La Finca La María-Hato Frío jurídicamente es de propiedad de las once familias campesinas desde diciembre de 1996, fecha en la que se celebró un contrato en el que el entonces INCORA -actualmente Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)- compró dos terrenos contiguos de propiedad de la familia Muñoz y en el mismo acto los adjudicó en el marco del programa de reforma agraria.
Vale mencionar que, de acuerdo a la legislación nacional, el entonces INCORA no asumía el 100% del valor de los predios, sino que los campesinos y campesinas pobres que resultaran beneficiarias debían asumir el 30% del valor del predio, situación conocida popularmente como el sistema “setenta-treinta”. Dado que en la mayoría de los casos la comunidad no contaba con recursos para la cancelación del valor de contado, se constituía una hipoteca sobre el inmueble a favor de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, entidad del Estado con la que las familias campesinas adquirían un crédito para cubrir el pago del 30% del valor restante.
Varias de las familias originalmente adjudicatarias, se vieron obligadas a abandonar el predio porque no pudieron seguir pagando el crédito ante la Caja Agraria y la organización campesina tampoco tenía los medios para apoyarlos. En esos casos, se buscaba una familia que tuviera los medios para continuar asumiendo su cuota parte de la deuda y se le adjudicaba la parcela correspondiente.
Sólo hasta el 2 de diciembre del año 2010 se canceló la totalidad del crédito adquirido con la Caja Agraria y levantó la hipoteca constituida como garantía sobre el predio La María-Hato Frío, es decir que las familias tardaron 14 años para cancelar una deuda inicial de $15’930.000 y, por cuenta de los intereses, al final fue cancelado un total de $76´202.000 (aproximadamente USD $ 8.000).