En 1998 comenzaron a comprar predios para hacerlos parte de un proyecto de reserva comunitaria. No obtuvieron título de propiedad de algunos de ellos debido a que la comunidad no tenía personería jurídica, recién la obtuvo en el 2007. A esta dificultad se sumó que algunos de los predios que compraron posteriormente, aproximadamente en 2004, también fueron vendidos a la compañía de exploración minera canadiense Ascendant Cooper Corporation.
Algunos predios de la reserva tenían doble propietario, pero la titularidad era irregular debido a esta condición. Además, legalmente no se puede registrar propiedad ni reserva en una concesión minera. De esta manera, aunque la comunidad ha buscado distintas estrategias jurídicas, no ha podido registrar la zona como reserva ni bosque protector oficialmente hasta la actualidad. Es así como legalmente se puede considerar una Reserva de hecho.
Aunque ha habido obstáculos de regulación, se han hecho esfuerzos complementarios para conservar como bosque esta área. Unos de estos impulsos han sido emprendidos por el gobierno cantonal de Cotacachi que expidió en el 2000 la ordenanza que declara Cotacachi un cantón Ecológico, buscando proteger los bosques de actividades amenazantes.
Esta ordenanza se sumó a medidas de protección ante la minería, junto otras actividades que pudieran deteriorar los bosques y la vida de las y los pobladores en Cotacachi. A esta ordenanza se sumó otra más específica en 2008, la “Ordenanza que reserva y controla el área natural ‘Toisán’ de la zona de Íntag para el desarrollo ambientalmente sustentable”. Esta buscaba conservar el área del Toisán fortaleciendo el desarrollo sustentable y un ambiente sano, libre de contaminación, conservando las fuentes hídricas, biodiversidad y los valores naturales, arqueológicos y culturales dentro de Cotacachi.
Sin embargo, la entrada de la ENAMI y Codelco con policías, la militarización de la zona y la detención del presidente de la comunidad de Junín, crearon un ambiente de miedo en la zona. Las empresas del proyecto Llurimagua han logrado ingresar a la zona de Reserva. La legislación minera les permite hacer trabajos de exploración en el área que la legislación ambiental no ha permitido establecer como Reserva oficialmente. El turismo ha disminuido dramáticamente y se le impide a la población recorrer la zona sin equipamiento especial y sin permiso de la empresa.
Los trabajos de exploración ya han expuesto sus impactos en detrimento de la calidad de vida de las comunidades aledañas al proyecto Llurimagua. Para poner algunos ejemplos: el agua de una de las cascadas de interés turístico cambió su color a naranja; en los primeros días de octubre de 2016 los comuneros vieron contaminado su río Junín que pasa al lado del poblado de la comunidad de Junín, y se han talado árboles de la Reserva con un diámetro superior al permitido según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Aunque se han denunciado estos hechos ante el Ministerio del Ambiente, no ha habido una respuesta o sanciones a las empresas ENAMI o Codelco hasta el momento.