La limitada demarcación de tierras indígenas
Esta Comisión Presidencial, con carácter temporal, fue creada “a los fines de promover, asesorar y coordinar todo lo relativo al Proceso Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, constituida por diez representantes de los pueblos indígenas y diez representante de alto nivel de varios Ministerios coordinada por la Ministra del Poder Popular del Amiente, luego de diez años por el Ministerio del Poder Popular de los Pueblos Indígenas, pero sobre dichos ministerios estaba el poder del Vicepresidente de la República. Posteriormente, en el año 2005 se creó la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci).
Según el pronunciamiento del día 13 de abril del 2011, en la sede del Parlamento Latinoamericano, reunidos en Asamblea Indígena de los pueblos y comunidades indígenas, a través de su organización nacional el Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE) y sus organizaciones de base, Kuyujani, Kuyunu, Orpia, Cioba, Oiyapam, Opijka, Omida, Ociuspa, Madoya Huarijja, Capsi, Uciw, Fieb, Opuhj, Oipus, Horonami y Asocagru entre otras, junto con los diputados indígenas del Parlamento Latinoamericano y de la Asamblea Nacional, se dejó claro que estas leyes relacionadas con el proceso de demarcación no fueron sometidas a un proceso de consulta y participación ciudadana a las comunidades de los pueblos indígenas y sus organizaciones, tal como establece el Art. 70 de la CPE, Art. 11 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y convenios internacionales.
Otros motivos para no entregar de títulos de propiedad de tierras suficientes a los pueblos indígenas
Otra de las grandes amenazas al territorio de los Yukpa, como a otros en el país, son las explotaciones mineras e hidrocarburíferas que causan serios problemas sociales ambientales. Esto se da debido a que la normativa vigente contempla dichas actividades.
Los indígenas desde siempre exigían territorios libres de minas y de terceros. Pero no fue hasta el año 2005 cuando el Gobierno —a través de la Procuraduría General de la República y el Ministerio del Poder Popular del Amiente— aclaró públicamente las limitaciones de los títulos colectivos entregados a las comunidades y pueblos indígenas, debido a las protesta se hicieron públicas ante la entrega de títulos de propiedad colectiva al pueblo Kariña al sur del país. Se trataban solo de títulos agrarios.
En agosto de 2005 la Procuradora General de la República, Marisol Plaza, afirmó que la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas está limitada por el derecho a tercero o propiedad privada contemplado en el Código Civil y la propiedad exclusiva por parte del Estado de los recursos energéticos mineros existentes en el subsuelo.
El Cacique Sabino Romero llamó a estas leyes “romanas” y que él prefería la “ley Yukpa”.
“La cultura Yukpa se está perdiendo porque sufrimos, de nuestros leyes, que ahorita tenemos que bueno pues estar con la Ley romana. Nosotros no somos de Roma, ni de España, ni de Europa, somos indígenas puros de aquí de Venezuela, entonces queremos pues utilizar nuestro ley propio, utilizar nuestros leyes, la ley de nosotros no es así, a mí me castigaron como a ellos les da la gana 300 expertos una vez, no, a mí me montaron 130 expertos echándome pura mentira, cuando estuve preso, por eso es que yo digo esta es una ley romana que no sirve, no sirve pues para nosotros tenemos una ley diferente que es de Watía porque en la cárcel casi todos se matan, se matan cada día más se matan en la cárcel, en la cárcel romana pues…” dijo.
El juicio
El juicio por el asesinato del Cacique Sabino Romero Izarra y por haber herido a su esposa Lucía Martínez Romero de un disparo de pistola en un brazo fue dividido por el Fiscal 38 del Ministerio Público Abogado Edgar Angulo Bentancourt en tres parte, un primer juicio se realizó a cinco policías municipales de Machiques (Polimachiques) que prepararon y acompañaron al sicario Ángel Antonio Romero Bracho, un segundo juicio para sicario Romero Bracho, y un tercer y último juicio a los autores intelectuales, aún no realizado.
Los cinco funcionarios de Polimachiques Giovanny José Delgado Gonzáles (a) Mantequilla, Eusquides José Derizan Romero, Jhon Petit Robertis, Delvis José Cárdenas Polanco y Rigoberto Socorro, fueron sentenciados a seis años cuando la sentencia decía estar enmarcada entre 20 a 25 años de cárcel. La realización de este juicio no fue conocido por la familia ni mucho menos por las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañamos a Sabino Romero Izarra, y al pueblo Yukpa. El abogado que de un gusto se ofreció a asistir la familia en el juicio, a la final ocultó la realización del juicio a los cinco policías.
Giovanny José Delgado Gonzáles alias “Mantequilla” era protegido por el ex-Alcalde de Machiques Vidal Prieto, pues se trataba de su guarda espaldas. El Funcionario Delgado era el conductor de la moto desde donde el sicario Romero Bracho disparó contra Sabino. El papá y hermanos de Delgado eran enemigos declarados de Sabino Romero y de Carmen Fernández Romero y su familia; éstos eran vecinos parceleros de Las Flores, hoy ocupan todo el parcelamiento por Carmen Fernández Romero y familia, denominado comunidad Kuse.
Posteriormente el sicario Manguera fue sentenciado a 30 años de cárcel por la Jueza Vanessa Yajaira Lista Lares del Tribunal 17º de Juicio Itinerante del Área Metropolitana de Caracas.
Ante la muerte del Cacique Sabino Romero Izarra, el Gobierno Regional del Zulia a través de su Gobernador Arias Cárdenas y el Gobierno Nacional a través de su Vicepresidente para aquel entonces Elías Jaua se comprometieron a indemnizar a las familias de Sabino y Alexander, que aún esperan las ayudas por parte del Gobierno.
Hoy las autoridades se niegan a arreglar las vías de comunicaciones para sacar sus cosechas, están diezmados sus familiares por la malaria y la desnutrición, sin escuela alguna, y viviendas adecuadas. Sólo le entregaron a la familia de Sabino 50 vacas y rollos de alambre de púas.
Justicia para Sabino
Hoy la lucha se centra, primero en lograr que la Fiscalía inicie el juicio contra los hacendados, autores intelectuales del asesinato de Sabino Romero Izarra; al respecto una carta pública firmada por su viuda:
“(…) Exigimos una vez más justicia a la Fiscal General de la República abogada Luisa Ortega Díaz como lo hicimos antes de la muerte de Sabino y de nuevo ahora que está muerto, y sus asesinos intelectuales como antes continúan atropellándonos sin piedad alguna. Continúan libres por las calles de Machiques y los camellones y senderos de la Sierra de Perijá, todavía tienen en su poder muchas de nuestras tierras originales y ancestrales por las cuales murió mi marido, mi suegro, mi yerno y seis más de nosotros, de Chaktapa. Peleamos por nuestros territorios que ocupamos desde hace miles de años. Por esto nos asesinan. Queremos justicia. Chaktapa, Sierra de Perijá, Junio de 2016. Lucía Martínez Romero, Victima.
La lucha continúa
En segundo punto de la lucha se trata de la ocupación de algunas haciendas y parcelas campesina dentro del territorio del área del Tukuko, allí se destaca la participación de las familias Panapera, Maikichi, Martínez y Fernández Fernández. Pues a este sector Yukpa donde se concentra las tres cuarta parte de las familias Yukpa de la Sierra de Perijá sólo le entregaron dos haciendas.
Hoy en día continúa la lucha por la recuperación de las tierras invadidas por los hacendados. Las comunidades Yukpa ubicadas en la parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá agrupadas en la cuenca de los ríos Tukuko y sur del río Yaza en verdad no se les cubrió sus necesidades de tenencia de tierra. Esas familias aspiran a recuperar parte de su territorio original hoy ocupado por las haciendas.