Específicamente para la vereda San Luis los procesos de la violencia sistémica y selectiva durante los años de 1993 y 2000, hicieron poco visibles las necesidades y demandas por parte de las familias campesinas sobre el acceso y titulación de tierra, al intentar desarticular el nivel organizativo y la movilización social. En este periodo de tiempo la organización campesina de la vereda San Luis tuvo poca actividad y baja movilización social.
Como resultado de este proceso en el que por medio de la intimidación y represión por parte de los paramilitares (en algunos casos con el apoyo de las fuerzas armadas nacionales), los particulares hacendados de las zonas lograron consolidar sus modelos empresariales privados lo que trajo a la región: la dinamización del mercado de tierras más por su valor especulativo o como proyectos de vivienda semiurbana, que por sus procesos productivos; el incremento de los precios de las tierras al ser ofertados a personas exteriores (del ámbito nacional de otras regiones del país e internacional de otros países) con mayor capacidad adquisitiva, las mejores en infraestructura vial para dinamizar las formas de acceso a la zona y alto flujo de desplazamiento a otras zonas cercanas dentro de la región, en dónde la comercialización de las empresas adquirió una importancia relevante para el lucro particular, esta mejora en la infraestructura vial, a su vez valorizó más estas tierras lo que mejoró el negocio de parcelación y venta de los predios de la hacienda como lotes.
Lo anteriormente descrito no solo es el resultado del proceso de violencia e intimidación para la consolidación de un mercado especulativo de tierras, la formación de empresas privadas e industrialización de la zona y el empoderamiento de personas con capacidad de inversión (provenientes en algunos casos de otras zonas del país y de otros países) para generar procesos de enriquecimiento privado, sino que además es el resultado de la falta de políticas públicas para el fomento y desarrollo de la clase campesina, la dificultad del acceso a créditos acordes con sus capacidades y necesidades, al igual que la falta de la planeación del ordenamiento territorial por la cual se podría aprovechar la vocación productiva de alimentos, protección del medio ambiente y recuperación de cuencas hídricas propias de esta zona.
Sin embargo este tipo de violencia selectiva que buscaba desmotivar la organización campesina, tuvo consecuencias contraproducentes en las dinámicas de mercado de tierra, pues la violencia de la zona empezó a desmotivar a los inversionistas y potenciales ofertantes. Esta consecuencia obligó a reforzar la seguridad de la zona, como resultado disminuyeron las amenazas y asesinatos selectivos, lo que fortaleció a la organización campesina, a partir del año 2000.