Retorno a la tierra sin garantías
Después de vivir las consecuencias locales de lo que se ha llamado el Plan Baile Rojo a nivel nacional, la masacre de la Unión Patriótica, y crear la Comunidad de Paz de San José de Apartadó con la población desplazada de varias veredas, el objetivo de las aproximadamente 300 familias campesinas que la conformaron se convirtió en construir resistencia e intentar retornar a sus fincas. Hay que remarcar que tanto ciertas congregaciones de la iglesia –coordinadas a través de lo que hoy es la Comisión Intereclesial Justicia y Paz- como algunos organismos internacionales de acompañamiento representaron un importante factor de garantía de vida y apoyo social para que la existencia y pervivencia de la Comunidad de Paz pudiera ser una realidad.
Retornos sin garantías
El primer retorno a las fincas de las cuales una semana después de la fundación de la Comunidad de Paz las fuerzas paramilitares y el ejército les habían expulsado por medio de la violencia se dio el 24 de marzo de 1998, celebrando el primer año de vida de la iniciativa. “La gente, todos con sus gallinas debajo del brazo, los niños con sus perritos, eso fue una alegría pero inmensa, para los que volvían a vivir allá y para los que les acompañábamos”, recuerda Brígida. Familias de la vereda de La Unión que habían sido desplazadas de sus fincas a causa de la presencia paramilitar volvían a sus terrenos multitudinariamente. Estos retornos se daban de manera espontánea y colectiva, sin resoluciones jurídicas, “no teníamos garantías del Estado”, explica la veterana que también es una gran artista. En 1999 se intentó retornar a la vereda Mulatos pero esta vez el contexto violento lo impidió. “Mataron a Aníbal Jiménez que era uno de los líderes que estaba coordinando el retorno a Mulatos: entraron los paramilitares, y los militares guardándolos, y le mataron, en una masacre con cinco más”, sigue relatando.
Un poco después de esta tragedia se dio el retorno a la vereda de Arenas Altas, más adelante el de La Esperanza y más tarde se pudo realizar la vuelta al territorio de la vereda de Mulatos. Y es a través de esta dinámica de acción directa colectiva, gracias a la voluntad propia de la Comunidad de Paz de poder vivir y trabajar su tierra, que consiguieron gradualmente y a medida que la presencia y la violencia de grupos armados lo permitieron, ir dispersándose del casco urbano de San José de Apartadó y volviendo a sus fincas propias, a trabajar la tierra.
De todos modos, era en el caserío de San José donde la Comunidad de Paz erigió su espacio vital central con la construcción del Centro de Formación, edificio donde se daban talleres, se alojaban los acompañantes internacionales que ayudaban a garantizar sus vidas, y eventualmente se alojaban también familias desplazadas por el conflicto armado que necesitaban un lugar temporal donde quedarse. En 2004 se originó el proceso de la Universidad Campesina de Resistencia con el que la Comunidad de Paz, junto a otras organizaciones del país, se auto-organizaron en distintas jornadas de formación popular propia que han seguido siendo convocadas hasta la actualidad.
Masacres de 2005 y ruptura con el Estado
A pesar de seguir conviviendo con la lógica de la guerra y haber tenido que sufrir la pérdida de muchos compañeros, como en el caso de la masacre del año 2000 cuando las fuerzas paramilitares asesinaron a siete miembros de la Comunidad de Paz, ésta siguió resistiendo con cierta normalidad hasta el 21 de febrero de 2005. Fue entonces que, nuevamente actores paramilitares conjuntamente el Ejército perpetuaron dos masacres que marcarían un antes y un después: por la mañana mataron a garrotazos en la vereda de Mulatos a Luís Eduardo Guerra, uno de los líderes principales del colectivo, junto con su compañera y su hijo, al que decapitaron de manera brutal. Por la tarde, persiguieron al líder Alfonso Bolívar hasta la vereda de La Resbalosa para terminar también con su vida, la de su señora y las de sus dos hijos. Acusados de ser guerrilleros y no por estar construyendo otra realidad, sin ningún tipo de piedad estos cuatro adultos y tres niños fueron asesinados por las fuerzas del Ejército de Colombia acompañados de miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Hay pruebas tan claras, tan sumamente claras, de que el pueblo es el blanco de la fuerza pública…”, exclama Brígida mientras teje.
Blacho, Bladimir Arteaga Guerra, fue el sobrino de Luis Eduardo Guerra y es hoy uno de los líderes más destacados de la Comunidad de Paz. Con una mezcla de rabia y nostalgia explica que su tío “en ese momento era el interlocutor, como representante de la Comunidad de Paz, con la vicepresidencia, se estaba buscando una manera de que el Estado pudiera tener alguna presencia en San José de Apartadó.” A raíz de estas masacres se tomó la decisión de no seguir con ese diálogo y de romper totalmente cualquier relación con el Estado. “¿Para qué interlocutar con un Estado ilegal?”, se pregunta irónicamente El Negro. La situación se agravaba con el constante señalamiento del presidente Álvaro Uribe Vélez contra la Comunidad de Paz, acusándola de tener nexos con la guerrilla de las FARC.
Durante el año 2005, el Estado instaló de cualquier modo una comisaría de policía en el casco urbano de San José, a pocos metros de la escuela y este fue el motivo final para iniciar el desplazamiento de la Comunidad de Paz que, para ser coherente con su principio de no interactuar con ningún actor armado ni permitir su presencia en su territorio, tuvo que empezar de nuevo, a 1 km de distancia, en la finca de La Holandita, donde hasta hoy podemos encontrar su asentamiento principal, San Josecito de la Dignidad. “Con las masacres eso ya sobrepasó todos los límites y con las evidencias claras y descaradas como se daban, ya no había más que hacer”, afirma rotundo El Negro.
La postura de ruptura total con la institucionalidad del Estado colombiano y la violencia que a través del ejército éste trae a los territorios, ha convertido a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en una iniciativa polémica y revolucionaria visitada e investigada por muchos. “La comunidad de paz de San José de Apartadó, junto a otras inspiradas en la misma visión, es una destacada demostración de coraje, resiliencia y dedicación a los elevados valores de paz y justicia, en un entorno de brutalidad y destrucción. No hay mejor símbolo de lucha no violenta y de esperanza, en un mundo torturado por la violencia y la represión”, escribió, por ejemplo, Noam Chomsky.
Eduar Lancheros, miembro de la Comisión Justicia y Paz, religioso, filósofo y gran defensor de los derechos humanos, fue un gran guía para la Comunidad de Paz desde su fundación, dispuesto a denunciar masacres paramilitares y otras injusticias en 1997. En seguida se convirtió en un miembro más de la comunidad, luchó, trabajó y lideró el espíritu constructivo y rebelde de la Comunidad, perdió a un gran amigo con la muerte de Luís Eduardo Guerra en la masacre de Mulatos y siguió la pelea hasta que, en 2012 fue víctima de un cáncer. “Ahí se ve cuando uno se abandona a sí mismo por un proceso” comenta Bladimir Arteaga, asegurando que Lancheros fue una víctima más de la lógica de guerra en la que vivía la comunidad. Enterrado en el centro del asentamiento de San Josecito, con un monumento en su memoria, la Comunidad de Paz recuerda una de sus grandes frases: “mientras el dolor se vuelva esperanza, siempre habrá comunidad. No puede destruirse”.
Coherencia y claridad
Una de las consecuencias prácticas de esta ruptura, a pesar de ser una política que ya estaba clara desde su fundación, es la negación de todos los miembros de la Comunidad de Paz a la reparación de víctimas –una ayuda principalmente económica- que ofrece el Estado. “Cuando uno le firma un pacto de muerte al sistema está totalmente deshumanizado; cuando uno es capaz de recibir dinero por el cadáver de un familiar, de un humano ya tiene poco, es algo horrible”, se lamenta El Negro. La sensación es que los mismos que les matan a sus familiares luego les ofrecen dinero. Sobre ese sensible asunto la lideresa Brígida testifica: “a mí me mataron una hija de 15 años en 2005 y a mí que no me vengan a decir que me van a dar plata porque es que yo no necesito plata, yo necesito [a] mi hija viva o que se haga justicia. Tengo 26 familiares asesinados en total, eso no lo pueden reparar económicamente. Nosotros lo que pedimos es una reparación colectiva, pedimos justicia”.
En la entrada de la finca principal de la Comunidad de Paz, igual que en varios otros puntos a su alrededor, podemos encontrar placas y carteles que difunden sus normas básicas:
- No portar armas.
- No consumir licor.
- La no injusticia e impunidad de los hechos.
- No a la reparación individual de las víctimas.
- No sembrar cultivos ilícitos.
- No manipular ni entregar información a ninguna de las partes.
- No participar en la guerra directa o indirectamente.
“Aquí los que estamos, es porque estamos claros”, asegura Brígida, que con 61 años, se ha erigido como una gran artista, pintando cuadros en un estilo naif muy expresivo de situaciones y sentimientos que se viven en la Comunidad de Paz, como las masacres de 2005 en Mulatos y La Resbalosa.
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