¿Por qué ingresaron al Plan Tierras?
Mientras ASOMAC avanza en acuerdos con el MAGAP para legalizar su situación, unos meses después, el 28 de octubre de 2009, se realiza el lanzamiento, en la misma hacienda La Leopoldina, del Plan Tierras, política pública de democratización de los medios de producción. Bajo el slogan “la tierra es para todos”, el gobierno nacional anuncia que pagará la deuda histórica del Estado con los sectores campesinos. Uno de los primeros cambios fue cerrar el INDA, institución que entregó meses atrás las garantías de posesión, remplazada por la Subsecretaria de tierras.
El lanzamiento del programa de acceso a la tierra, resulta el acontecimiento que reaviva las pugnas que el INDA nunca pudo resolver. Familias campesinas y ex trabajadores se declaran posesionarios de las tierras y reclaman el derecho de propiedad sobre la mencionada hacienda. La puesta en marcha del Plan Tierras provocó, además, la creación inmediata de asociaciones que se ponían a la fila para ser beneficiarias y adjudicatarias de tierras de propiedad estatal. Estas tierras en muchos municipios, sostenían disputas internas, por lo que se reactivaron una serie de conflictos y confrontaciones entre campesinos desde el 2009.
El mandato del nuevo régimen estaba claro en cuanto a la “democratización de la tierra”. La ejecución de ésta se asentaba en tres pilares: a) la política era la entrega de tierras; b) el imperativo moral era eliminar la pobreza; c) su principio ideológico era la equidad. Sin embargo, la realidad en el campo no es estática: existían conflictos previos, garantías de posesión; tierras incautadas en litigios con privados; gente organizada y declarada posesionaria y gente no organizada que migró con la esperanza de ser beneficiaria de tierras; nuevas organizaciones aparecen donde nunca estuvieron; traficantes de tierras vendieron esperanzas.
Muchos de estos problemas debían ser resueltos en los territorios, y la nueva institucionalidad pública, la Subsecretaria de tierras, no encontró mejor mecanismo para resolverlos que la aplicación del “autoritarismo burocrático” en la asignación. Desconociendo todos los acuerdos a los que llegó el INDA con las partes, anulando procesos organizativos y exigiendo su reinscripción, aplicando una lógica de “justicia” que no comprendía las disputas y forzaba la realidad al cumplimiento de las metas.
Y el Plan Tierras ¿Está a favor o en contra de los campesinos?
La intención de ASOMAC nunca fue ingresar al Plan Tierras, en aquellos años tenían un solo objetivo: que aquellas garantías de posesión entregadas por el INDA le permitieran legalizar sus tierras y poner fin a su incertidumbre. Es en ese camino que apareció el Plan tierras y absorbe todos los predios en propiedad estatal y obliga a que los posesionarios de tierras estatales entren al programa[1].
Pero, su ingreso les trajo más que un simple disgusto, provocó un desalojo de sus tierras amparadas en las garantías de posesión. Su ingreso al plan no aportó a los objetivos trazados sino que los obligó a retroceder. Lo que tenían que afrontar era una mezcla de política clientelar, plataforma electoral y necesidades de gente sin tierra; factores que provocan una regresión de derechos. Las 675 Ha entregadas en garantía, se empezaron a desmembrar.
Para ser beneficiario del Plan Tierras, el Estado exigía, que se promueva la asociatividad no sólo para el acceso a la tierra, sino para la producción y comercialización, pues el plan, también venía equipado con una serie de apoyos financieros, asistencia técnica, programas de comercialización, acceso tecnológico, riego, entre otros ofrecimientos.
“Este programa del plan tierras venía acompañado por un sinnúmero de cosas, como cuando uno está enamorado le ofrecen el oro y el moro, pero la culpa no es de quien ofrece sino de quien lo cree” (Félix Villamar; Colimes 3/03/2016).
El primer problema que afrontó ASOMAC, fue la asociatividad. Pues dos años atrás, en asamblea se había decidido que tanto la producción como la comercialización se realicen de forma individual. Además, esto representaba la posibilidad real, para que cada familia socia tenga la libertad de generar sus propios medios económicos y aportar en la consolidación de la organización, a través del pago de cuotas. Lo que les permitía garantizar la igualdad en los aportes que se entregaban a la directiva de la asociación para su funcionamiento.
Tal imposición de la asociatividad se desvanecerá con facilidad debido a los límites e ineficiencia del aparato burocrático, encargado de ejecutar los otros beneficios ofrecidos. Así el plan se transforma, únicamente en la venta de la tierra.
EL MAGAP se encarga de La Leopoldina inmediatamente declarándola en utilidad pública en septiembre de 2011. En medio de las presiones de otras asociaciones de campesinos para ser beneficiarios de una parte del predio, la subsecretaria de tierras desconoce las garantías de posesión que tiene ASOMAC desde el 2009, sobre las 675 Ha y decide hacer una nueva adjudicación y reparto de la hacienda.
Es así, que en febrero de 2012, el Plan Tierras adjudica a la Asociación La Lagartera[2], 195, 5242 Ha de las cuales, 150 Ha estaban habitadas y trabajadas por 44 socios de ASOMAC y donde había cultivos, viviendas, pozos, inversiones e infraestructura. Finalmente, ASOMAC será adjudicada solo 325,32 Ha de las 675 Ha dadas en garantía de posesión. Frente a este acontecimiento, los socios se resisten ante las autoridades públicas, recibiendo de estos amedrentamientos: “o lo tomas o lo dejas, sino ceden serán desalojados” (entrevistas MM).
El último desalojo
La adjudicación de los terrenos para La Lagartera se hizo sobre predios habitados y trabajados por ASOMAC desde el 2004, las 44 familias afectadas junto con los demás socios deciden resistir y no abandonar sus viviendas y cultivos. Frente a esto se han notificado, hasta junio de 2014, cuatro intentos de desalojo, los cuales a través de apelaciones, amparos legales y recursos extraordinarios se logran detener.
En noviembre de 2015 aumentaron los rumores de una nueva orden de desalojo, se rumoraba que ésta había sido despachada en el mes de septiembre y que era inminente la expulsión. ASOMAC decide, nuevamente acudir a la subsecretaria de tierras para que le informen sobre la notificación. En la dependencia pública les comunicarán que no existe tal orden de desalojo y que deben estar tranquilos.
El 11 de diciembre de 2015 entre las 8h30 y 9h00 de la mañana, sin notificación previa, las 44 familias fueron desalojadas de las 150 Ha, adjudicadas a La Lagartera. Un centenar de uniformados de la fuerza pública, tres comisarios de policía, funcionarios del MAGAP y los socios de la Asociación La Lagartera destruyen casas y cultivos.
Dejando sus cultivos, viviendas, sistemas de riego mecanizado e infraestructura, las 44 familias son expulsadas del predio. Lo paradójico de este acontecimiento es, que la nueva directora de la subsecretaria de tierras entrega un certificado a ASOMAC, un día después del desalojo, que menciona que la asociación nunca fue notificada.
[1] Esta entrada o calificación de socios, estaba determinada por la resolución administrativa # 002 que la Subsecretaria de tierras emitió.
[2] Al decir de los socios de ASOMAC, la Asociación La Lagartera, recién fue constituida y aprobada por el MIES el 21 de noviembre de 2011, por lo que no puede ser beneficiaria del Plan Tierras.