Íntag es una zona reconocida por su fuerte y perseverante resistencia a iniciativas mineras en distintas épocas. En un primer momento, en la década de 1980, se produjeron los primeros trabajos de exploración minera por parte del Estado ecuatoriano, entre 1981 y 1982 dirigidos por la Dirección General de Geología y Minas del Ecuador (DGGM), que entre 1984 y 1985 continuó con apoyo de la Misión de Asistencia Técnica de Bélgica en Ecuador. Estas labores pasaron desapercibidas para la comunidad de Junín, Chalguayacu Alto y Chalguayacu Bajo, comunidades en la zona de influencia del proyecto. Pero en la década de 1990, la continuación de esos trabajos de exploración bajo el nombre de ‘Proyecto Junín’, por parte de una compañía japonesa, la Bishi Metals, sí encontraron oposición de la comunidad. Aunque la presencia de la japonesa en un principio se vio como una oportunidad laboral para personas de la zona, los conflictos laborales, las primeras muestras de contaminación del agua y el inicio de una sensibilización ambiental en Íntag por la preocupación de la minería hicieron que se empezara a gestar una oposición al proyecto.
En 1999, la comunidad con apoyo de la DECOIN compró el primer predio, el que había usado la Bishi Metals para su campamento. Posteriormente se compraron otros predios más con apoyo económico canalizado a través de organizaciones sociales a nivel local, nacional e internacional. Se compraron predios a 15 propietarios y se alcanzó una extensión de 1.430 hectáreas (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial Ecuador 2015).
Sin embargo, algunos propietarios les vendieron los mismos lotes tanto a quienes promovían la reserva como a quienes tenían intereses en minería relacionados con otro nuevo proyecto de exploración minera hacia el 2004.
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Actualmente la Reserva y el bosque nublado de manejo comunitario en Junín están en una amenaza inminente por los trabajos de exploración minera y el interés de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) y la chilena CODELCO en la explotación de cobre existente en la zona. Tanto el EIA de Llurimagua, como en otros momentos, las empresas afirman que en la zona no hay bosque primario, quitándole legitimidad a la Reserva comunitaria.