Propiedad, legitimidad e impunidad
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Si hubiese que mirar minuciosamente todo el proceso de desplazamientos y recuperaciones de tierra de este caso, observaríamos que hay muchos vacíos legales, imprecisiones jurídicas y procesos inacabados. En primer lugar, todos los desplazamientos forzados por parte de los actores armados -tanto guerrilla, como grupos paramilitares, como el mismo ejército- son ilegales, son crímenes. En segundo lugar, los retornos de las familias de la Comunidad de Paz, al cabo de meses o años, a sus tierras, si bien son legítimos, a menudo no tienen constancia legal porque posiblemente no haya habido nunca una escritura pública de la propiedad de la tierra o, quién sabe, si la hubo quizás se ha quemado o ha quedado atrás en alguna ocasión en que la familia haya tenido que huir de su hogar corriendo.
La propiedad de la tierra
En un país como Colombia donde existe un gran problema a nivel de titularidad de la tierra teniendo en cuenta que, como relata el sociólogo Omar Rojas Bravo, “la información catastral del país se encuentra desactualizada en un 60%” y “el gobierno no tiene información actual y veraz sobre la distribución de la propiedad rural en el país” –hecho que crea bastantes conflictos intercomunitarios-, más que de legalidad debe hablarse más bien de legitimidad. A pesar de que no es un tema del que se hable mucho, precisamente por el riesgo que implica, hay que contar que la Comunidad de Paz trabaja y vive hoy en algunas fincas que no cuentan con una escritura pública vigente. Aun así, según la ley 1561 de 2012, que creó un proceso verbal especial para las posesiones regulares e irregulares de bienes urbanos y rurales de pequeña entidad, al probar que la familia vive, trabaja y ejerce una conservación ambiental por más de 5 años ya tiene una legítima posesión de esa tierra, de modo que en ese sentido está totalmente amparada.
Un ejemplo paradigmático de las situaciones que se dan en cuanto a propiedad de la tierra es el caso de la finca de La Holandita, tierra donde, en 2005, la Comunidad de Paz empezó de cero a nivel territorial después de desplazarse del caserío de San José de Apartadó a causa de la instalación de la comisaría de policía. Esta finca era originalmente de una cooperativa de la que participaban varios miembros de la Comunidad de Paz, sin embargo durante la persecución política de la Unión Patriótica y de líderes populares desaparecieron todos los miembros de su directiva. La Comunidad de Paz decidió instalarse en esa finca porque los estatutos de la cooperativa amiga decían claramente que debían hacer uso de esa finca aquellos quienes cumplieran con una función social de su tierra. Igualmente, se llevó a cabo la tarea de encontrar los familiares de uno de los directivos difuntos que tenían la escritura pública pero éstos no quisieron entregarla, ni a la Comunidad ni a ningún otro actor: preferían no mojarse por ningún lado como resultado del miedo y la presión que se vive en este tipo de zonas tan influenciadas por las lógicas de guerra.
A finales de los noventa e inicios de la década del 2000, el retorno de las familias de la Comunidad de Paz a sus fincas en diferentes veredas se dieron en circunstancias parecidas: en algunos casos podían tener la escritura pública en la mano y en otros casos no, pero en cualquier caso, por un lado tenían el mismo derecho a regresar a la tierra donde habían vivido y cultivado durante años y por el otro, no había ningún actor administrativo, político o jurídico que averiguase y verificase tal información ni garantizara que el campesinado pasaba por un proceso de restitución de tierras. Tocaba hacerlo de manera autónoma y autogestionada, como han aprendido muy bien en la Comunidad de Paz.
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Impunidad frente a las masacres
En el corregimiento de San José de Apartadó y seguramente en toda la región de Urabá, brutalmente acechada por la guerra, ni los derechos humanos ni el Derecho Internacional Humanitario (DIH) son acatados o sirven como garantía de la vida de los habitantes del medio rural. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se apoyó en el DIH y apeló a la Convención de Ginebra en su nacimiento, pero aun así en su día a día no ha visto efectos prácticos de estos pilares jurídicos internacionales.
Por otro lado, con su fundación el año 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a la Comunidad de Paz medidas cautelares, según las que se aconsejaba al Estado proteger de manera especial a éste colectivo por su situación de riesgo. Más adelante, en el 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entregó las medidas provisionales, según las que se ordena –ya no se aconseja- al Estado buscar medidas claras para proteger a la Comunidad de Paz. Sin duda hemos visto, con tantas masacres cometidas no solo por actores paramilitares sino por el mismo ejército, que estas medidas han sido totalmente violadas por los gobiernos de Carlos Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
El único gesto que algunos sectores de la Comunidad de Paz han valorado por parte de las instituciones públicas, a modo de reconocimiento de los hechos, fue el que tuvo que protagonizar el año 2013 el presidente Santos cuando pidió perdón a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó públicamente: "Hace algunos años, desde la primera magistratura de la Nación, se hicieron acusaciones injustas a una comunidad –la Comunidad de Paz de San José de Apartadó–, respecto a las cuales la Corte Constitucional ordenó al Estado, en la cabeza del Presidente, retractarse. Hoy quiero, en este escenario de los derechos humanos, ante el país y ante el mundo, cumplir con esta retractación", dijo el jefe de Estado. Para otros miembros de la Comunidad, este acto significó una absoluta burla.
A pesar de esto, merece la pena en este apartado dedicado a las bases legales de este caso, hablar de la casi total impunidad en la que han quedado hasta ahora la mayoría de asesinatos, masacres y desplazamientos que ha sufrido la Comunidad de Paz. Según el estudio que ha hecho personalmente el Padre Javier Giraldo, defensor de la Comunidad de Paz desde hace años, más de 300 personas vinculadas a éste colectivo han sido asesinadas durante sus 20 años de vida. En su libro “Fusil o toga. Toga y fusil. El Estado contra la Comunidad de Paz”, relata detalladamente cada una de las agresiones. De muchos de estos crímenes hay procesos en marcha, pero la lentitud y la impunidad son la tónica básica. El padre Giraldo es de las personas que más horas y energías le ha puesto a la recolección de testimonios y fotografías de todas las víctimas de la Comunidad de Paz
Por la masacre de Mulatos del año 2005, por ejemplo, que está actualmente en proceso en las instancias de Bogotá, hay solamente implicados cuatro soldados de bajo rango y cuatro cabos del ejército, pero ningún máximo responsable. Los actores intelectuales de toda esta masacre gozan de una impunidad total.
Riesgos con el proceso de paz
La situación actual con la implementación de los Acuerdos de Paz, para la Comunidad de Paz pero también para todo el campesinado colombiano en general, es leída desde muchos líderes locales como de riesgo inminente. Al mismo tiempo en que grupos guerrilleros van abandonando el territorio para comenzar su proceso de desmovilización, va creciendo en las zonas rurales la presencia de actores paramilitares en muchas ocasiones al servicio de grandes terratenientes o de empresas multinacionales que consiguen instalarse en zonas ricas en recursos naturales antes ocupadas y guardadas por la guerrilla. Se sabe que en varias veredas de la zona, la función de intermediario en el marco del narcotráfico que a menudo ejercía la guerrilla hasta ahora la están empezando a monopolizar grupos paramilitares, es decir que el impuesto que antes el pequeño campesino que cultiva coca le pagaba a las FARC pasaría a pagárselo al paramilitar. En el mes de octubre de este 2016, la Comunidad de Paz se encontró con presencia de paramilitares en su territorio y éstos aseguraron que “llegamos para quedarnos”.
Según la tesis doctoral de la exalcalde de Apartadó, Gloria Cuartas, el mapa del desarrollo capitalista, de la presencia de recursos naturales, explotación y extracción de bienes, se parece mucho al mapa de la presencia de actores armados en esta guerra. Por lo tanto, según el punto de vista de esta defensora de los derechos humanos y la experiencia de varios líderes de la comunidad, existe un link entre empresas multinacionales, grupos paramilitares y el mismo Estado colombiano, que conjuntamente puedan estar estudiando una manera de explotar los recursos naturales locales. Para muchos, las perspectivas del postconflicto son peores que la misma guerra, porque durante la guerra se daban hechos ilegales explícitos más sencillos de denunciar, pero en la coyuntura que se acerca, con la aprobación de tratados de libre comercio, leyes como la de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social o ZIDRES y la franca apertura neoliberal, puede que los despojos y las violaciones se hagan de manera legal.
“Creo que se pueden tomar la tierra porque ahorita con las armas jurídicas llegaran a tener las mismas leyes como herramienta legal para avanzar”, asegura El Negro, gran analista político –que hace unos meses advertía de que ganaría el “no” en el plebiscito que debía ratificar los Acuerdos de Paz y que hasta hace poco tiempo era analfabeto. “El paramilitarismo es creado por las empresas y por el Estado colombiano desde el año 1962 de común acuerdo con los Estados Unidos y se crea para el exterminio de organizaciones sociales y el supuesto comunismo en Colombia”, relata, “hoy el gobierno de Santos habla de un acuerdo de paz, pero no desmonta el paramilitarismo porque lo necesitan como mecanismo para avanzar, es una política del Estado colombiano”.
“Nosotros tenemos una fe y una esperanza de que la Comunidad de Paz no se acabe. A nosotros no nos acaban, seguiremos adelante hasta el último paso: si yo me muero seguirá otro”, declara Joaquín Pino David, de 83 años, otro de los cofundadores de la Comunidad de Paz que asegura hasta hoy que “como decía la UP, si a nosotros nos matan, queda la juventud”, con todo lo que conlleva. Por lo visto, la esperanza es lo último que esta comunidad va a perder, pero la experiencia y el tiempo les ha enseñado a ser realistas y estar en posición de alerta.