Historia de la resistencia de Intag a la minería
En parte del territorio de Intag existe un gran potencial para la explotación de cobre y es considerada como zona de intervención minera. Actualmente la empresa minera nacional – ENAMI tiene la concesión y permiso de extracción del mineral.
Los primeros años de la década de los noventa, se realiza la primera intervención para exploración por la empresa japonesa Bishimetals, sin informar a la población ni poseer permiso legal para dicha actividad. Las actividades implementadas en esta intervención generaron contaminación en el río Junín y la población solicitó, sin resultados, la intervención del Estado. A partir de esta negativa, la población comenzó a organizarse para mantener su territorio libre de minería.
En 1995 nace Defensa y Conservación de Intag - DECOIN, una de las instancias encargadas durante estos años, de la conducción de la campaña permanente para hacer de Intag, un territorio libre de minería.
Durante el año 1996, Bishimetal presenta una Evaluación de Impacto Ambiental cuyos resultados mostraban una alta contaminación y pérdida de bosques si llegara a completarse todo el proyecto, pero además, ponía en cuestión las reservas de cobre, un factor que muestra las prácticas especulativas que son comunes en la industria extractiva[1].
El 1997 es un hito clave en la resistencia de Intag. Se realizaron acciones en el ámbito social y en el normativo que determinarán la salida de la Compañía Minera. A mediados de ese año, la población destruye el campamento minero y obliga a parar el proceso de exploración. La demanda gana visibilidad y adhesiones en todo el cantón, por esta razón las organizaciones de Intag en alianza con el Comité de Gestión Ambiental – parte de la Asamblea Cantonal de Cotacachi[2]- proponen que se declare al cantón como ecológico, medida que se concretará a través de una Ordenanza Municipal (11 de septiembre de 2000) constituyéndose de esta forma en el Primer Cantón Ecológico de Sudamérica.
Para que se respeten sus tierras, las organizaciones sociales de Intag, durante una década de lucha, trabajaron arduamente en la construcción de propuestas que demostraban que se podía obtener la misma cantidad de recursos con actividades alternativas a la minería. Todo esto de la mano del fortalecimiento del tejido organizativo en la zona, florecieron y/o se consolidaron organizaciones de mujeres en torno a sus derechos, organizaciones de jóvenes, organizaciones de productores, organizaciones para la producción de artesanías, asociaciones encaminadas a la transformación de materia prima, emprendimientos productivos como la apicultura, la piscicultura, producción de bio-gas, entre otras.
A la par, con el apoyo de aliados estratégicos como el Sindicato de Ingenieros Eléctricos de Cuba y de Francia, se realizó el estudio que mostraba el enorme potencial hidroeléctrico de la zona, la propuesta incluía la construcción de pequeñas hidroeléctricas con impacto ambiental bajo, convirtiéndose en productores de energía para el abastecimiento de poblaciones del norte del país[3].
Entre los años 2003 y 2004, el gobierno ecuatoriano vuelve a otorgar la concesión a otra empresa extranjera, la canadiense Ascendant Cooper, con irregularidades similares a la primera y sin considerar la participación comunitaria. Esta compañía implementó varias estrategias para asegurar que la población no reaccionara. Promovió la división al interior de las familias y comunidades a través de la oferta de empleos en la actividad minera, hasta la agresión física a título de seguridad privada que impedía el ingreso a los territorios concesionados, aún con la resistencia de la población.
El último trimestre del año 2006, la escalada de violencia alcanzó la agresión con armas de fuego de parte de la seguridad de la empresa a los comunarios, generando la reacción de la población que retuvo a sus agresores por varios días. Las autoridades intervinieron para liberar a los agresores, con la promesa nunca cumplida de iniciar una investigación para dar sanción a los hechos.
A la violencia directa, la empresa minera sumó la interposición de demandas penales contra dirigentes de las comunidades aduciendo perjuicios a la empresa, y por último, la compra fraudulenta de tierras para tener la legalidad de intervenir la zona. Todas estas formas de incursión por parte de la compañía minera fueron revertidas tras el retiro de las concesiones mineras, a través de un mandato minero, emitido en el año 2008, cuando Rafael Correa empezaba su primer mandato.
En el año 2009, por encima del Mandato Minero, se crea la Ley de Minería que concede al Estado ecuatoriano la potestad para atribuir las concesiones mineras de acuerdo a los “intereses nacionales” y se genera institucionalidad, así aparece la Empresa Nacional Minera – ENAMI.
En agosto de 2012 se firma el acuerdo para la explotación minera en la zona de Intag entre el Estado ecuatoriano y el Estado chileno con su compañía CODELCO, a través del proyecto estatal Llurimagua, sin tomar en cuenta la decisión de las comunidades que se verían afectadas por esta actividad. El proyecto Llurimagua contempla la prospección, exploración, explotación, obtención de beneficios, fundición, refinación, comercialización de metales y cierre de mina[4], e incide directamente en dos de las parroquias de la zona de Intag: García Moreno (95% del proyecto) y Peñaherrera (5% del proyecto)[5]; la comunidad de Junín se encuentra ubicado en plena concesión minera.
A este convenio se oponen varias comunidades de la zona, entre ellas, las que se verían más afectadas, Junín, Armenia, El Rosal, San José Magdaleno, Cerro Pelado, Chagualyacu Alto, acogiéndose a su derecho a la resistencia[6], en defensa de la tierra, las fuentes de agua, los bosques, la agricultura y el medio ambiente.
Durante las dos décadas de resistencia, la población inteña aprendió que la extracción minera, aún con tecnología de punta, destruirá sus tierras, les quitará la condición autónoma que les proporciona la producción agropecuaria y los colocará en estado de vulnerabilidad. El testimonio de una de las principales líderes, es claro, “a lo largo [del] tiempo cuentan que va a ser desastroso, así la contaminación, todo eso, los impactos ambientales, muchas cosas que afectaría. Esto de la minería no estoy nada de acuerdo, hasta ahorita que no se están dando nada todavía a la cuenta, pero si ya hay impactos, [se consumen] muchas bebidas [alcohólicas]; así que detiene por ahí a los turistas, hasta a uno mismo por ahí, ¿Qué tienen que estar los policías ahí pidiendo documentos? Siendo de aquí mismo y por ahí le paran el carro pidiéndoles documentos”[7]. Preocupa mucho los problemas sociales como el incremento de consumo de alcohol que llega con los trabajadores de la empresa, la represión por parte de la fuerza pública ecuatoriana –la presencia permanente de soldados o policías en la zona- y la afectación a actividades productivas, como el turismo.
A finales del año 2013, comienza la última etapa de confrontación, en la que actualmente se halla la población, esta vez contra el aparato estatal, la ENAMI – CODELCO, ahora cuentan con seguridad de la fuerza pública ecuatoriana. En septiembre de este año, la población haciendo uso de su derecho a la resistencia, impidió el ingreso de los equipos de ENAMI-CODELCO. La reacción estatal fue el uso de la violencia física y sanciones judiciales. Javier Ramírez, dirigente de las comunidades afectadas, fue apresado y sentenciado a un año de prisión, mientras que a su hermano le extendieron una orden de detención y lo declararon prófugo.
A la fecha, los acuerdos con las empresas transnacionales todavía cuentan con el respaldo y legalidad directa de parte del Estado. El siguiente testimonio da cuenta de la situación de la comunidad y en particular de los conflictos que viven las familias con la llegada de la minería “hemos vivido bien, nos hemos llevado bien con las personas; ahora con la familia en discordia, siempre que vienen las empresas dividen a las familias con los amigos. Claro, unos que apoyan a la minería y otros que pensamos estamos bien, los ecologistas. ¿[O] también será que estamos mal? ¿Será que los mineros están bien o será que los ecologistas estamos luchando porque no se destruya? Pero eso ha sido como un delito, para las personas que estamos pensado que tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar la tranquilidad de las personas, entonces, ¿Por qué si vienen las empresas ya no hay la misma tranquilidad? ¿Por qué van a venir gentes de otras partes? …. Ha habido una violación a una chica y han matado a un señor, pensando que es él [quién] ha violado. No ve, ¿Así mismo vamos a vivir aquí y con esta empresa? Hace 22 años, por estas empresas mineras, que están queriendo explotar el cobre aquí en Junín, le mataron a mi esposo” (R.P., 2016).
(...)
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[1] Disponible en: http://codelcoecuador.com/la-historia-de-la-resistencia/
[2] La Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi en el año 1997 era una instancia de participación ciudadana con mucha legitimidad, que aglutinaba a representantes de las organizaciones de todo el cantón y contaba con la presencia de representantes del gobierno municipal; se consideraba como un espacio de articulación entre la sociedad civil y el municipio, asegurando de cierta forma, la canalización de demandas y propuestas realizadas por las organizaciones; a la vez que fortalecía la gestión pública y social de cara a mejorar la vida del cantón.
[3] Presentación de José Cueva, dirigente de DECOIN (junio 2007) durante la visita de un grupo de estudiantes del Curso Desarrollo Local. Actualmente José Cueva es el Director de Planificación del Gobierno Municipal por el Movimiento Vivir Bien.
[4] Título de concesión Minera para minerales metalticos Llumiragua Codigo Cuatro Cero Tres Cero cero Uno (403001).
[5] Título de concesión Minera para minerales metalticos Llumiragua Codigo Cuatro Cero Tres Cero cero Uno (403001).
[6] Art. 98 CPE.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u
omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.
[7] M.R. Entrevista. Junio 2016