vial; se complementan con una estrategia, por la cual el gobierno desde las Corporaciones Autónomas Regionales, que en lugar de cumplir con el cuidado de los bienes naturales en los territorios, los disponían a montos muy por debajo de los costos comerciales y culturales, para las intervenciones de expropiación. Ahora, sostienen la apariencia de la propiedad de los suelos y decretan su conversión en Reservas forestales con la intención nobilísima de hacer que las fábricas de agua, cuencas y microcuencas, se conviertan en propiedad colectiva, manteniendo la forma de propiedad personal o familiar campesina, sin pagar por tal dedicación de ese suelo a los temas del cuidado del medio ambiente, y quitándole a los campesinos la posibilidad de seguir usando sus tierras a lo que tradicionalmente lo han hecho[3].
Para el caso de la Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare Cornare, se ha implementado una estrategia que ha caído muy bien a la opinión pública general, por sus contenidos ecológicos y ambientales, y muy mal a los derechos de los campesinos y las campesinas del Oriente de Antioquia, al prohibir que el uso de los bienes naturales por parte de sus dueños, los campesinos, cual es el BanCO2, que no permite la intervención en lo que antes era el territorio productivo de las comunidades campesinas, reduciéndolas a ser “fábricas de agua”, que no se pueden tocar. Por cuenta de esta forma de intervención estatal, en la Vereda La Honda, las 300 hectáreas de que disponían para realizar sus actuaciones silvo- agropecuarias, cuando salieron desplazados por la violencia hace veinte años, queda reducido actualmente a tan sólo 8 hectáreas, lo que habla de otra forma de violencia, a las víctimas del desplazamiento no se las puede revictimizar, según afirma la ley 1448 y la Corte Constitucional[4].
CORNARE está protegiendo la naturaleza, está asegurando el agua, está en los municipios, invierten en comprar tierritas, pero la forma como se está expropiando al campesino, no está comprando nada, está declarando eso de interés público y le están quitando al campesino lo que tiene, le está arrebatando, lo está despojando. Sabemos que el interés mundial está en el cuidado del oxígeno, el agua, pero la pregunta de nosotros es ¿El modus operandi cómo deja al campesino? ¿Cómo que el campesino sigue siendo dueño, pero no puede hacer uso de la tierra? ¡Claro! Es muy buen negocio para CORNARE, pero un pésimo negocio para el campesino. (R, David, comunicación personal, 9 de abril de 2017. La Unión, Antioquia, Colombia).
Esta figura de “Reserva Forestal” usada por CORNARE, es un esquema que funciona mediante el nombre BanCO2, la cual “trabaja por la protección del medio ambiente, a través de la compensación económica a familias vinculadas, por medio del pago por servicios ambientales”[5] a estas familias se les denominan “Guardianes de los Ecosistemas”[6] los cuales para ser socios de BanCO2 deben cumplir los siguientes requisitos: “Ser nivel 1, 2 y 3 del Sisbén[7], habitar como propietario o poseedor de buena fe algún ecosistema estratégico (bosque nativo, páramos, humedales, áreas declaradas en conservación, corredores biológicos, áreas POMCA), tener un proyecto productivo sostenible y aceptar el acta de compromiso de cuidado de dicho ecosistema”[8].
Está medida a pesar de que muchos empresarios y ambientalistas la han celebrado por ser una cuestión “responsable con el medio ambiente”[9] que beneficia supuestamente a todos los sectores, en realidad es una forma de alivianar la consciencia para que la industria planee un desarrollo contaminante, donde el principal afectado sigue siendo el campesinado, en este caso la comunidad de la vereda La Honda, puesto que no pueden hacer uso de su tierra para vivir y el pago de servicios ambientales que algunos reciben es insuficiente para garantizar el sustento:
Tenemos otro limitante y es que los campesinos entramos a un territorio que por el transcurrir del tiempo, hace más de 18 años, hubo una invasión vegetal tanto en los potreros, como en las viviendas, las huertas y se volvió a levantar el bosque, entonces las familias que han llegado, al no tener de qué sobrevivir, han ido cortando un árbol predominante que se llama sietecueros[10], el cual tiene un tiempo de vida muy corto, y lo convierten en estacón o en varadera, esto es nada, escasamente se jornalea, pero las condiciones son muy duras, toda la actividad alrededor de la madera y más por allá en esas montañas, que están tan lejos, pero de algo va sirviendo y se van recuperando los terrenos en los cuales se va a sembrar.
Nosotros nos pusimos en la tarea de hacer ese diagnóstico de hace 18 años, y en ese tiempo eran 320 hectáreas aproximadamente de terreno abierto en la comunidad de la Honda para ese tipo de actividades, pasando ahora a tan sólo 8 hectáreas. Pero ahora CORNARE está persiguiendo al campesino, le quita sus maderas y nos ven como unos desadaptados de la sociedad porque vemos en un árbol de esos, la posibilidad de ir a cambiarlo por panela… Para un ambientalista es muy fácil pensar desde las grandes ciudades cómodamente, decir que van a cuidar un árbol, pero la realidad para los campesinos es otra, pues ellos quieren que nosotros protejamos las aguas y los bosques, pero no están dispuestos a hacer nada, como a invertir, entonces nuestra pelea es que si se decretó está zona como reserva forestal, pues entonces, que se piense ¿qué hay para las comunidades que estamos asentadas ahí? ¿Cierto?, pero ¿Cómo vamos a sobrevivir? pues nosotros somos los más conscientes, desde nuestros padres y abuelos de que hay que conservar las aguas y hay que dejar un espacio del bosque, pero ¿Cómo vamos a sobrevivir las comunidades que estamos asentadas? Y ¿Cuál es el plan alternativo para las comunidades que estamos allí? (M. Carlos Alberto, comunicación personal, 29 de marzo de 2017. Mesa de DDHH del oriente Antioqueño con presencia de la ONU y la Defensoría del pueblo).
Como si fuera poco, con el tema de la estrategia BanCO2, se tienen otros actores, quienes incluso con unos títulos de propiedad[11], aparecen haciendo gala de que esas tierras de la que sus pobladores y nativos fueron expulsados en el momento más crudo de la violencia (1997-2003), con presuntos títulos de propiedad. Hace que en la Vereda La Honda, quienes han intentado retornar, se encuentren en una zozobra total que no permite un restablecimiento de sus condiciones de vida. Tal como cuando el Estado no pudo garantizarles su derecho a permanecer en el territorio, ahora les dicen que el territorio no es de su propiedad, que ahora tiene otro propietario. Se excluye a las víctimas del acceso legal a lo que fue suyo, al no poseer un título jurídicamente respaldado.
Ubaldo Ciro Lopez, Yair Botero, Helí Botero y Flor Giraldo
Este es el caso de una persona desconocida para los campesinos, Carlos Cadavid Larroche, sujeto que alega ser propietario de todas las tierras del cañón:
Sí sentimos una posible amenaza en el territorio, y es la presencia de un señor que nunca ha sido de esta región, simplemente lo vimos una vez antes de que empezará el retorno, él invitó a un sancocho nos citó en la escuela y prácticamente desde ese mismo día empezó a tener encontrones casi con todos, por ese tema que él dice que esas tierras son de él, inclusive aparece con unas supuestas escrituras como de 22 a 23 predios. Él decía que no íbamos a sembrar agricultura en la tierra sino debajo del monte, incluso casi nos pega, pero no fue capaz, ahora vive en un ranchito que le prestaron unos vecinos que siempre han sido de acá, y él sigue con el alegato de que esas tierras son de él, pero yo una vez tuve una discusión con él porque me decía que la gente tal cosa, entonces, yo le dije: vea don Carlos, usted para nosotros es un aparecido, yo si soy de toda la vida de acá, y a usted hace 15 días lo conocemos acá, yo le dije que, con seguridad yo sabía que mis vecinos esa tierra no la habían vendido, entonces, le dije que no sabía dónde estaban las tales propiedades suyas. Sin embargo, en los registros que trajo una vez CORNARE, él no aparecía como propietario. (G. Luis Eduardo, comunicación personal, 26 de marzo de 2017. La Unión, Antioquia, Colombia).
Y finalmente, llama la atención que la administración municipal actual donde se encuentra la Vereda La Honda, a contravía de la Alcaldía pasada, no ha puesto en uso los principios del retorno de seguridad, integralidad y dignidad[12], e incluso no ha tenido problema en bloquear las ayudas a esta vereda a contravía de la priorización de este territorio, manifestando una falsa voluntad de colaborar cuando, por este modus operandi lo que se está es re-victimizando a los campesinos desplazados. La revictimización se ve en la negación de inversiones y de obras necesarias para la garantía de sus derechos a la reconstrucción de sus vidas individuales y colectivas.
Cabe señalar que los protocolos de retorno en el caso de la Vereda La Honda, no se han cumplido, lo que se ha logrado ha sido por auto-gestión de la misma comunidad y un acompañamiento de Agrodescendientes, con el que se ha logrado diseñar un plan de resistencia que consiste en abocarse a la producción agropecuaria motivados por la voluntad de hacer claro su derecho a la propiedad de esas tierras, al ejercer soberanía en ella a través de la producción, sus tradiciones, sus capacidades de vida y el ejercicio de dignidad e identidad campesina que no puede ser negado sin más por las distintas fuerzas y actores que desde intereses contrarios a las personas que aún resisten en sus tierras, en la búsqueda de hacer de ellas territorios para impulsar sus proyectos de vida personal y social.
De otro lado, se han realizado las quejas de lo que viene sucediendo en la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño, a la Defensoría del Pueblo, a la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y por supuesto, a los organismos de registro de propiedad en el municipio del Carmen de Víboral y a la Unidad de Víctimas de Antioquia, a la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia. Tema que habla de la no existencia clara de una voluntad de apoyar y de hacer cumplir la normatividad colombiana en el acceso y el control de tierra, lo cual no genera posibilidades de una reubicación con dignidad y en condiciones de sostenibilidad y de sustentabilidad, lo que hace que ya se hayan retirado una parte de las familias y que otras estén en la exigencia de volver a salir de sus tierras, dada la situación de necesidades que no han sido satisfechas de forma adecuada por el gobierno local al igual que por los gobiernos departamental y nacional.
Sin embargo, cualquier esfuerzo que se hace es mínimo frente a todas las adversidades que se están presentando en este territorio, puesto que la comunidad está siendo revictimizada incluso por parte de la institucionalidad oficial que en vez de generar las condiciones de retorno, genera todo tipo falencias y de políticas que van en detrimento de los intereses de los campesinos víctimas del conflicto armado, estos modelos de desarrollo que están implantando son totalmente anti-campesinos y el gobierno lejos de cumplir con su papel de garante, se convierte en un represor más que amenaza con la expropiación de la tierra de los campesinos para posibles mega-proyectos foráneos en la región.
[1] El 1% de las familias ricas concentran 60% de las tierras aptas para producir, esto según la Agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia, a 2014.
[2] La Constitución Nacional artículo 58 señala que tal hecho social de expropiación por interés público se surte conforme a su artículo 58. La ley 9 de 1989 y la ley 388 de 1997, por la vía judicial o administrativa y la Sentencia C-153 DE 1994.
[3] Código de Recursos Naturales Decreto 2811 de 1974, artículo 204.
[4] Sentencia SU- 254 de 2013 y C – 912 de 2013, en las que se señalan las garantía de no repetición.
[7] El Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) es una herramienta, conformada por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener información socioeconómica confiable y actualizada de grupos específicos en todos los departamentos, distritos y municipios del país.
[10] La flor de mayo, mayos o sietecueros es un árbol ornamental de tamaño mediano, con flora que normalmente va de color magenta a violeta y una corteza externa de color rojizo que se desprende en capas.
[11] Hasta 3 hectáreas se pagan 200 mil pesos por hectárea. Es una disposición de Cornare de octubre 28 de 2013, para compensar la contaminación.
[12] Artículo 28 Ley 1448 de 2011, condiciones de: voluntad, seguridad y dignidad. Sentencia C – 180 de 2014. Restitución, indemnización y readaptación o rehabilitación.