Historia de una reforma agraria construida desde abajo
Los territorios costeros se han caracterizado por el dominio político, ideológico y económico impuesto por las oligarquías locales. Las familias propietarias de grandes haciendas y plantaciones de cacao y banano, se convertían en las autoridades públicas que legitimaban su poder en los territorios.
A finales de la década de 1990, Ecuador entra en una de sus mayores crisis económicas y políticas. Con una economía quebrada y un sistema de partidos obsoleto. La derecha neoliberal empuja al país a un feriado bancario, a la quiebra de varias instituciones financieras privadas y adopta como moneda nacional al dólar norteamericano. Para el año 2000, el país estaba dolarizado y el salvataje bancario emprendido por el Estado para favorecer al capital financiero especulativo, dejó un alto nivel inflacionario y mantuvo los salarios por el suelo.
Muchos de los depósitos de los cuenta ahorristas no fueron devueltos tras el feriado bancario y la quiebra del sistema financiero. El país entra en convulsión social y es derrocado el presidente de ese momento, Jamil Mahuad, ejecutor de todas estas medidas. La nueva componenda en el poder sigue con los privilegios al sector financiero y crean la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), la cual debía garantizar la devolución de los depósitos a través de la confiscación de las propiedades y capitales de aquellos propietarios de los bancos quebrados.
La operatividad de la AGD fue extremadamente burocrática, ante la confiscación pública se anteponían medidas cautelares privadas para que no se ejecute la venta de esos activos. Sin embargo el proceso avanzó, varios fueron los activos confiscados sobre todo en la costa ecuatoriana: edificios, vehículos, infraestructura productiva, haciendas, plantaciones y casas de hacienda eran objeto de intervención pública sin opción para ejecutar la venta.
En el caso de las haciendas y plantaciones confiscadas por la AGD, cuando el propietario del bien dejaba la administración, aquellos campesinos que vivían dentro de la hacienda, quienes arrendaban predios y quienes trabajan en ésta quedaban en un limbo jurídico y laboral, pues las producción seguía su curso, los procesos de cultivo y cosecha no podía parar, sin embargo, a los trabajadores ya nadie les pagaba.
La AGD no era el brazo ejecutor de administración para la producción, sino de incautación y “pronta” venta de activos, por lo que no daba respuestas a las demandas campesinas. Por su parte, los vivientes de las haciendas, quienes arrendaban y los trabajadores decidirían quedarse dentro de los predios y luchar por la posesión de esos terrenos productivos, ahora en propiedad del Estado. La Hacienda “La Leopoldina” en el cantón Colimes de la provincia del Guayas, es un claro ejemplo de los sucedido entre la AGD, ex propietarios, campesinos, arrendatarios y trabajadores del predio.
Como advertíamos, la nueva componenda en el poder al mando del militar retirado Lucio Gutiérrez presidente del Ecuador entre el 2003 y el 2005, pagó deudas de campaña y favores a sus amistades, a través de algunos activos incautados por la AGD. Entre 2003 y 2004 entrega la hacienda La Leopoldina a otro militar[1] retirado, sin reconocer los derechos de aquellos campesinos que se quedaron produciendo la tierra de ese predio.
Las acciones inmediatas del nuevo propietario fueron cercar la hacienda y sus vías de acceso, despedir sin indemnización a trabajadores y expulsar vivientes. El nuevo administrador trajo consigo nuevos vivientes y trabajadores, eran población migrante de zonas costeras como Babahoyo, Vinces y Daule, les entregó armas para custodiar el predio y amenazaban a todo aquel que intente ingresar a la hacienda.
Este hecho indignó a la población del municipio de Colimes, varios fueron los esfuerzos de los pobladores que exigían trabajo y vivienda en estas tierras, sin embargo, el “nuevo” propietario se oponía a que la gente del cantón vuelva a ocupar la hacienda. Tras varias reuniones entre los pobladores, asociaciones de productores y la asociación de ganaderos enfrentan y expulsan al capitán propietario de la hacienda.
“Será una marcha grande, gigante, guaridas de seguridad y gente armada de la hacienda al observar la cantidad de gente que iba en su contra, huyen del lugar dejando pistolas y carabinas en el suelo. Se fueron asustados”. (Félix Villamar; Colimes 3/03/2016)
Todo esto sucedió en abril del año 2004, a partir de esta fecha alguna gente de Colimes, sobre todo ex trabajadores y vivientes de la Hacienda La Leopoldina, se organizan con la necesidad de administrar el predio que ha sido recuperado. Se declaran en posesión y se nombran responsables y crean una directiva provisional. Los mandatos de esta directiva eran sostener la producción de la hacienda y a sus vivientes, además de realizar los trámites administrativos y jurídicos para legalizar la organización.
¿Cómo hicieron su reforma agraria campesina?
Un 25 de noviembre de 2005, la directiva provisional logra el reconocimiento jurídico de la Asociación de Montubios Autónomos de Colimes (ASOMAC), señalando que está compuesta por 108 socios y socias, que cultivan arroz, maíz, cacao, entre otros, sobre el predio de la Hacienda La Leopoldina, hipotecado en la crisis bancaria a Banco Unión, por el anterior propietario. El predio consta de un área total de 735 hectáreas aproximadamente.
Una vez legalizada la directiva y auto declarados posesionarios del predio, ASOMAC entra en un proceso interno de Reforma Agraria campesina y montubia. Uno de los primeros pasos fue trabajar el campo por grupos, un número importante fueron los productores de arroz, y otros menores fueron los cacaoteros y maiceros. Esto trajo algunos inconvenientes en cuanto a la libertad de decidir lo que quiere cultivar cada familia, pero sobre todo en la comercialización, cuando el precio del cacao estaba elevado algunos productores tenían mayores ingresos que los arroceros, esto causaba algunas molestias.
Entonces, en el 2007 se planificó un nuevo proceso de la Reforma Agraria Campesina y Montubia, que consistía en dar en usufructo parcelas de tierra a cada familia, no era un proceso de lotización sino de uso libre del suelo por cada familia, pero esto siempre estuvo apoyado por las directivas correspondientes.
El proceso de entrada a los predios estuvo marcado por criterios de solidaridad y apoyo a las organizaciones en estos años de lucha por parte de los asociados. Los criterios fueron el nivel de participación en mingas, marchas, reuniones, campañas; vivir dentro del predio; aportes económicos. Esto determinó una clasificación de familias en tipos A, B y C.
Los de tipo A eran quienes tenían mayor participación, no habían faltado a ninguna de las reuniones, habían vivido dentro del predio y sus aportes económicos eran importantes. Los de tipo B y C, cumplían las mismas características pero en menos cantidad. Todo esto se sostuvo en documentos, listas, fotografías y actas de asamblea. Al tipo A, se le entrego 5 ha en usufructo; tipo B, 3 ha; y al tipo C, 2 ha. Estos criterios fueron aceptados en el marco de la justicia e igualdad de derechos que asigna la lucha por la tierra y el territorio.
Una vez asignados los terrenos, se construye la planificación agropecuaria de ASOMAC, que consiste en la determinación individual de producir el cultivo que deseen las familias, por ejemplo, quienes estaban en zonas bajas, producen arroz y gestionan sus propias formas productivas. Sin embargo, el objetivo de esta individualización de la producción se asentaba en principios de solidaridad y respeto al vecino y al medio ambiente. Practicaban el intercambio de semillas de arroz, se hacían procesos de recuperación de semillas criollas, se acopiaba la producción y se comercializaba de mejor manera.
A pesar de estos esfuerzos, las carencias en capital de inversión y fomento a la producción, la inexistencia de créditos y de asistencia productiva, hacen que dichas estrategias de solidaridad vayan atenuando, debido al nivel de auto subsistencia de los productores, pues cada quien buscaba sus formas de producir y vender. De todas maneras, la propiedad de la tierra y su carácter asociativo no estuvo en riesgo.
ASOMAC tenía dos tareas pendientes, el reconocimiento de la posesión e iniciar el camino a la titularización de las tierras de la hacienda La Leopoldina, ocupada desde 2004. Con la última asignación de predios a cada familia, en 2007 la ASOMAC emprende el camino por la institucionalidad burocrática en busca de garantías de posesión para no ser desalojados. Esta fue su primera tarea durante el 2008.
Iniciado este proceso, ASOMAC se entera que la hacienda había salido ese mismo año (2008) a remate – venta “pública directa”–, de la que ellos no habían estado enterados. El remate se convertía en una amenaza para su relativa estabilidad desde el 2004. Las medidas tomadas por ASOMAC son de repliegue: cierran las puertas y todos los ingresos al predio y se oponen a que entren los fiscalizadores, los rematadores y los posibles compradores.
Este acontecimiento se convierte en una oportunidad para que los socios de ASOMAC, se planteen la compra del predio como forma de legalización de las tierras. En esas fechas, su costo era de 820 mil dólares. Sin embargo, en manos aún de la AGD la compra de la hacienda favorecía más a los sectores empresariales que se interesaban en la lotización para urbanización, entre otros intereses. Entonces, la asociación emprende una nueva estrategia para que la hacienda pase a manos del Ministerio de Agricultura (MAGAP). Esto les garantizaba que el destino final del predio sea –por lo menos– la producción agropecuaria.
En medio de este proceso, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) adscrito al MAGAP, en el marco del Plan Hacienda, otorga el 22 de mayo del 2009 –en presencia de varios funcionarios públicos y asesores presidenciales–, las Garantías de Posesión de tierras a ASOMAC. Todo esto se hace en un acto público en la ciudad de Vinces. La primera meta estaba cumplida y de la mano de los restos de aquella institucionalidad neoliberal que aún quedaba. El documento de garantía les asignaba seguridad en el derecho de posesión sobre 675 ha.
Ya con la garantía de posesión, continúan una serie de marchas y concentraciones: hombres, mujeres y niños se manifestaban frente a las oficinas públicas del MAGAP, y a su lucha se solidarizaban organizaciones como Tierra y Vida, de la cual hoy forman parte. La presión rinde sus frutos y para el 2011, el Estado declara a este predio en utilidad pública, con el fin de cumplir con los programas de redistribución de tierras.
El MAGAP encargado de la ejecución del Plan Hacienda, determina que los beneficiarios de las políticas redistributivas de tierra, deben ser organizaciones debidamente calificadas y que tengan más de 5 años de constitución. Una vez que ASOMAC obtuvo en 2009 las garantías de posesión, deciden continuar con el proceso de legalización de las tierras, y es en este momento que miran como estrategia ingresar al Plan Hacienda.
[1] Los campesinos que relatan este hecho prefirieron no dar el nombre del capitán por temor a posibles represalias.