El núcleo de la disputa por el control de la tierra
Como puede verse en la historia reciente de la reivindicación territorial de la Marka Quila Quila, aunque existe un marco normativo reformado en los noventa y 2000 (Ley INRA, Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria) que reconoce la necesidad de dotar de tierras a los campesinos y reconocer los territorios indígenas, sus estructuras aún resultan ambiguas e imponen límites para procesar las demandas. Tal ambigüedad y obstrucción, a pesar de la lucha de los ayllus y comunidades indígenas, están relacionados con la presión e intereses de elites económicas, instituciones del Estado y otras organizaciones que condicionan el ejercicio de los derechos colectivos.
La reforma constitucional y la agenda indígena campesina presente no son garantía para su cumplimiento, sino que normas institucionales van de la mano de los intereses económicos y políticos, en este caso, el control y orientación conservadora los determina la empresa FANCESA, y su interés por acaparar yacimientos de cal.
Sin embargo, a pesar del conservadurismo de las instituciones, los cambios legales y constitucionales han abierto un contexto en el que las naciones y pueblos indígenas empujan su agenda política y demandas. Al parecer todavía reeditan las “insurgencias indígenas” en la demanda de sus derechos y la propiedad de la tierra frente al estado colonial (Forres y Thomson, 2003), las organizaciones combinan creativamente sus esfuerzos entre las acciones de protesta (que hoy son menores) y la interpretación de la ley a su favor.
La debilidad o vacío jurídico normativo en el que se encuentra el Estado Plurinacional, abre un enorme campo para la acción política de las organizaciones, que asumen como estrategia, una economía política del derecho. La acción política, creatividad y análisis de las autoridades de Quila Quila Marka, son una muestra de esta apertura.
Carta a Evo Morales_demandas 2018-2019