A principios de los años sesenta, la ocupación y conquista del espacio amazónico, se transforma en una política pública. Esta estrategia se da debido a las fuertes negociaciones con Texaco en esa época. Era necesario habitar el lugar para trabajar en la petrolera; cabe destacar que esta política pública es en el marco de la producción agrícola en la nación. Para el gobierno de turno del presidente Otto Arosemena, la Amazonía era consideraba un espacio baldío, así lo explica el investigador Patricio Trujillo en su libro Salvajes, Civilizados y civilizadores, editado por Abya Ayala en 2001: “...la región amazónica era considerada como un espacio baldío (sin habitantes), cuyo dueño era el Estado, y éste como tal debía auspiciar programas de asentamiento en la región, debía civilizar y tecnificar esta región convertida por decenios en un mito”.
En 1964 se promulga la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización, a través de la que se promovió la primera oleada de colonos en la Amazonía, desconociendo que los pueblos indígenas amazónicos vivían en la región desde hace cientos de años; de hecho fueron esclavizados por los caucheros y aniquilados a principios del siglo pasado.
A finales de los años ‘70, empiezan a constituirse Reservas y Parques Nacionales en la zona, por ejemplo, en 1979 se crea el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística del Cuyabeno en Shushufindi.
Cabe destacar que en los primeros quince años, tras la perforación de los primeros pozos no se promulgó ninguna iniciativa ambiental para regular y conservar el ecosistema. Por ello, para 1980 y 1990, la explotación petrolera abarcaba más de 300 pozos, en un complejo entramado de infraestructura petrolera, generando la contaminación de suelos, aire y agua, que brotó como la misma maldición negra.
El gobierno ecuatoriano, a través de su portal web de la Cancillería, explica algunas irregularidades de las operaciones de la Taxaco:
· “De 1964 a 1990, Texaco (hoy Chevron) era la única operadora de la exploración y la explotación petrolífera dentro del Consorcio que firmó con la compañía Ecuadorian Oil Gulf Company.
· El artículo 46 del contrato de explotación firmado por la Texaco y la empresa estatal de petróleos del Ecuador estipulaba claramente, que la transnacional se comprometía a utilizar tecnologías con sistemas de reinyección segura de los desechos tóxicos en el subsuelo
· Si bien patentó y utilizó tecnologías que cumplieran con estos requisitos en los Estados Unidos, Texaco nunca las utilizó en el Ecuador. En nuestro país, Texaco decidió utilizar técnicas obsoletas, lo que le reportó mayores beneficios económicos.
· Texaco perforó y operó 356 pozos de petróleo y abrió 1.000 fosas sin ningún tipo de recubrimiento. Ahí arrojó residuos de todo tipo, principalmente petróleo, lodos de perforación y aguas tóxicas, que causaron daños ambientales inconmensurables y deterioraron la calidad de la vida de las comunidades. En total, es responsable del derrame de no menos de 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de petróleo bruto en más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana”.
En 1992, Texaco Company retira sus operaciones de Ecuador. No existe una sola razón para esa decisión; lo que sí se sabe es que tras su retiro, quedó la evidencia de miles de millones de barriles que extrajo del subsuelo amazónico; así como los cientos de pasivos ambientales que ahora forman parte del paisaje de contaminación en la Amazonía norte.
Sin embargo, ya a principios de los años ‘90 —antes de que se consumara administrativamente su salida, entre 1992 y 1995—, las organizaciones ecologistas e indígenas reclamaban fuertemente sus derechos por lo que su salida fue motivada por las presiones. El accionar de Texaco frente a protestas, fue salir antes o justo en medio de la crisis social, ocasionada por la contaminación y destrucción de los tejidos sociales y ambientales en los ecosistemas donde explota los recursos fósiles, respuesta que replicó en otros países.
Asimismo, su salida también se atribuye a la descomposición de su infraestructura y sus activos como trasnacional que buscaba consolidar su mercado y su poder con otras firmas.
La demanda
En 1993, el tres de noviembre “un grupo de indígenas y colonos campesinos afectados por los impactos de Texaco interpusieron ante una corte en Nueva York una demanda colectiva en representación de las 30.000 personas afectadas” por la transnacional Texaco; en ese contexto Carlos Aldaz y su familia participaron como demandantes y afectados por la Texaco.
Para esa época, la lucha contra la petrolera era más evidente, no solo porque exigían salarios dignos en las labores petroleras que se seguían realizando en la zona, sino, sobre todo, por la contaminación provocada en la zona.
En 1994, dos años después de que Texaco dejara Ecuador, se dio a conocer al mundo la fuerte organización indígena en el país y, de alguna manera, fue influencia para otros movimientos sociales en todo Ecuador, incluido zonas olvidadas como la Amazonía.
El proceso judicial de la demanda ha tenido varias facetas y etapas; sin embargo tras el triunfo en el circuito penal de Lago Agrio, a diez años de haber iniciado la demanda en New York, el camino por una indemnización a las más de 30 mil personas afectadas directamente, 80 mil toneladas de desechos petroleros y crudo en más de 500 mil hectáreas en las zonas de operación por más de 30 años, tuvo efecto hasta el 2011, justo en una sentencia condenatoria donde el Tribunal de Primera Instancia, falló a favor de la UDAPT, ordenando la indemnización a los y las afectadas por USD$9.500 millones de dólares y la disculpa pública por parte de la transnacional Chevron Petroleum Company (dueña actual de Texaco).
Esta resolución no se ha concretado aún , al contrario, la empresa demandó al Estado ecuatoriano por perdidas en su período de explotación; la empresa de origen estadounidense se ha dedicado en tribunales nacionales e internacionales a desestimar el embargo de activos de la empresa, para evitar que la UDAPT pueda cobrar el fallo en Ecuador.
Recientemente, la UDAPT y la población ecuatoriana quedaron desconcertadas porque en junio del 2016 el Estado ecuatoriano pago USD$96 millones de dólares a la empresa petrolera tras una resolución emitida en la Corte Penal Internacional de la Haya. La pesadez, angustia y sentimiento de injusticia sigue en la región pues, la UDAPT y otras organizaciones sienten que era posible decomisar ese pago por el fallo del 2011; sin embrago eso no sucedió.
Hay que destacar que el proceso ha tenido varias demandas y fallos, y que la lucha de los y las afectadas por Texaco para obtener justicia y reparación verdadera sigue.
Defensa de la Amazonía
Durante el proceso de la demanda, en 1994, la familia Aldaz Núñez se unió al Frente por la Defensa de la Amazonía (FDA), que se constituyó a sólo seis meses después del inicio de la demanda. Ahí es donde la preocupación de Carlos se vio colectivizada con miles de afectados y afectadas y reafirmaba su posición gracias a su participación en las Escuelas de Formación Política y Líderes Comunitarios que el FDA impartía para informar sobre los agrotóxicos y la devastación ambiental. Estos talleres le dieron el piso argumentativo y práctico para que él se formara en estos temas.
De esa forma, desde 1996 hasta el 2000 se consolidó su trabajo por la lucha por la tierra y su reparación.
Sin embrago, a principios del nuevo siglo, la zona empezó a enfrentar otros problemas. El inicio del Plan Colombia inundaba de glifosato la supuesta lucha contra el narcotráfico, fumigando el Putumayo ecuatoriano enclavado en la provincia de Sucumbíos, afectando cantones como Shushufindi y Lago Agrio[1]; paradójicamente, esta situación aceleró el trabajo de las organizaciones sociales para promover el cultivo de nuevos suelos para sembrar vida en medio de muerte.
[1] Ver El caso 132 “Recinto San Martín: Resistencia al Plan Colombia desde el territorio” del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio. Disponible en https://porlatierra.org/casos/132