Disputas por el territorio y el uso de la legislación como estrategia
Para entender la importancia de este caso debemos decir que en Bolivia, tras la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de 2006 y la aprobación de la constitución en el 2009, se muestra un repunte en las disputas o demandas por el reconocimiento de los territorios colectivos.
Las organizaciones indígenas y campesinas del altiplano, el trópico del Chapare y las tierras bajas fueron las que entre el 2000 y el 2009, han ocupado el escenario político nacional que dio paso a la Asamblea Constituyente (2007-2009) y han logrado impulsar una agenda indígena campesina en la nueva Constitución Política del Estado (2009), así como el reconocimiento del Estado Plurinacional, la igualdad jurídica, derechos colectivos, participación y representación por normas y procedimientos propios de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, etc.[1]
En la actualidad, la lucha y demandas indígenas campesinas nos muestran que, a pesar de que la Reforma Agraria de 1952 eliminó el régimen de hacienda y fomentó la legalización o saneamiento de títulos individuales dejando abierta la posibilidad de una titulación proindivisa (tierras colectivas); y a pesar de la Ley INRA de 1996[2] que abre e impulsa el mercado de tierras, pero también reconoce las Tierras Comunitarias de Origen; la lucha de las comunidades indígenas originarias y campesinas por su tierra y territorio tiene una enorme vitalidad. De hecho valdría decir que en la actualidad hay más de 244 TCO[3] que han logrado su titulación y que representan cerca de 22.201.175 has. (70% de las titulaciones se han realizado entre 2006 y el 2012).
Quila Quila Marka es parte de este gran movimiento, sus comunidades y ayllus han logrado mantener gran parte de su territorio como propiedad colectiva (14.000 de 24.000 ha); y a pesar de que en los últimos 20 años ha protagonizado una lucha y resistencia contra los intentos de expropiación de sus tierras por parte de la empresa minera FANSESA (empresa pública de propiedad de la Universidad de San Francisco Xavier de Sucre, el Municipio de Sucre y la Gobernación de Chuquisaca). Su lucha también se relaciona con el reconocimiento de su existencia, no solo territorial, sino también por su identidad cultural y política. Tal como lo plantean sus autoridades indígenas:
“no se trata solo de la lucha por la tierra, porque en la ley INRA nos reconoce solo la propiedad de 30 centímetros, de lo que está arriba, sino de todo lo que nos pertenece, nuestra tierra y territorio, pero también nuestros lugares sagrados, nuestros recursos, las aguas termales, las huellas de dinosaurios, el territorio” (Samuel Flores, junio 2016)
Es por eso, cuando los Tatas[4] José Rodríguez Zarate y Samuel Flores explican la lucha por la tierra y territorio en Quila Quila Marka, inician con una larga marcha por el reconocimiento de su propiedad ancestral, del cual tienen pruebas desde el “Memorial de Charcas” que se guarda en el Archivo General de Indias y data 1582; hasta las copias de títulos de propiedad de los 5 ayllus del año 1894, otorgados por la República de Bolivia (ver tabla 2). Así, aunque a lo largo de la historia hayan intentado expropiar las tierras y eliminar la existencia de las markas y ayllus, los documentos y títulos, celosamente guardados por las autoridades, se han convertido en una herramienta de lucha política y de afirmación cultural. Cada vez que el estado y los distintos gobiernos niegan su existencia, ellos los levantan para mostrar que estuvieron ahí, en medio de estas montañas; mucho antes que las haciendas, antes de los trabajadores y campesinos sindicalizados, antes de los municipios y las gobernaciones, así como los distritos y las ciudades que los circulan.
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[1] También es importante reconocer que, aunque hay avances constitucionales importantes, tras la finalización de la constituyente, el gobierno de Evo Morales negoció los contenidos de la constitución con las elites regionales, bajando la radicalidad y varios de los contenidos más importantes de la propuesta indígena campesina, sobre todo en lo referente a la propiedad de la tierra –se modificaron 146 artículos de 411– (Huáscar Salazar, 2003).
[2] Según Enrique Ormachea (2013), la ley INRA de 1996 tenía como objetivo sanear o titular las tierras que desde la reforma agraria de 1953 no tenían títulos, no obstante, también creaba “incertidumbre” en la estructura de propiedad y el mercado de tierras. Lo cierto es que, permitía o abría la posibilidad de que se legalizaran más de 39 millones de has en manos de la agroindustria y la gran propiedad.
[3] Según el Atlas Interactivo de territorios indígenas originarios de Bolivia, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (2012), 17 en tierras altas de La Paz, 7 en la tierras bajas, 9 en Cochabamba, 3 en Cochabamba tierras bajas, 8 en Chuquisaca, 5 en Chuquisaca Tierras Bajas, 64 en Oruro, 85 en Potosí, 22 en Santa Cruz, 4 en Tarija, 3 en Pando y 17 en Beni.
[4] El uso de Tata o Mama en las organizaciones indígenas hace alusión al reconocimiento de su distinción como autoridad indígena, distinción que se han ganado luego de haber sido autoridades desde su comunidad, luego el ayllu, la marka y, en muchos casos, la nacionalidad. Muchos dirigentes indician su actividad como autoridades menores desde los 19 o 20 años y luego, bajo un sistema rotativo de cargos que asegura que todos los miembros de la comunidad sean o hayan sido autoridad, van rotando su cargo en una espiral ascendente. Así, Tata y Mama reconoce, no solo su distinción de autoridad, sino que su distinción se alimenta del saber y experiencia acumulada.