Una de las comunidades más afectadas por las dinámicas del conflicto armado han sido las comunidades afrodescendientes e indígenas, que fueron resquebrajadas sus procesos de organización comunitaria, su derecho a la autonomía y sus formas de vida, usos y costumbres. No obstante, la difícil situación socioeconómica y la confrontación armada han generado un aumento en el desplazamiento intraveredal2 e intermunicipal, haciéndose evidente la necesidad de la intervención del Estado desde una perspectiva integral y oportuna, que garantice procesos de desarrollo, garantías de no repetición y procesos de retorno con acompañamiento.
Como producto del desplazamiento forzado, las comunidades han perdido las fuentes de ingresos y medios de vida, afectando de manera drástica el acceso a productos de la canasta familiar y de pan coger.
Este es el contexto que han vivido las familias ubicadas en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé que, después de su condición de desplazamiento forzado, se vieron limitadas en recursos económicos para garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, lo cual agravó la situación humanitaria. La actividad económica principal en el territorio fue la minería artesanal, seguida de los cultivos de uso ilícito, la agricultura y la pesca, también fue limitado el acceso a tierras productivas, zonas de pesca y fuentes de empleo en el casco urbano. Por ello, se vio la necesidad de una articulación con las autoridades étnicas para lograr la identificación y construcción de propuestas que permitan la sostenibilidad familiar y el acceso a las fincas, zonas de generación de recursos agrícolas que está restringida por la presencia de grupos armados, lo cual limitó el suministro de alimentos, afectando principalmente a niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores (Equipo humanitario Colombia , 2017).
Este contexto fue el que encontró la población nativa de Iscuandé luego de su desplazamiento forzado en el año 2001. La mayoría de estos habitantes provenían de las zonas rurales del municipio y los municipios aledaños, enfrentaron todas las adversidades, pues no contaban con ayuda eficiente que permita mitigar esta situación.
Ante esta realidad, la comunidad afrodescendiente toma la decisión, en el año 2002, de retornar a sus territorios y hacer oposición colectiva a los grupos armados en sus comunidades. A partir de la exigencia de dos marcos de derechos que los cobija como población vulnerable; la ley 1448 de 2011 que es la ley de víctimas y restitución de tierras y la ley 70 de 1993 de los consejos comunitarios de negritudes; la primera para exigir las garantías de retorno y no repetición, y la segunda, como exigencia al derecho de la tierra colectiva y el reconocimiento de su condición étnica y cultural.
Desde las condiciones de retorno, la comunidad contó con el acompañamiento del Estado, que brindó las garantías de seguridad necesarias para volver a sus territorios, y desde la ley 70 de 1993, lograron en el año 2003 la titulación de su territorio como Consejo Comunitario para el Desarrollo Integral de las Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño (COPDICON). Dentro de esta titulación hacen parte otros municipios del departamento de Nariño como son El Charco, Policarpa y Cumbitara, bajo la resolución 000402 del año 2003, beneficiando así a 488 familias con la titulación de 136.265 hectáreas de tierra.
Uno de los logros de esta población, ha sido el reconocimiento desde la titulación colectiva de las comunidades negras, así lo manifiesta la líder comunitaria Marina Solís:
Esto ha sido una lucha por el reconocimiento de nuestra comunidad que tiene un gran valor ancestral y también el reclamo de nuestra tierra que es donde hemos hecho nuestras vidas, este proceso se da por parte de la restitución de tierras que viene por el lado del concejo comunitario de negritudes, que se dieron a la labor para darle el título colectivo a cada dueño que tenía su terreno, se le legalizaron todas las tierras, están legalizadas por esta figura y esto sucede después del retorno; de esa decisión firme que tuvimos de volver a nuestras tierras sin importar quien lo estaba impidiendo y esto nos dio la oportunidad de luchar por nuestros derechos y de estar de nuevo aquí, a pesar de las adversidades que son todavía presentes, pero con una diferencia y es que se nos ha reconocida nuestra condición afro (Marina Solís, 2021).
Posteriormente, los Consejos comunitarios de Negritudes de Santa Bárbara de Iscuandé se fueron organizando de acuerdo con las vocaciones y usos del suelo, manejo de los recursos naturales. y actividades entorno al rescate étnico y ancestral de la comunidad en el municipio, permitiendo tener una diversidad de actividades económicas que les permite la subsistencia y el cuidado del medio ambiente a partir de las actividades como la pesca, la agricultura, la minera artesanal, y actividades socioculturales. Los consejos conformados actualmente son:
? Consejo comunitario cuenca del Río Iscuandé
? Consejo Comunitario Unicosta
? Consejo Comunitario Esfuerzo pescador
? Consejo Comunitario Bajo Chanzará
? Consejo Comunitario Alto sequihonda
? Consejo Comunitario COCDICOC
Dentro de esta reconstrucción de la vida de las comunidades afrocolombianas de Iscuandé, la labor que se ha desarrollado a partir del rescate de la identidad cultural y de los saberes ancestrales, ha estado liderado por Marina Solís quien actualmente está a cargo del grupo de Cantadoras del Pacífico Raíces.
Raíces nace por la necesidad de convocar a niños, adolescentes y jóvenes a preservar la música y cantos de los ancestros afrodescendientes y como una forma pacífica de denunciar y luchar por el retorno y por el “nunca más” de la guerra y el despojo de su territorio, además de generar a través de los cantos ancestrales del pacifico un reconocimiento de una comunidad olvidada como la de Santa Barbara de Iscuandé. (Solís, 2021)
Otra de las organizaciones que lidera Marina Solís es “Mujeres emprendedoras de Santa Barbara de Iscuandé”, que buscan las estrategias de sustento para sus familias que, por las dificultades de orden público, después del retorno no tienen acceso a las zonas productivas de este territorio. Este grupo de mujeres de la zona urbana, que hacen parte de la mesa de mujeres del municipio, crearon el proyecto de “costureras” como una forma de generar ingresos ya que no se ha reconocido en el proceso del retorno, la vida en dignidad, en este caso desde el pan coger y la activación económica, vital para cualquier comunidad.
Las iniciativas de reconstrucción de la vida en comunidad después del retorno de Santa Barbará de Iscuandé son una muestra significativa de las múltiples formas de resiliencia, resistencia y esperanza que muestran a través del tejido social, la capacidad de transformar los territorios que han sido violentados y olvidados convirtiéndolos en lugares de paz, reconciliación, memoria e identidad. Santa Bárbara de Iscuandé es un municipio que ha resistido basándose en relaciones armoniosas como comunidad, luego de vivir el flagelo del conflicto armado y el desplazamiento masivo:
Nos relacionamos muy bien a pesar de nuestras diferencias, nuestra relación es buena, cuando digo diferencias no es que vivimos peleando, no, sino que cada uno tiene su forma de trabajo, yo trabajo en el magisterio, el que trabaja en la alcaldía, el que trabaja como obrero, sí, esas son a las diferencias a las que me refiero, pues nos va bien, porque todos, cómo somos un municipio pequeño todos nos conocemos, todos nos relacionamos, si me dolió, mi compañero lo sintió y así sucesivamente, entonces, yo creo que esas relaciones son muy buenas gracias a Dios (Solís, 2021).
La empatía es el principal ingrediente de las relaciones donde todos sienten lo del otro, no hay indiferencia al dolor o la alegría, eso es lo que ha permitido la resistencia, el retorno y la reconstrucción del tejido social en medio del dolor y las dificultades.
(...)