En Colombia el acceso de tierras está dinamizado por una pequeña elite en cabeza de los gobiernos de turno que van generando políticas agrarias nefastas para los campesinos carentes del reconocimiento de sus derechos en la Constitución Política Colombiana (1991). Dada esta invisibilización premeditada, los políticos usufructúan y deciden por un “desarrollo” que transforma y despoja a las comunidades con una rapidez imperceptible, dejando víctimas del desarrollo[1].
Con este panorama tan agitado y esta bomba de humo que no permite ver con claridad quienes son los responsables directos, se suma el afán de convertir patrimonios naturales en recursos económicos que concentran la tierra y con ella el poder de manipular a quien no la posee. La tierra está siendo arrebatada por manos multinacionales en los sectores: forestal, minero- energético, siembra de monocultivos, agroindustrias de flores, explotación del petróleo, oro y demás minerales y riquezas de este país; así mismo, están las grandes inyecciones de fondos de inversión como el proyecto de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES), que lesionan a los habitantes nativos de la región.
Todas estas decisiones repercuten en un problema central que es la crisis alimentaria, asunto que bien podría ser resuelto, pero que políticamente y para favor de unos pocos no se tramita, dando invalidez a los derechos humanos. Este interés sobre la tierra está proyectado no sólo al presente sino a futuro, con los “mercados nómadas futuristas” en los que los oligopolios, van en busca de tierras fértiles por todo el mundo, buscando usos agrícolas a gran escala, con un uso desmedido de las tierras, catalogándose como una nueva colonización agrícola, haciendo de la tierra un negocio rentable.
En respuesta a lo anterior, los sectores populares se manifiestan y reclaman el pleno goce de los derechos, tal como el caso del Coordinador Nacional Agrario y el senador Alberto Castilla que propusieron una Reforma Constitucional en el año 2014, por medio de la cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, donde se exige el reconocimiento de su territorialidad y disposiciones sobre la consulta Popular.
Del mismo modo a nivel nacional, la Cumbre Agraria Campesina Étnica Y Popular recoge la voz de los sectores vulnerables, ejerciendo su papel político en el marco de las lógicas recogidas en el Pliego Unitario de exigencias, como fruto de las movilizaciones, concentraciones, marchas, taponamiento de vías y demás convocatorias de la Minga Nacional Agraria.
La experiencia de Jhon Ríos resulta ser un acto de resistencia frente al modelo estructural que adoptó el país y muestra las dificultades para acceder a la tierra, así como la complejidad de sostenerla por los altos avalúos catastrales que desplazan a los que no pueden pagar por vivir en ella. La tierra entró en una dinámica en la que los campesinos ya no son sus dinamizadores sino los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, con quienes no se puede competir.
La herencia familiar Ríos lleva más de 25 años y es una propiedad colectiva donde Jhon Ríos tiene un derecho, pero figura como una propiedad global, en ese entonces era factible acceder a un terreno, pero sí hoy fuesen acceder a esa misma propiedad con seguridad les sería imposible, puesto que la tierra se valoriza, hasta 4 y 5 veces más, de tal modo que es una de las tierras más caras en América Latina, en condiciones similares.
[1] Concepto desarrollado por el Movimiento Social Diversidad Agrodescendientes.