Legalidad y conflictividad
La Vega es un municipio pionero. Pionero a nivel de consciencia campesina y de autonomía y resistencia organizadas. Entre 1992 y 1994 “llegó a ser capital comunal de Colombia por su proceso organizativo”, cuenta Marcelita Ros. En 1987, la localidad caucana ya había sido pionera, según varios líderes del PCPV, en construir un Plan de Desarrollo Municipal antes de que la Constitución de 1991 los definiera oficialmente. En esta línea el PCPV ha dado mucha lucha desde su representación en las instituciones públicas pero sin duda la parte más importante de su acción se ha dado por fuera de la alcaldía, en el campo, en las comunidades, en las consciencias. Y por fuera de las instituciones formales, actividades como marchas, asambleas, formaciones y trabajo productivo, han sido amparadas legalmente con la figura jurídica de la Fundación Despertar.
Si La Vega ha logrado resistir parcialmente a una economía global neoliberal ha sido gracias a esta organización popular, pero también a la misma naturaleza: multinacionales y terratenientes no han podido por ahora adueñarse del territorio de La Vega para aplicar en él la lógica del monocultivo extensivo, pues es la misma topografía, el relieve de la tierra, la que ha impedido en parte que llegue ese modelo económico a La Vega. Los accidentes geográficos, montañas, cuencas, ríos y pequeños planos han favorecido la que la población campesina vegueña llama “economía del sancocho”.
Resistencia desde la alcaldía
De esta manera, el campesinado vegueño, más allá de conservar su acceso a la tierra, con su finca o su parcela familiar, frente la amenaza latifundista empresarial -dinámica muy común en Sudamérica- ha podido también defender una economía campesina propia. A través de las instituciones públicas como la alcaldía y el consejo municipal pero también a través de las Juntas de Acción Comunal y asambleas autónomas campesinas se han evitado políticas públicas perjudiciales para su colectivo y se han propuesto e implementado políticas populares que les benefician.
Como explica Marcelita Ros, el eje político del PCPV ha tenido que actuar recientemente para interferir en la situación de la alcaldía: “Nosotros no somos del Polo Democrático –partido de izquierda colombiano- pero tenemos su aval”, justifica, “y nos tocó hacer convergencia con el Partido Conservador, más de uno se escandalizaba, pero si ganaba el candidato liberal iba a legalizar por completo la minería. Nos tocó hacer campaña para lograr tener un concejal que hiciera presión, de este modo hemos podido excluir la minería del Plan de Desarrollo actual y estamos logrando que no quede tampoco en el Plan de Ordenamiento Territorial”. El peligro es grande: entre otras cosas hay intención de cambiar el uso de los suelos a nivel municipal.
El programa en beneficio del campesinado consiste en seguir luchando por el custodio del agua, “porque se quiere privatizar el agua a través del proyecto de la Triple A -agua, alcantarillado y aseo- y del Plan Departamental de Aguas con la excusa de que hay que potabilizar y certificar el agua y nosotros sabemos que esto es una mentira”. Hay muchos municipios colombianos afectados por este tipo de programas y las gobernaciones presionan para que se aprueben rápidamente, normalmente sin el conocimiento popular.
La lucha contra la minería les hizo más fuertes
La minería ha travesado la historia y el territorio de La Vega. En la actualidad son varios los proyectos mineros visualizados en La Vega pero son dos los megaproyectos importantes y amenazantes que aparentemente tienen licitaciones en el territorio: la Custodia de la empresa colombiana CarboAndes que afectaría unas 3.625 hectáreas y el megaproyecto Dominical que afectaría 26.000 hectáreas y es impulsado, entre otras empresas, por la canadiense Continental Gold. A pesar de que estas corporaciones transnacionales son vistas a veces como monstruos imparables por los aparatos jurídicos y mediáticos que tienen detrás, muchos militantes del PCPV coinciden en considerar más complicado el problema que supone el pequeño minero vecino de la comunidad que quiere sacar oro de una quebrada que las grandes multinacionales extranjeras. “Pelear contra un foráneo es más fácil que pelear contra un vecino”, asegura Marcelita. Grandes y pequeñas, las amenazas son varias pero las victorias hasta hoy son muchas.
Recorriendo en moto la carretera sin pavimento que va de la vereda de La Albania hasta el pueblo de La Vega, Leyder Burbano va enumerando, con orgullo, todas las quebradas que alegremente traviesan el camino. “Aquí conseguimos con la comunidad echar a unos pequeños mineros que estaban dañando la quebrada”, “ésta también la hemos protegido”, “y ésta”. En la vereda de El Recreo, de donde sale el camino para llegar a la vereda de Santa Rita, no hace mucho tuvieron que expulsar de su territorio a unos francotiradores del Ejército que escoltaban a los trabajadores de una minera. Allí, un grupo de vecinos que regresan, herramientas en mano, de trabajar en grupo aseguran que si no fuera por la organización comunitaria lograda por el proceso campesino ese territorio estaría bien destrozado. Muros, rocas y carteles proclaman durante todo el camino: “Si el Macizo vive, vivimos todos”, “Sí al Agua. Sí a la Vida. No a la minería”, “La naturaleza es vida, ¡cuidémosla!”.
Esta lucha contra la minería y por los bienes comunes ha hecho más fuerte a la comunidad vegueña, la indígena, la campesina y la urbana también, porque las ha unido contra un mal común. Por ejemplo, relata la joven Marcelita Ros, “el cabildo de Santa Bárbara queda dentro del megaproyecto minero Dominical”. Según cuenta, compañeros del PCPV contribuyeron al ejercicio de dar a conocer a los yanacona de ese cabildo lo que significa realmente la megaminería y los mecanismos manipuladores con los que las multinacionales trabajan para evitar tener que hacer una consulta previa a los pobladores de los territorios afectados.
La amenaza sigue latente y su envergadura no es local sino nacional y mundial. “El ordenamiento territorial del país se está haciendo desde el ministerio de minas”, denuncia Leyder Burbano, “la aberración del código minero aprobado en 2001 es que diga que la minería puede vivir en armonía con la agricultura, las comunidades y el medio ambiente”. Según el ministerio de medio ambiente colombiano solo entre 2006 y 2010, se entregaron 6.000 títulos mineros en Colombia. Álvaro Uribe, senador, expresidente y terrateniente antioqueño relacionado con la creación de grupos paramilitares, era el presidente durante ese periodo en el que se flexibilizó severamente la economía del país para atraer la inversión extranjera.
Los dos mega-proyectos sitiados en La Vega están por ahora paralizados gracias a acciones como las marchas por el Agua y por La Vida, la intervención en los debates de la alcaldía o la influencia en las asambleas convocadas por las mineras por parte del PCPV con la colaboración de otros colectivos. Sin embargo, se siguen haciendo pasos para su instalación: en la parte baja del río Pancitará está a punto de construirse una hidroeléctrica que ya tiene su licencia ambiental, “ahí es donde debemos usar el término minero-energético porque esa central de energía es lo que necesita el gran proyecto del Dominical para funcionar”, apunta Marcelita Ros. “Las mineras operan de forma tramposa y mentirosa y hemos aprendido a contrarrestarlas con trabajo de hormiga: es una lucha larga y peligrosa pero yo creo que no se aplicaran esos macroproyectos: tiene que primar la vida”, dice Leyder Burbano con esperanza.