El uso y tenencia actual de la tierra en el departamento del Cauca está fuertemente relacionado con su pasado colonial, particularmente en Timbío, en razón a su cercanía a la ciudad de Popayán, importante centro político y económico del Virreinato de la Nueva Granada. En esta época, formas de explotación de la mano de obra indígena, negra y campesina como la Encomienda fueron utilizadas de manera generalizada, dando lugar a haciendas coloniales de enormes extensiones. Ésta estructura señorial sobre la tierra no fue desmantelada por la revolución de Independencia y por tanto la gran propiedad latifundista y las clases terratenientes permanecieron intactas en la época republicana.
La férrea estructura latifundista sobre la tierra que se imponía en el departamento del Cauca, y en general en las regiones más densamente pobladas del país, fue causante de numerosos conflictos sociales. Desde principios del siglo XX, los sectores políticos auténticamente liberales abogaron por reformas agrarias que disminuyeran la conflictividad por el acceso a la tierra y las hicieran productivas.
En 1961 se expidió una Ley de reforma agraria que impulsó a numerosos grupos de campesinos y campesinas sin tierra a tomarse tierras improductivas para que les fueran adjudicadas por el Estado. Así, durante el período presidencial de Lleras Restrepo (1966-1970), se dio lugar a una alianza con el campesinado que conformó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada por iniciativa estatal para movilizar la reforma agraria, pero que rápidamente se independizó de la tutela del Estado y de los partidos tradicionales, y se convirtió en un referente de organización campesina que tuvo importante influencia a nivel nacional, particularmente, en el departamento del Cauca.
Siguiendo el ejemplo, las diferentes veredas campesinas empezaron a organizar terrenos en el área rural de los municipios próximos a Popayán. Varias haciendas provenientes incluso de la época colonial como El Troje, fueron ocupadas por familias campesinas que entraban al predio, arreglaban el terreno y sembraban cultivos, proceso al que se le conocía como entrar a picar.
Como consecuencia de la creciente presión del movimiento campesino, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) -creado por la Ley de 1961- comenzó un proceso de compra de tierras para su adjudicación a las familias campesinas que estaban organizadas. De ahí que –como se anotó con antelación- las élites terratenientes hayan impulsado varias reformas legislativas con el objetivo de desdibujar el intento de reforma agraria y sustituir la concepción de re-distribución de la tierra inadecuadamente explotada, por la de comercialización de tierras, en donde el Estado busca ofertas de venta de grandes propietarios para iniciar procesos de compra.
Fue así como la familia Muñoz, aunque no pertenecía a la clase terrateniente sino a campesinos propietarios de medianas propiedades y con gran capacidad adquisitiva, ofreció en venta los predios de La María y Hato Frío para que fueran entregados a las familias que se encontraban luchando por la tierra.