Durante el periodo 1996-2000 se ha planteado la demanda de las 500 hectáreas por familia, la propuesta fue plasmada en un documento que se denominó ‘Estudio de Necesidades Espaciales; superficie mínima de hectáreas de tierra que requiere una familia campesina para su desarrollo socioeconómico en la región amazónica del departamento de Pando y provincia Vaca Diez del Beni’, fue el mayor logro de la organización de campesinos de la Amazonía boliviana. Para lograr el ingreso requerido cada familia necesita tener 50 hectáreas para la producción agrícola y pecuaria (crianza de animales menores) y 450 hectáreas para el aprovechamiento forestal, no maderable y maderable, lo que hace un total de 50 hectáreas, esta estrategia ha generado repercusión y mayor fortaleza en la demanda de la tierra. Mientras tanto otros grupos, pueblos y organizaciones consiguieron plantear ante el Gobierno la modificación del Reglamento para la aplicación de la Ley INRA, que desfavorecía a las comunidades; la determinación del área de saneamiento simple de oficio de Pando, Vaca Diez, Ixiamas, Santa Cruz, Beni, y el Chaco Tarijeño y la aceleración la titulación; consecuentemente la abrogación del Decreto Barraquero 25532; la suspensión de otorgamiento de concesiones mineras en TCOs; la flexibilización de los reglamentos de desmonte y quemas controladas para las comunidades y, finalmente, la creación de un fondo de reactivación productiva y manejo de recursos naturales.
“el 2008 nos llega por fin el título colectivo con una superficie de 49.656,92 hectáreas, en aquel tiempo estaba como dirigente Don Mario Francisco Cartagena y doña Rosa Quette era Ejecutivo de la Federación de Campesinos Regional Vaca Diez, hoy gracias a Dios tenemos un territorio consolidado, eso quedará para nuestros hijos que también tienen derechos de disfrutar del bosque de la Amazonía y sus potencialidades” (Mario Francisco Cartagena).
La experiencia del saneamiento de tierras
Cabe mencionar que el rol de los promotores jurídicos formados y capacitados por las instituciones de apoyo (Vicariato Apostólico de Pando, CIPCA, CEJIS, CEDLA, SNV, IPHAE, OCMA) asumieron la responsabilidad de acompañar el proceso de la demanda de la tierra en el norte amazónico, el apoyo consistió desde asesoramiento, logística e incluso gestiones con el INRA, las organizaciones matrices a nivel regional y nacional. En aquel entonces la comunidad de Santa María tenía 12 delegados capacitados para las pericias de campo; José Chinari, Eduardo Chono, Carmelo Quette, Fermín Quette, Gabriel Huari, Nicolás Amutari, Eduardo Yanana, Santos Nico, Pablo Quette, Edita Guari, Joaquín Queteguari y Alfredo Huari.
Mojón conocido con el nombre “el simpático” 2003 (Foto CIPCA, 2003)
“Yo entré como delegada de la comunidad por casualidad, fue que un día el ingeniero del INRA dijo que las personas que tengan sus documentos al día van firmar a nombre de la comunidad. Casualmente yo tenía todos mis documentos y los otros delegados no habían llevado nada, de esa manera fue que a mí me pusieron como delegada suplente. En ese instante, todos conversaron y todos quedaron de acuerdo, y la comunidad quedó de acuerdo porque los otros compañeros no podían cumplir con su trabajo” (Roxana Lera, citado por Taboada et al 2003).
“El trabajo con las brigadas de campo era muy importante, siempre teníamos que hacer que salga bien. Hemos trabajado mucho tiempo para ver cómo lo íbamos a hacer y cómo lo íbamos a empezar, para valorar a los dirigentes, ellos han sido los primeros. Nosotros como bases lo que hacemos es obedecer sus órdenes y también ver la colaboración de ellos, porque a veces en la comunidad ustedes saben muy bien que el asunto económico es lo que nos falla, pero en este caso de los trabajos siempre nosotros con nuestros productos que tenemos nomás siempre satisfacemos toda nuestra necesidad” (Francisco Cuadiay Tirina).
Actualmente, los problemas en las comunidades se refieren principalmente a la extracción de recursos del bosque de terceras personas sin consentimiento de la comunidad. Esto sucede con la castaña, majo, asaí, madera, puesto que los deslindes o linderos de la comunidad no se han concluido, por otro lado existe mayor presión hacia el bosque debido a la creciente población en la ciudad de Riberalta y el resto de las comunidades.
Existen normas internas en la comunidad como el Estatuto y Reglamento que se cumplen a cabalidad, pero no sucede lo mismo con otras personas ajenas a la comunidad. Ante esta situación en cada reunión se designan personas para que realice vigilancia temporal de los linderos de la comunidad, las mismas que es rotativo a nivel de las familias de la comunidad.