En sus primeros años, la descentralización del sistema político y económico en Colombia fue recibida como la posibilidad de ‘acercar el Estado a las ciudadanas y a los ciudadanos’. Con el devenir del tiempo quedó comprobado que, en muchas partes, esto no resultó ser un instrumento democrático, sino que se convirtió en una vía efectiva para la fuerte arremetida del clientelismo como sistema político predominante en las comunidades más pequeñas y apartadas. Además, se convirtió en caldo de cultivo para que los grupos armados de distinta índole ejercieran suficiente influencia como para lograr colocar sus fichas en los entes gubernamentales de las distintas entidades territoriales, reforzando así su nivel de control territorial.
Esto es un claro ejemplo de lo que enfrentan los pobladores de Guáimaro actualmente, puesto que la relación entre las estructuras paramilitares y terratenientes y su infiltración en la administración gubernamental presentan el mayor obstáculo para definitivamente lograr un reconocimiento legal de la toma de tierra.
Así pues, mientras el proceso de adjudicación es investigado por la fiscalía, la comunidad sigue en el predio mediante ocupación de hecho, esperando una respuesta positiva que desafortunadamente tarda por todos los trámites burocráticos a los que es sometida una revisión de este tipo. De todas maneras, este tiempo es ganancia para la comunidad porque siguen acumulando trabajo que posteriormente deberá ser reconocido y de no resolverse la situación mediante las figuras establecidas para tal fin, el vencimiento de términos acaba beneficiando a la comunidad.
Es importante destacar que dentro de las demandas, la comunidad solicita que, una vez se dé pasó a la nueva adjudicación, la titulación se haga de manera colectiva y sin parcelar. Esto como una estrategia para mantenerse en la tierra, pues son conscientes de que existen condiciones adversas que a veces llevan al campesino a vender su tierra y ven la fragmentación como una manera de debilitar su apuesta por el control territorial.