La resistencia a la minería en las comunidades de Junín, Chalguayacu y en toda la zona de Íntag se ha acompañado del apoyo decidido de redes a nivel cantonal, nacional e internacional, tejidas en casi veinte años de oposición al proyecto. Esta lucha contra la minería se articula con la construcción de una democracia participativa y la búsqueda de un proyecto más autónomo desde Cotacachi.
La Reserva comunitaria de Junín se suma a otras iniciativas productivas como una propuesta de manejo del territorio y de defensa del mismo. Busca atraer el eco-turismo, dar trabajo a las personas que hacen parte del proyecto turístico Ecojunín y así apoyar a quienes han defendido su territorio de la minería a gran escala. Estas iniciativas han planteado también una re-valoración del bosque y el área en general, entendiendo que de su buen estado depende la calidad de agua y de vida para la población. Así, aunque la exploración minera de los japoneses trajo una ola de iniciativas mineras, también creó una preocupación por el ambiente y la defensa del territorio que se mantiene aún hoy.
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A nivel zonal, el turismo ha disminuido por la militarización que hubo en la zona. Sin embargo, la venta de productos como café, artesanías, fréjol y los de aloe vera siguen produciéndose y vendiéndose fuera de Íntag y del Ecuador con las redes ya constituidas, con una idea de ser alternativas productivas viables dentro de Íntag. Su comercio ha continuado sin problemas pero ha habido algunos bloqueos institucionales por nuevas normativas que dificultan la inscripción de organizaciones y cooperativas en el país. Con el decreto 016 de 2013, las organizaciones deben legalizarse registrándose ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) e informar de sus actividades, por lo que ha sido cuestionado por la Human Rights Watch por considerarse que subordina la participación civil al control gubernamental (El Universo, 17 de junio de 2014). Esta norma ha sido considerada por varias organizaciones como un bloqueo a sus actividades y control a las organizaciones que no comparten las posiciones del gobierno actual.
Pese a este contexto, las personas opuestas a la actividad minera del proyecto Llurimagua siguen defendiendo su territorio y la reserva, creando nuevas estrategias, la más reciente es hacer un monitoreo comunitario del agua, para evaluar posibles cambios o contaminación del agua de la cual dependen sus familias. La difusión del caso y la visibilización de esta reserva pueden servir para respaldar la lucha de estas comunidades por su territorio, con el sueño de que se detengan las iniciativas mineras en la zona y que se mantengan los bosques de la Cordillera del Toisán como soporte de la vida.