La aplicación del índice GINI que permite medir la desigualdad en la distribución de la propiedad sobre tierras rurales de destino agropecuario muestra que de los 26 municipios del departamento de Sucre, 15 presentan una cifra superior al 0.70 llegando en cinco casos a 0.83 (UPRA, 2017). Siendo 1 el mayor indicador de desigualdad, es claro que la naturaleza de la demanda de acceso progresivo a la propiedad de la tierra es alta en este departamento.
Así, el mapa de concentración en la tenencia de la tierra que inició con el proceso de despojo promovido por la élite criolla para facilitar la expansión de actividades de agricultura y ganadería hacia las tierras de resguardo, desde entonces no ha variado significativamente. La adhesión paulatina de los territorios indígenas al control del Estado-Nación, sin duda, afectó la ocupación continuada de esos terrenos por parte del pueblo Zenú. De este modo, Gutiérrez (2002) afirma:
“El Estado Republicano no podía erradicar de un golpe las arraigadas instituciones que heredaba del régimen colonial [por lo cual] optó por una serie de cambios graduales que condujeran a la desintegración progresiva de las comunidades indígenas, logrando de este modo su incorporación en la proyectada Nación”.
En particular, vale la pena resaltar la creación de la Sociedad de Obreros y Artesanos (fundada el 22 de abril de 1918) y la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer (fundada el 7 de febrero de 1919), organizaciones impulsadas por figuras como Vicente Adamo y Juana Julia Guzmán, quienes estarían detrás de la realización de una histórica asamblea de campesinos y obreros de la costa atlántica denominada “Asamblea Mixta Obrera del Litoral Atlántico”, llevada a cabo en Montería entre el 21 y el 27 de enero de 1921 (Fals, 2002).
Así, los procesos de toma impulsados en la región de los Montes de María han sido históricamente reconocidos como un punto de inicio de la lucha campesina porque, desde inicios del siglo XX, en estos municipios el campesinado se organizó para reivindicar su derecho a la tierra (PNUD, 2010).
Con posterioridad, la desmovilización de las guerrillas liberales produjo un aumento desaforado de la expansión del latifundio en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, pues durante la década del 60’ familias de terratenientes y de comerciantes se aprovecharon para despojar mediante maniobras fraudulentas, intimidaciones y engaños a indígenas y campesinos (Negrete, 2008).
En reacción, surgieron hacia finales de esa década grupos armados subversivos en la zona montañosa del Alto Sinú y sur de Bolívar como el Ejército Popular de Liberación (EPL). Paralelamente, se dio la consolidación de la lucha por la tierra en el movimiento social promovida, de una parte, por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), y de otra, por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) -que específicamente permitió transformar la organización de los pueblos indígenas- ambas organizaciones contribuyeron a definir acciones para tomar por la fuerza las haciendas improductivas (Velandia, 2003).
Fue así como en 1986, por iniciativa de la Asociación de Usuarios Campesinos municipal que lideraban: Aquiles Peluffo, Mario Vergara, Marcel Burgos, entre otros, decidieron tomarse la finca “Membrillal” de propiedad de Reyes Montes Pachecho, un ganadero terrateniente que explotaba a sus trabajadores, no les pagaba bien los jornales y se hacía ver con mal trato para el pueblo.
Esta acción de campesinos organizados trajo muchos incidentes, dado que el hermano del señor Pacheco, Oswaldo Montes Pacheco, era el Gobernador de Sucre y puso a la fuerza pública de Coloso a custodiar la finca y capturar a los líderes que impulsaban la toma. De tal manera, las actuales directivas de ASODESCO relatan cómo fue una lucha muy dura durante cinco años, en los que muchos campesinos cayeron presos siendo llevados a la cárcel La Vega de Sincelejo, acusado de los delitos de rebelión y daños en bien ajeno.
El 4 de enero de 1989, en medio de la celebración de las fiestas de los santos reyes que se celebran en Colosó, el propietario de la finca “Membrillal” fue asesinado por hombres armados en la plaza principal sobre la una de la tarde. Este hecho determinó la llegada de grupos paramilitares a la región y desató una ola de crímenes en contra de la población civil colosuana por más de 12 años.
No obstante, el proceso de toma siguió bajo la dirección de la ANUC, dado que los familiares de los Reyes Montes dieron el visto bueno para que los campesinos trabajaran esas tierras. Desde 1990, año en el cual entran a cultivar en la finca “Membrillal” se hace la solicitud formal al gobierno para su compra y posterior adjudicación a través al extinto Instituto de Reforma Agraria - INCORA.
Dicho proceso demoró 15 años, es decir, solo hasta el 2005 la autoridad de tierras hizo la respectiva adjudicación y titulación de predios a favor de 60 beneficiarios –a quienes corresponderían aproximadamente 2 hectáreas- y dejando una franja de otras 10 hectáreas como bosque de reserva. En total, les fueron tituladas 132 hectáreas del área comprendida en la finca “Membrillal”.
Aunque al campesinado solamente se le entregó la tierra, sin ningún tipo de subsidio o apoyo para proyectos productivos, la organización interna era fuerte y, desde entonces, la tierra se empezó a trabajar colectivamente durante casi una década. Se crearon dos comités campesinos: uno para la zona baja y otro para la zona alta. El primero, integrado por 31 familias y el segundo por 29 familias, hasta que se determinó la parcelación de 2 hectáreas para cada una, aunque las tierras colectivas permanecen con su vocación agraria.
En 2008, ya con sus títulos de propiedad, se decide dar origen a la Asociación para el Desarrollo Agropecuario y Sostenible de Colosó por iniciativa de Hernán Canchila, Francisco José Ochoa, William Herrera Peña y José Miguel Ochoa, quienes advirtieron la importancia de crear una organización para tener mejores oportunidades, dado que las familias campesinas no cuentan con mayor respaldo a sus actividades ni en el gobierno local, ni nacional.