A mí me querían llevar presa, cinco años me querían llevar. Tuvimos que hacer una contra denuncia. Éramos yo, Marleni Racua, Esperanza González y Sergio Perea. Imagínense, me daba cólera, no sé qué me daba, hermano. No perdí la batalla, seguí allí, yo me iba al poder judicial, “Señor fiscal ¿dónde está mi caso?”, “¿cómo está mi caso?”, “¿qué cosa falta para que se solucione mi problema?”, le decía.
Nosotros le decíamos: “Somos autónomos, por lo tanto cómo es posible que no nos ampare la ley”, las autoridades se quedaban sorprendidas. Para entonces ya nos apoyaba la doctora Raquel Yrigoyen.
La fuerza de los derechos indígenas
Yo conocí a Raquel Yrigoyen en un evento del poder judicial en Chanchamayo, lejos de Puerto Maldonado. Ella estaba dando una exposición sobre el derecho de los pueblos indígenas. Allí estaban todos los miembros del poder judicial de la Amazonía. Por Madre de Dios había ido tres representantes, el presidente de la sala, el de la corte y el fiscal. Yo les dije a todos todo lo que estaba pasando en Tres Islas y qué es lo que han hecho los tribunales con nosotros. Les dije sus verdades, ellos (las autoridades e Madre de Dios) eran los encargados de hacer valer nuestros derechos, nosotros somos una comunidad nativa y teníamos el derecho de poner una caseta de control para cuidar nuestro territorio, pero ellos no quisieron hacer justicia. ¿Cuánto de plata les habrán dado?
Raquel ya se iba, estaba apurada. Raquel siempre hace esas cosas, termina de explicar y se va al aeropuerto para volver a Lima, como ella es profesora en la Universidad Católica, al toque se va. Le pedí rápido su tarjeta y ella me dio una.
Apenas regresé a Tres Islas convoqué a una Asamblea y les dije a mis hermanos: “Esto no puede quedar así, tenemos que ser el ejemplo para otras comunidades y por lo tanto aquí hay una abogada que puede llevar nuestro caso, vamos a llamarla”.
Así trajimos a Raquel. Ella aceptó y vino. Volví a convocar a la Asamblea y allí ella nos dijo, bien clarito: “Yo no les voy a decir que mañana vamos a ganar este juicio, pero tengan la seguridad que tarde a temprano vamos a ganar, porque aquí les han violado sus derechos como pueblo indígena que son”.
La Dra. Raquel Yrigoyen del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) fue la encargada de la defensa legal de la Comunidad Nativa Tres Islas. (Foto IIDS).
A raíz de esa reunión Raquel preparó nuestra defensa y nos hizo ganar. Al principio yo tenía miedo de ir a la cárcel, yo también me estaba desmoralizando, no creas, tenía miedo de ir a la cárcel, tenía miedo de ir a la fiscalía, yo pensaba que me iban a detener cualquier día. En un momento le dije a mi comunidad, de cólera: “Mejor me voy presa para que ya se acabe este problema”. Después me dije: “No carajo, no me voy presa, yo la voy a pelear hasta el último”. “Verán que voy a conseguir que estos serranos de mierda no se burlen de los pueblos indígenas”, así les dije a los comunarios.
Presentamos nuestra defensa al Tribunal Constitucional, yo viajé a Lima para estar en las audiencias y al final, después de tanta lucha, ganamos, el tribunal nos dio la razón y ordenó que se nos repare[1].
A espera que se cumpla la sentencia
Queremos que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional en todas sus partes, ellos tienen que pagar lo que han destruido, los daños ambientales que nos han hecho. No perdemos la esperanza, estamos conscientes de las presiones y las amenazas de los mineros, a ellos no les convienen que se cumpla la sentencia. El Tribunal Constitucional ha reconocido nuestros derechos como comunidad nativa a cuidar nuestro territorio. La sentencia es ejemplar, le va sirve a los demás pueblos indígenas que han sido invadidos por los mineros y por eso seguimos luchando.
Ahorita solo falta que se cumpla totalmente la resolución del Tribunal Constitucional. Eso es lo que buscamos, queremos que nos repongan, que nos devuelvan todo lo que hemos perdido, es mucha plata que se ha perdido, pasajes, comer, ir, hoteles, queremos que nos devuelvan lo que hemos gastado.
[1] La sentencia del Tribunal Constitucional, el máximo órgano de justicia del Perú dictaminó: “Declarar FUNDADA la demanda con respecto a la afectación del derecho a la propiedad de la tierra comunal y del derecho a la autonomía comunal de la Comunidad Nativa Tres Islas. En consecuencia, ANULA la Resolución Nº 8, de fecha 25 de agosto de 2010, derivada del Expediente Nº 00624-2010-0-2701-JR-PE-01, expedida por la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. ORDENA a la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios emita una nueva Resolución conforme a los fundamentos de la presente sentencia. ORDENA que cesen los actos de violación del territorio de la propiedad comunal y de autonomía de la Comunidad Nativa Tres Islas vinculados a este caso”. Sin embargo, esta sentencia aún no se hizo totalmente efectiva, porque si bien Juana y su comunidad han dejado de ser querellados ante el Poder Judicial, los infractores no han pagado lo que les corresponde para subsanar los daños y el Estado peruano sigue permitiendo el ilegal ingreso de los mineros a su territorio. Por lo que es un triunfo parcial, importante pero no definitivo.