El acceso a tierra dentro de la Parroquia San Rafael es limitado y las posibilidades de adquirir tierras en un contexto de concentración latifundista, hace casi inviable que las familias campesinas de la parroquia puedan adquirir tierra para el cultivo. Si bien el crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento a la Asociación de Productores Agropecuarios de San Rafael contaba con un año de gracia, esta consideración no se cumplió, el Presidente de la Asociación, explica:
“En la desesperación de tener un terreno no pensamos [en] lo que se nos iba a venir después. Es bonito cuando nos dijeron que ‘para la asociación les vamos a dar un crédito con dos años de gracia’. El año de gracia se convirtió en desgracia porque luego nos cobraron todos los intereses de ese año, ese año de gracia no nos cobraron pero el año siguiente nos cobraron el doble”.
Los productores tienen que lidiar con la deuda al BNF, para empezar a generar capital propio. Los miembros de la asociación, mencionan que entre las muchas dificultades que enfrentan, tienen un restringido uso del agua, que poco se regula en la Parroquia, y cuyo mayor acceso y tecnificación, corresponde a los mayores propietarios.
Esta organización agrícola no cuenta con ningún tipo de apoyo, ya sea de instituciones estatales o de organismos no gubernamentales. Según los entrevistados, la principal dificultad es la burocracia e ineficiencia, que entorpecen el acceso a los beneficios. Un acontecimiento que ejemplifica esta situación, fue un proyecto que la asociación intentaba promocionar, y cuyo objetivo apuntaba a comprar árboles frutales y de aguacate. Este proyecto nunca se concretó porque el sistema de compras públicas no funciona para los agricultores.[1] Todo procedimiento requiere de tramitación y no pueden hacerse acciones directas, no existe asesoramiento técnico de las instituciones, ni convenios estatales que les permita acceder a insumos o abonos a bajo costo. Puede verse que el Estado ecuatoriano no tiene una política que apoye o incentive la producción de la pequeña agricultura familiar, pues existen muchas asociaciones de pequeños productores, bancos comunitarios y otras iniciativas que no logran tener éxito, pues no se impulsan estos procesos.
Por otra parte, una de las principales dificultades que enfrenta esta asociación es la escasez de agua para riego, pues no existe una regulación de turnos de agua, que debe estar enfocada de acuerdo a la extensión de la tierra. La asociación recibe agua para 50 hectáreas, pero debe abastecer a un total de 110 hectáreas. A esto se suma el nuevo proceso de descentralización de competencias que deben ser asumidas por los gobiernos locales, que en el caso del acceso a recursos y servicios, significa que el manejo comunitario de agua pasa a ser administrado por los gobiernos provinciales. Este proceso implementado a nivel nacional, tiene efectos locales que muestra su gran ineficiencia.
[1] La viabilidad del proyecto dependía de la Unidad de Gestión del Programa del Buen Vivir Rural y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar para la ejecución del Proyecto “Diversificación de la Producción con la implementación de 30 hectáreas de frutales en los predios de la Asociación de Productores Agropecuarios San Rafael”, suscrito en 2008.