Las precarias condiciones de trabajo y el alto costo de la vida son fenómenos permanentes que afectan a los trabajadores del campo. En la década del ’90 del siglo pasado, se recrudecieron las condiciones económicas, principalmente para los sectores populares de las ciudades y ruralidades del Ecuador, a raíz de la aplicación de políticas neoliberales que generaron procesos inflacionarios fuertes, alto costo de la vida y que por ende precarizaron las condiciones laborales de los trabajadores. Esa situación produjo un reflujo de la descampesinización del campo y fomentó el modelo primario exportador que desfinanciaba a la agricultura local, incentivando la concentración de la tierra para el mono cultivo de productos rentables en el mercado global.
El desempleo aumentó en la etapa neoliberal y generó en la región amazónica un tránsito permanente entre los jornaleros que allí habitaban. Por lo que su residencia no respondía a una sola provincia o localidad, sino que transitaban en busca de trabajo entre Napo, Pastaza y Sucumbíos (únicas provincias de aquella época).
En ese tránsito permanente, ese ser campesino, que se combinaba con su condición de jornalero rural sin estar en un sitio de residencia específica, determinó que la información sobre las condiciones de trabajo, de tierras abandonadas, de explotación laboral y acciones campesinas en defensa de sus derechos se difundiera en la región y tomará fuerza entre aquellos trabajadores.
Bajo estas condiciones y producto de la información entregada por unos ex trabajadores del consorcio Mapresa-Endesa, se difundió entre los jornaleros amazónicos la existencia de unos terrenos baldíos de gran extensión, que no habían sido trabajados desde la década del ’80 y que se encontraban ubicados en lo que es hoy el Cantón Francisco de Orellana y específicamente en la Parroquia Río Punino.
Corrida la información, decenas de trabajadores del campo sin tierra, provenientes de Lago Agrio, Shushufindí, Tena y otros de distintas regiones del país que buscaban “suerte” en la Amazonía, empezaron a organizarse para ir a la toma de esas tierras.
De esa toma, el 24 de noviembre de 1994 nació la Asociación Autónoma de Trabajadores Río Punino, con el objetivo de organizar a los campesinos y obtener la propiedad para trabajar la tierra y mejorar las condiciones de vida de ellos y sus familias.
Producto de la emisión del Decreto 16[1], la Asociación Autónoma de trabajadores Río Punino cambió de razón social a Asociación Agropecuaria Río Punino para preservar su existencia.
El acceso a la tierra, una necesidad fundamental
El inicio del acceso a la tierra se dio en 1994 a través de la posesión de 3.577 hectáreas comprendidas en nueve lotes. Según los integrantes de la Asociación Agropecuaria Río Punino, fueron 70 familias las que comenzaron la posesión pero con los años se elevó el número de núcleos a la lucha por la tierra y en la actualidad suman 105 familias, las que se beneficiaron de los resultados de su fuerza y perseverancia, las cuales están agrupadas en dos diferentes asociaciones.
El acceso a la tierra, como necesidad fundamental de los campesinos, determinó múltiples estrategias para conseguirla de forma definitiva: el cultivo y trabajo sobre ésta; el fortalecimiento de la organización para que las acciones tengan poder y carácter colectivo; el desarrollo de la vida comunal y múltiples procesos judiciales. Por ello, las familias, las antiguas y las nuevas, se incorporaron de forma plena a cada una de las actividades comprendiendo la necesidad de cada una de las maneras de lucha a ser utilizadas para defender sus tierras.
A los dirigentes de la Asociación Río Punino, quienes recuerdan los orígenes del acceso a las tierras de las que hoy son propietarios, en aquel momento (1994) esas tierras que ocuparon les parecieron baldías. Pero tras la posesión por las y los campesinos, en 1995 aparecieron los representantes legales del consorcio empresarial Mapresa-Endesa, propietarios originarios de las tierras.
Mapresa-Endesa, que en la actualidad se denomina consorcio Endesa Botrosa, es el grupo empresarial maderero más grande del país. Es propiedad del grupo “Peña Durini”, uno de los grupos de mayor control sobre las áreas extractivas, específicamente madereras, de Ecuador. En aquel entonces sus propietarios eran diez personas naturales, entre ellos: Rafael Serrano Puig, Cesar Eduardo Arboleda.
Luego de explotar la madera de esas tierras, Mapresa-Endesa abandonó el terreno a inicios de los ‘90. Sin embargo, los representantes legales de Mapresa-Endesa emprendieron una serie de acciones legales después de la posesión de los campesinos, exigiendo desalojos e iniciaron un proceso judicial por invasión, que abrió el conflicto en la primera etapa entre la empresa y los campesinos.
De esa forma, el consorcio Mapresa-Endesa inició en 1995 un juicio contra los campesinos por invasión (Nro. 90-95). El proceso concluyó en 1998 con la sentencia a favor del Estado, como mediador de los campesinos, resolviendo la reversión de las tierras para el Estado y que éste pueda redistribuir en el futuro.
El uso de la violencia para el desalojo que ejerció Mapresa-Endesa
Además de interponer el juicio, los miembros del consorcio utilizaron varias formas de amedrentamiento contra los campesinos, por ejemplo contrataron paramilitares que asediaron durante meses las tierras y amenazaron a las familias de las y los campesinos.
Los socios recuerdan que existió además participación del Estado y, es que a través de militares y fuerza policial se hicieron efectivos los desalojos. A pesar de este uso de la violencia, las familias decidieron continuar la lucha justa por el acceso a la tierra y retornaban siempre a sus casas.
“Nosotros nos tuvimos que organizar en guardias en las comunidades, en grupos de seis a 10 personas. Existieron tiroteos pero para buena fortuna nuestra nunca existió heridos o víctimas de por medio”, recuerda Marco Tandazo, dirigente del Seguro Social Campesino de Orellana.
La organización, eje fundamental para la defensa de la tierra
El papel de la organización campesina fue determinante en la pelea legal por aquellas tierras. Los campesinos probaron que no se había seguido correctamente los trámites respectivos para el uso de las tierras de parte de la empresa Mapresa-Endesa; que no existía Plan de Manejo dentro de la zona, y que, por ende, su acción de toma no era una invasión de tierras.
“Defendimos y de hecho denunciamos que no existía siquiera el plan de manejo y desestimamos la acusación de invasores”, recuerda Ángela Zambrano Farfán, socia fundadora de la Asociación Agropecuaria Río Punino[2].
Luego de este juicio, se abrió un proceso administrativo por reversión a la adjudicación entre el Estado y los campesinos, que terminó con una resolución a favor de los integrantes de la Asociación sobre ocho de los nueve lotes en el año 2001. De ese modo, la entrega de títulos de propiedad inició ese año y benefició a 103 familias de las 105 de la asociación.
La lucha por la titulación de la tierra aún no termina
En una sola resolución emitida en 1998, el Estado ecuatoriano asumió la propiedad sobre las nueve escrituras, sin embargo, revirtió la propiedad solamente sobre ocho, dejando insuficiente una escritura, un lote y sin propiedad a dos de las familias que comenzaron la demanda.
Por ello, aún hay una disputa de dos predios correspondientes a uno de los nueve lotes, debido a que las familias de José Miguel Criollo Reyes y Ángela Zambrano Farfán miembros fundadores de la asociación –Miguel fue presidente por varias ocasiones de la organización y eje central en la adjudicación de las titulaciones y Ángela viuda del primer presidente la Asociación y también personaje determinante en la organización y la lucha por la tierra-- todavía no obtienen sus respectivos títulos de propiedad.
Ese fue el motivo por el cual, en 2010, los implicados emprendieron un nuevo proceso judicial contra el Estado que no revirtió la titularidad sobre el noveno lote. Ángela Zambrano y Jóse Miguel Criollo cuentan con el respaldo de todas las familias que integran la Asociación Agropecuaria Río Punino pues afirman: “que gracias a las dos familias hoy la tierra que trabajan, les pertenece”[3].
La producción de la tierra, estrategia fundamental para ejercer su posesión
![]()
Angel Vélez, presidente de la Asociación Agropecuaria, recuerda que la estrategia para acceder a la tierra fue cultivar las tierras improductivas o abandonadas por la empresa, vivir en los terrenos con familias enteras e impulsar obras dentro de la comunidad para sentirse dueños de los terrenos y dotar de legitimidad las acciones de la población. Estas decisiones se tomaban en resoluciones de la sala y en reuniones colectivas del campesinado. En ese proceso, Daniel Pauker, alcalde de Francisco de Orellana, entregó un espacio importante para el debate y el abogado Jaime Hurtado aportó en la asesoría hasta el momento de su fallecimiento.
A partir de la titulación, la organización madre se dividió en dos espacios: la Asociación Río Punino y la Asociación Río Pallanino, producto de la extensión de las tierras y el extenso número de familias, según los dirigentes de Asociación Río Punino.
Así cada espacio organizativo asumió el nombre del río más cercano a sus tierras, Punino y Pallanino, respectivamente. Y se determinó la composición de familias que integraban cada asociación, en función de la ubicación de los predios respecto a los ríos. La Asociación Río Punino quedó conformada por 60 familias, mientras que la Asociación Río Pallanino por 45 familias.
[1] En el año 2013, el gobierno de la Revolución Ciudadana emite el Decreto 16 que norma el funcionamiento de las organizaciones sociales y demás espacios organizativos del país.
[2] Asamblea Extraordinaria, Asociación Agropecuaria Río Punino, 22 de octubre de 2016.
[3] Declaración de Ángel Darío Vélez Mendoza, Presidente de la Asociación Agropecuaria Río Punino en la Asamblea Extraordinaria, 22 de octubre de 2016