Las tierras que los comuneros de Ayapata sostienen les pertenecen desde hace decenios de años, tuvieron una carencia de legalidad y condiciones de despojos y negociación que marcan la vida de la comunidad en los últimos 60 años.
Los problemas arrancan en la mitad del siglo XX, debido a que estas tierras fueron cedidas por los comuneros a un ciudadano colombiano, que se comprometió a invertir en la zona, y entregarles trabajo durante 15 años. La promesa fue que a cambio de inversión y trabajo, se les devolvería la titularidad sobre las tierras al tiempo que se habría impulsado el desarrollo en la zona.
Sin embargo, contrario a lo que los comuneros imaginaron, esas tierras no fueron devueltas a sus propietarios originarios, sino que fueron vendidas a una ciudadana extranjera de nombre Hilda Bilbao, pero sin escrituras. Afirman los comuneros que ella llegó a esa zona en 1980 y permaneció hasta 1990, sin embargo, tras su muerte quien asumió la titularidad de la propiedad en aquella época fue Armando LLori, ex capataz de la señora Bilbao, quien realiza los trámites para obtener la titularidad de las tierras, y que en 1995 las vende a la Fundación Hakuna Matata.
Según relatan los comuneros, el propietario de la Fundación Hakuna Matata, desde que llegó a la zona, ha aplicado la estrategia de acordonar de forma ilegal unas tierras que no le pertenecen. Para hacerlo, la Fundación se valió de personas ajenas a la zona que cuidaban los linderos de su “propiedad”. Por lo que el representante se apropió en un momento de la vía y más tarde del río Inchililachi, afirmando que él era el dueño, impidiendo durante algún tiempo que la gente se bañe y pesque. A este espacio solía llegar con estas personas ajenas y con un revolver a amedrentar, hace aproximadamente 20 años.
De acuerdo a lo señalado por los comuneros, los conflictos con la Fundación Hakuna Matata han desaparecido en los últimos años. Sin embargo los miembros de la comunidad están interesados en recuperar las tierras que hoy le pertenecen a la fundación, por lo que se encuentran analizando las estrategias y recursos legales pertinentes que les permitan recobrar la posesión sobre las 150 hectáreas que hoy administra Hakuna Matata.