Antes de 1952, la tenencia de la tierra y su explotación se basó en un sistema productivo terrateniente (gamonales y patrones) y con la ley de reforma agraria de 1953, se hizo la repartición de la tierra aplicando el principio de “la tierra es de quien la trabaja”. Organizados bajo una lógica sindical, desde la década de los setenta se aglutinan en torno a Sub Centrales Campesinas y Federaciones, para tener una representación orgánica como sector productivo.
En la década de los ochenta, se regaban los terrenos con agua de los ríos por medio de acequias, pero se abandonó esta práctica por la transformación del régimen de lluvias. La problemática del acceso a riego, generó la demanda de construir una represa y sistema de riego (Proyecto Múltiple San Jacinto), que con su implementación habilita nuevos terrenos, pero también origina un cambio significativo en la producción agrícola, abre la posibilidad a la compra-venta de tierra y modifica la calidad de vida de comunarios que viven en las 1.500 hectáreas que riega el proyecto.
Junto a este fenómeno, comienza la expansión del cultivo de la vid, generándose toda una cadena productiva orientada al vino y al singani. Surgen agroindustrias que procesan la uva y le dan un valor agregado reconocido a nivel internacional como “vinos de altura”.
Ante esta dinámica y en el contexto de las décadas mencionadas, las comunidades campesinas generaron una lógica de planificación de la tierra en zonas cercanas a la ciudad. La población fue concentrándose alrededor del pueblito rural, lugar donde la tierra con mejores aptitudes productivas era también espacio para asentamientos de familias campesinas. Estas concentraciones se caracterizaban por reunir lotes agrícolas de 50 x 200 metros por familia y además, lotes familiares de 50 x 50 metros, en sectores más cercanos a la plaza, escuela e iglesia, mostrando una planificación de uso y aprovechamiento rural con una lógica comunitaria y periurbana.
Esta forma de planificación es parte de la historia de la comunidad de San Antonio de La Cabaña, pues se llegaron a hacer acuerdos de asentamiento y propiedad en torno al Pueblito Rural, pero al construirse la represa de San Jacinto y su sistema de riego, surge una primera etapa de mercantilización de la tierra. Comienza un proceso de acaparamiento y repartición de la tierra de forma no consensuada, y se llega a dejar sin tierra de cultivo a familias que sólo resguardaron el espacio de vivienda, se venden tierras comunales y se provoca una conflictividad interfamiliar al interior de la comunidad.
Algunas familias que lograron vender tierras, vieron mejores opciones de inversión en la ciudad de Tarija, donde accedieron a propiedades inmuebles y camiones, modificando su forma de vida campesina y asumiendo oficios en el transporte y comercio. Otras familias afectadas por avasallamientos, perdieron sus terrenos de buena aptitud y acceso a riego, y no tuvieron otra opción que asentarse en zonas de pastoreo comunal.
El proyecto San Jacinto al realizar su diseño e implementación, no contempló los factores de riesgo socioeconómico que tendría sobre las comunidades campesinas. Y al sólo plantearse la dotación del servicio de agua, benefició indiferentemente a agroindustrias y a comunidades campesinas que al aumentar el valor de sus tierras, pero no de su capacidad productiva, han sido envueltas por una dinámica mercantil de compra y venta, que vulnerabiliza sus derechos al acceso a la tierra.